APM Terminals confirma reorganización del puerto en Panamá: Balboa retoma recepción de exportaciones pero aplaza despacho de importaciones

Panamá atraviesa una nueva fase en la operación de sus principales terminales portuarias tras la toma de control de Balboa y Cristóbal, un proceso que ha generado ajustes operativos, reacciones internacionales y decisiones administrativas con impacto directo en la logística del país.

La comunicación más reciente de APM Terminals confirma que el puerto del Pacífico se encuentra en etapa de estabilización, con restricciones temporales en la entrega de contenedores importados y un plan de capacitación del personal asociado a cambios en los procedimientos de operación.

Según el comunicado, la terminal avanza conforme a un cronograma diseñado para mantener la continuidad del servicio con el menor impacto posible.

Entre los puntos destacados, APM Terminals reportó la reanudación de la recepción por garita de contenedores de exportación y de contenedores vacíos, mientras que la entrega de mercancía importada se mantiene suspendida por el momento, como parte de la transición operativa.

Para importadores y agentes de carga, este detalle es relevante porque modifica, aunque sea de forma temporal, el flujo de retiro de mercancías.

La empresa también informó que los contenedores refrigerados con carga perecedera se mantienen conectados a energía y bajo monitoreo permanente, una medida orientada a evitar afectaciones a la cadena de frío y a reducir riesgos comerciales para los clientes.

Exportadores consultados comentaron que por la terminal de Balboa se despacha el mayor volumen de frutas exportados por Panamá, mercancía que necesita mantener la cadena de frio sin interrupciones.

En paralelo, se mantiene un proceso de inventario y auditoría de activos bajo supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, un paso que suele considerarse clave cuando hay cambios de administración en operaciones portuarias de alto volumen.

Uno de los elementos que más llamó la atención en el comunicado es la fase de capacitación del personal en un sistema operativo distinto, lo que apunta a una reorganización del soporte tecnológico que mueve la operación diaria del puerto.

La toma de control de los puertos de Balboa y Cristóbal se produjo tras la publicación en Gaceta Oficial del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la nulidad de la concesión portuaria otorgada en 1997 a Panama Ports Company, filial del conglomerado CK Hutchison.

La decisión judicial confirmó la anulación previamente emitida por los magistrados, al considerar que el contrato presentaba irregularidades en su origen y en su posterior renovación, lo que llevó al Estado panameño a activar medidas administrativas para garantizar la continuidad del servicio portuario y la protección del interés público.

Como consecuencia del fallo, el Gobierno instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá a ejecutar la toma de control operativo de ambas terminales, incluyendo infraestructura, equipos y procesos necesarios para mantener la actividad logística sin interrupciones.

La medida fue presentada como una acción orientada a preservar la operatividad de instalaciones estratégicas para el comercio exterior y el hub logístico del país, mientras se define el esquema definitivo de administración tras la invalidación de la concesión vigente durante casi tres décadas.

El presidente José Raúl Mulino ha insistido en que la medida no constituye una expropiación, sino una acción administrativa vinculada a decisiones oficiales y al interés de garantizar la continuidad del servicio portuario.

La postura del Ejecutivo busca enviar un mensaje de seguridad jurídica a la comunidad marítima y a los inversionistas, en un contexto donde la administración de los puertos se conecta con la reputación del país como plataforma logística internacional.

La dimensión internacional del caso se reflejó con un episodio diplomático reciente: autoridades de Hong Kong trasladaron una protesta al consulado de Panamá por el cambio en el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Tras conocerse el fallo de los magistrados, PPC interpuso un arbitraje contra Panamá. Además, las autoridades chinas, que respaldan a CK Hutchison, lanzaron fuertes advertencias contra Panamá.

El comunicado de APM Terminals se luego de que la Contraloría avaló contratos por $41,900,000.00 para la operación transitoria de Balboa y Cristóbal por 18 meses, con $26,100,000.00 asignados a la administración de Balboa por parte de APM Terminals y $15,800,000.00 para Cristóbal bajo TIL Panamá.

Estas cifras, por sí solas, muestran que el Gobierno optó por una solución temporal con costos definidos, mientras se estabiliza la operación y se reordena el esquema de gestión portuaria.

En el corto plazo, la estabilización dependerá de que se completen auditorías, se consolide la capacitación y el puerto recupere su capacidad plena, especialmente en procesos que requieren coordinación entre patios, sistemas de información, aduanas y agentes de carga. A mediano plazo, el caso se vuelve una prueba de gobernanza logística: cómo ejecutar una transición sin afectar el posicionamiento del país, minimizando incertidumbre y manteniendo la confianza en una infraestructura que es clave para el comercio regional.

Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, afirmó que por ahora el sector no ha sentido un impacto directo en sus operaciones, pero reconoció que existe inquietud por el proceso.

Señaló que el gremio se mantiene preocupado, especialmente por el efecto que podría tener la transición sobre la cadena logística, y recalcó que lo esencial es que el cambio se ejecute de manera rápida y transparente, para evitar presiones innecesarias sobre importadores, exportadores y la actividad productiva.

El dirigente también expresó que el sector industrial espera que la administración temporal esté a la altura del desafío, al tratarse de operadores de renombre internacional y empresas con experiencia en manejo portuario.

En esa línea, sostuvo que la meta debe ser superar esta etapa y lograr mejores condiciones para el país, no solo para la industria, sino para toda la economía, de modo que Panamá obtenga mayores beneficios de los contratos y concesiones vinculadas a activos estratégicos como sus terminales portuarias.