Panamá instala comisión de salud mental en medio del alza de ansiedad y depresión

El aumento sostenido de casos de ansiedad, depresión, estrés crónico y crisis emocionales en Panamá llevó al Estado a reconocer que la salud mental ya no puede seguir siendo un tema secundario dentro del sistema sanitario.

La instalación de la Comisión Técnica Intersectorial de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres (CTI-SMAPS) marca un intento por responder a una problemática que se ha profundizado tras la pandemia, los desastres naturales y las presiones económicas de los últimos años.

Con la participación de 27 instituciones públicas y organizaciones aliadas, la comisión busca articular una respuesta coordinada ante situaciones que afectan el bienestar psicológico, la estabilidad emocional y la capacidad de adaptación social de miles de personas.

Para las autoridades, el objetivo es superar la fragmentación histórica en la atención de trastornos mentales y construir un sistema más integrado, preventivo y accesible.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, explicó que este espacio permitirá analizar estadísticas oficiales, diagnósticos clínicos, tendencias epidemiológicas y reportes comunitarios para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Según indicó, se fortalecerá la atención primaria mediante equipos de psicólogos, psiquiatras, orientadores y trabajadores sociales, con énfasis en poblaciones expuestas a emergencias y crisis prolongadas.

Uno de los principales detonantes de esta iniciativa fue el impacto dejado por la pandemia por COVID-19. El confinamiento, la pérdida de ingresos, el aislamiento social y el duelo generaron una ola de trastornos emocionales, ansiedad generalizada, insomnio y depresión, especialmente entre jóvenes, estudiantes y adultos mayores. Aunque estos efectos fueron subestimados en un inicio, hoy forman parte del diagnóstico institucional.

Los registros del sistema público reflejan un aumento constante en las consultas por problemas psicológicos. Hospitales y policlínicas reportan más casos relacionados con ataques de pánico, agotamiento mental, conductas autolesivas y conflictos familiares, muchos de ellos vinculados a situaciones de estrés económico, violencia doméstica y precariedad laboral.

La directora de la Oficina Integral de Riesgos a Desastres en Salud, Karen Holder, recordó que la comisión fue formalizada mediante un decreto ejecutivo en diciembre de 2025, lo que le otorga sustento legal y operativo.

Esto permitirá establecer protocolos estandarizados, rutas de atención y mecanismos de coordinación, evitando que la respuesta dependa de iniciativas aisladas o improvisadas.

Desde el ámbito internacional, organismos de salud han advertido que los trastornos mentales se han convertido en una de las principales causas de discapacidad.

En la región, la depresión y la ansiedad afectan con mayor frecuencia a mujeres, adolescentes y jóvenes adultos, lo que plantea desafíos en términos de equidad, acceso a servicios y prevención temprana.

En Panamá, estas tendencias se reflejan con mayor intensidad en comunidades vulnerables, áreas rurales y zonas afectadas por inundaciones, sequías o desplazamientos. En estos territorios, una emergencia no solo implica pérdidas materiales, sino también trauma colectivo, ruptura del tejido social y deterioro emocional, cuyos efectos pueden extenderse durante años.

La representante de la OPS/OMS en el país, Ana Riviére Cinnamond, señaló que el impacto del aislamiento durante la pandemia afectó de forma significativa las capacidades sociales, emocionales y académicas de miles de estudiantes. Para las autoridades, este fenómeno explica en parte el aumento de problemas de conducta, abandono escolar, consumo de sustancias y violencia juvenil.

Los adultos en edad productiva tampoco han sido ajenos a esta crisis silenciosa. El aumento del costo de vida, la inestabilidad laboral y la presión por mantener ingresos han favorecido el desarrollo de síndrome de agotamiento, depresión funcional y trastornos adaptativos, que en muchos casos no reciben atención profesional oportuna.

Uno de los principales obstáculos sigue siendo el estigma. Durante décadas, los problemas de salud mental fueron asociados con debilidad personal o fracaso individual. Esta percepción ha limitado la búsqueda temprana de ayuda y ha contribuido a que muchos pacientes lleguen al sistema en etapas avanzadas de deterioro emocional.

La CTI-SMAPS buscará cambiar esa narrativa mediante campañas de sensibilización, capacitación comunitaria y formación en primeros auxilios psicológicos. Además, integrará el componente psicosocial dentro de los planes nacionales de gestión de riesgos, para que la atención emocional sea parte central de cualquier respuesta a emergencias.

La participación del Ministerio de la Mujer, el Sistema de Naciones Unidas, fundaciones y entidades técnicas apunta a una estrategia multisectorial. El objetivo es que la salud mental no se limite a hospitales, sino que llegue a escuelas, barrios, centros laborales y comunidades rurales, donde muchas veces se concentra la mayor necesidad.

La creación de esta comisión refleja un cambio gradual en la forma en que el Estado aborda las consecuencias invisibles de las crisis. El enfoque ya no se limita a reconstruir infraestructuras, sino a atender el impacto psicológico que condiciona la recuperación social y económica.

En América Latina, uno de los principales rezagos en salud mental es el bajo nivel de inversión pública. En promedio, los países de la región destinan una fracción mínima de su presupuesto sanitario a programas de prevención psicológica, rehabilitación emocional y atención comunitaria, lo que limita la cobertura real.

Esta situación se traduce en listas de espera prolongadas, escasez de psiquiatras y psicólogos clínicos, y concentración de servicios en zonas urbanas, dejando a comunidades rurales y apartadas prácticamente sin atención especializada.

La brecha territorial se combina con desigualdades de género que impactan directamente en los patrones de atención. En varios países latinoamericanos, las mujeres presentan mayores tasas de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y síntomas de agotamiento emocional, pero también son quienes más buscan ayuda profesional.

En contraste, los hombres tienden a postergar la atención, lo que incrementa el riesgo de conductas autodestructivas, consumo problemático de alcohol y deterioro progresivo de su salud mental.

Otro factor determinante en la región es la relación entre salud mental y productividad. Estudios recientes muestran que el ausentismo laboral, la rotación de personal y la disminución del rendimiento están cada vez más vinculados a problemas emocionales no tratados.

Empresas y gobiernos enfrentan costos crecientes derivados del burnout, la desmotivación crónica y los conflictos interpersonales, lo que convierte la salud mental en un tema económico, no solo sanitario.