La estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Guatemala después de la implementación del estado de sitio tras los hechos de violencia desatados por la toma simultanea de tres centros carcelarios, ha producido una caída del 50 % en los homicidios y del 33 % en los casos de extorsión, de acuerdo con cifras divulgadas oficialmente y atribuidas a acciones como requisas en cárceles y operativos conjuntos entre fuerzas de seguridad y militares.
Estas políticas, coordinadas entre el Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala, persiguen como objetivo central el restablecimiento del control estatal sobre las cárceles y la asfixia de redes criminales que operaban desde el interior, informaron los funcionarios junto al presidente de la República, Bernardo Arévalo, esta mañana en conferencia de prensa.
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En el periodo comprendido entre el 18 de enero y el 22 de febrero de 2024, las autoridades realizaron requisas en los principales centros penitenciarios, incluyendo Pavón, Cantel e Izabal. Los allanamientos arrojaron como resultado la incautación de casi cinco toneladas de cocaína, valoradas en 669 millones de quetzales, según detalló el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda en LaRondaGT. Las requisas permitieron además confiscar diez armas de fuego, 346 cartuchos, 25 tolvas, 156 celulares, 27 chips, 12 cables USB, siete cargadores, cuatro routers, 98 envoltorios de cocaína, 1.000 recipientes plásticos para narcomenudeo, seis botellas de licor y ochenta latas de cerveza.
El ministro Villeda destacó que, a partir de estos operativos, se desmantelaron “call centers” utilizados para extorsión, como el localizado en la cárcel de Izabal, donde se incautaron 114 teléfonos. Entre el 17 y el 24 de febrero, durante la vigencia del estado de prevención, se realizaron 166 allanamientos, se capturó a 16 extorsionistas y se decomisaron 88 teléfonos móviles empleados en delitos relacionados.
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Las operaciones no se restringieron a los recintos penitenciarios. Villeda informó sobre la detención de 1.092 personas en ese periodo —de ellas, 796 en flagrancia—, así como el decomiso de 249 vehículos y 918 motocicletas relacionados con irregularidades o antecedentes de robo. En el combate a las organizaciones criminales, fueron localizados 98 pandilleros y 14 prófugos de la justicia internacional durante lo que va de 2024.
Estado recupera control en cárceles; los operativos se extienden a zonas urbanas y periurbanas
El presidente Bernardo Arévalo subrayó que, durante décadas, las cárceles guatemaltecas ofrecieron un terreno favorable a operaciones ilícitas y que el corte del flujo de objetos prohibidos constituye un eje prioritario de la política estatal. Arévalo aseguró a la prensa: “La eliminación de condiciones que facilitan actividades ilícitas es misión de este gobierno y el control penitenciario, una prioridad para la seguridad nacional”.
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El operativo en módulos se realiza de forma progresiva, dado el tamaño de instalaciones como Pavón, que cuenta con 24 módulos, y la falta de intervenciones previas en otras, como Cantel. Villeda aclaró: “Vamos módulo por módulo. No se puede hacer una requisa general dado el tamaño de las cárceles, pero avanzamos sistemáticamente y cualquier hallazgo se reporta inmediatamente”.
El combate al narcotráfico incluyó la identificación y desmantelamiento de un laboratorio de extracción de pasta base en Izabal y la destrucción de 44 cámaras de videovigilancia ilegal instaladas por redes criminales en diferentes colonias del país.
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Quince meses sin vuelos ilegales
El titular de Defensa, Henry Sáenz, informó que Guatemala acumula 15 meses consecutivos sin registrar vuelos ilícitos de aeronaves en su espacio aéreo, un viraje significativo frente a los 73 vuelos ilegales anuales que se detectaban anteriormente. Este cambio se relaciona directamente con la Operación Cinturón de Fuego, lanzada el 15 de enero de 2024, que intensificó controles en la frontera con México y multiplicó la vigilancia en respuesta a sucesos violentos en el país vecino.
El ministro Sáenz expuso que la iniciativa involucra patrullajes interinstitucionales y puestos de control estratégicos, con el objetivo de impedir la circulación y coordinación de organizaciones delictivas transnacionales. Sobre la tarea de sus fuerzas, Sáenz remarcó: “Nuestro personal ha actuado y seguirá actuando con profesionalismo y apego al derecho internacional, garantizando la protección del territorio nacional y el respeto entre Estados”.
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Según Arévalo, el objetivo final es consolidar la presencia estatal para evitar la existencia de “áreas liberadas” y asegurar que “el ciudadano pueda confiar en las autoridades para que pueda llevar a cabo su vida diaria de manera tranquila, confiando en que nosotros le podemos brindar una seguridad sin limitarle sus derechos constitucionales y sus garantías procesales”.
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