Denuncia e inspecciones en albergue obligan reubicación de 10 jóvenes bajo custodia del estado panameño

El Ministerio de Desarrollo Social informó del traslado de 10 jóvenes del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen hacia el Hogar María Auxiliadora en Chitré, provincia de Herrera, en cumplimiento de una medida de protección ordenada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, tras una inspección realizada la semana pasada en ese albergue.

La decisión se produce en medio de una investigación en curso por presuntas irregularidades y denuncias de maltrato, que comenzaron tras una visita de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Brenes, al centro ubicado en Tocumen.

Esa inspección legislativa derivó en la presentación de una denuncia formal, lo que motivó la apertura de diligencias por parte del Ministerio Público.

De acuerdo con el comunicado oficial del Mides, la acción responde a una medida de protección destinada a salvaguardar la integridad, el bienestar y la atención especializada de los jóvenes, todos mayores de edad y en condición de discapacidad.

El traslado fue coordinado con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad que tenía bajo su responsabilidad la atención de esta población.

El Hogar María Auxiliadora, ubicado en la provincia de Herrera, se encontraba desocupado debido a que su población regular —23 adolescentes estudiantes— no está en período escolar.

Las autoridades indicaron que la medida tiene carácter temporal, mientras se gestiona una solución especializada y multidisciplinaria acorde con las necesidades de los jóvenes trasladados.

La ministra de Desarrollo Social y presidenta de la Junta Directiva de la Senniaf, Beatriz Carles de Arango, se trasladó personalmente al centro receptor para verificar las condiciones de atención.

Según el comunicado, se articuló de inmediato con el Ministerio de Salud el envío de un equipo médico, que evaluó a cada uno de los jóvenes tras su llegada a Chitré.

El traslado ocurre en un contexto de creciente presión institucional. La semana pasada, el procurador general realizó una inspección en el CAI de Tocumen, tras las denuncias presentadas por la diputada Brenes.

Posteriormente, el Ministerio Público anunció la apertura de investigaciones por presuntas irregularidades, mientras que la Junta Directiva del Mides reiteró su compromiso de garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia bajo tutela del Estado.

En paralelo, la Asamblea Nacional avanzó en el control político. Después de dos intentos fallidos, diputados independientes lograron aprobar la citación de la ministra Beatriz Carles ante el pleno, para que rinda explicaciones sobre la situación en los albergues bajo supervisión estatal.

La fecha de comparecencia está pendiente de ser fijada, pero el cuestionario aprobado incluye 42 preguntas relacionadas con protocolos de supervisión, condiciones de infraestructura, personal especializado, auditorías internas y medidas adoptadas tras las denuncias.

Entre los temas que deberá abordar la ministra figuran los mecanismos de fiscalización sobre los centros de protección, la coordinación entre el Mides y la Senniaf, la actuación ante alertas tempranas y la garantía de derechos de los menores y jóvenes bajo custodia del Estado.

También deberá detallar las acciones correctivas implementadas tras la inspección legislativa y la intervención del Ministerio Público. El cuestionario aprobado va más allá de cifras y consolidados estadísticos, y exige respuestas sobre los protocolos institucionales existentes para prohibir castigos físicos, psicológicos y otras prácticas contrarias al interés superior del niño, así como detalles sobre las condiciones físicas, estructurales y técnicas que los albergues deben cumplir conforme a la normativa vigente y cuántos centros presentan incumplimientos.

También se le pide explicar cuántos funcionarios han sido evaluados, sancionados o separados del cargo por presuntas faltas en la atención de menores, y qué acciones concretas se han adoptado para prevenir nuevos casos, incluyendo auditorías internas, vigilancia y seguimiento a denuncias.

El caso del CAI de Tocumen se suma a una serie de cuestionamientos sobre la administración de albergues en Panamá. Las primeras alertas públicas surgieron tras la visita de la Comisión de la Mujer, cuyos hallazgos derivaron en la denuncia formal.

Ese paso marcó el inicio del proceso judicial y administrativo que hoy mantiene bajo escrutinio la gestión de estos centros.

En su comunicado, el Mides sostuvo que impulsa acciones articuladas para asegurar la protección de la niñez y adolescencia, así como de personas en situación de vulnerabilidad bajo tutela estatal.

La institución reiteró que trabaja bajo un enfoque interinstitucional para garantizar condiciones dignas y adecuadas, mientras avanzan las investigaciones y se mantienen las medidas de protección adoptadas.

La semana pasada, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, realizó una inspección en las instalaciones del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen acompañada por representantes de UNICEF Panamá, incluyendo a la directora local del organismo, Sandie Blanchet.

Durante el recorrido por las áreas de atención y reuniones con el personal del albergue, UNICEF destacó la necesidad de fortalecer los estándares de protección y promover entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal, subrayando que cualquier señal de alerta debe investigarse con seriedad y objetividad para garantizar la atención integral de la niñez.

El traslado de los 10 jóvenes representa, hasta ahora, la medida concreta más visible adoptada tras las inspecciones y denuncias. Las autoridades han insistido en que se trata de una acción preventiva y temporal, en espera de definiciones administrativas y judiciales que determinen el curso definitivo del caso.