Tras dos intentos fallidos, diputados independientes logran citar a la ministra del Mides por irregularidades en albergues de Panamá

Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, para que responda un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con las presuntas irregularidades en albergues administrados por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La decisión marca un nuevo capítulo en el llamado “caso albergues”, que ha generado alarma pública por denuncias de abusos, negligencias y fallas institucionales.

La citación fue impulsada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, quien denunció irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

El proceso no estuvo exento de tensiones políticas. La propuesta fue rechazada en dos ocasiones previas, luego de ser bloqueada por diputados de distintos partidos.

Tras varios intentos fallidos, Brenes logró que la iniciativa fuera nuevamente sometida a votación este jueves 12 de febrero, logrando finalmente los votos necesarios para que la ministra comparezca ante el pleno legislativo.

La diputada también presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, el pasado 6 de febrero, por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes.

La querella fue dirigida contra la directora de la Senniaf y otros funcionarios, sustentada en correos, informes y reportes internos que, según Brenes, advertían desde hace meses sobre irregularidades sin recibir respuestas efectivas.

Entre los elementos que detonaron la investigación figura la visita de la diputada al albergue de Tocumen, donde se documentaron deficiencias en atención, supervisión y control.

Brenes afirmó que encontró condiciones incompatibles con los estándares mínimos de protección, así como posibles omisiones administrativas en el manejo de los casos.

El cuestionario aprobado por la Asamblea incluye interrogantes sobre cantidad de albergues activos, procesos de supervisión, sanciones impuestas, perfiles del personal, contratación, auditorías internas, denuncias registradas, medidas correctivas y protocolos de protección.

Las preguntas buscan determinar responsabilidades institucionales desde julio de 2024 hasta la fecha, periodo en el que se habrían acumulado alertas sin respuestas contundentes.

Entre los puntos clave, se solicita información sobre denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales, procedimientos disciplinarios, irregularidades administrativas, procesos judiciales en curso y seguimiento a víctimas.

También se pide detallar cuántos funcionarios han sido removidos, sancionados o investigados, y qué acciones concretas se han adoptado para prevenir nuevos casos.

El Ministerio Público confirmó que mantiene investigaciones abiertas relacionadas con las denuncias presentadas. Las pesquisas incluyen recopilación de testimonios, análisis documental y verificación de protocolos internos, en coordinación con otras entidades estatales. Las autoridades han evitado adelantar conclusiones mientras avanzan las diligencias.

En medio de la controversia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó preocupación por los señalamientos. La organización instó al Estado panameño a garantizar protección efectiva a niños y adolescentes, reforzar los sistemas de supervisión y asegurar procesos transparentes en todos los centros bajo custodia pública.

El cuestionario aprobado por el pleno exige a la ministra explicar cuántos albergues están actualmente operativos, bajo qué figura legal funcionan y qué entidades los administran directa o indirectamente.

También solicita detallar el número de niños, niñas y adolescentes atendidos, su distribución por edades, género y condición de vulnerabilidad, así como los mecanismos utilizados para verificar que cada centro cumpla con la normativa vigente.

Otro bloque de preguntas se enfoca en el perfil, contratación y supervisión del personal que labora en los albergues. Se pide informar cuántos funcionarios han sido evaluados, sancionados o separados del cargo, qué controles existen para prevenir abusos, y si se han realizado auditorías laborales y disciplinarias.

Además, se solicita precisar si el personal cuenta con formación especializada en atención a menores y protocolos de protección.

El documento también indaga sobre las denuncias registradas desde julio de 2024, los procesos administrativos iniciados y su estado actual. Se requiere explicar cuántos casos están en investigación, cuántos fueron archivados y cuántos derivaron en procesos penales, así como las medidas adoptadas para garantizar atención psicológica, médica y legal a las víctimas.

Asimismo, se consulta sobre los recursos presupuestarios asignados y su ejecución en materia de protección infantil.

Por su parte, la junta directiva de la Senniaf, presidida por la ministra del Mides, anunció la adopción de medidas administrativas. Entre ellas figuran auditorías internas, revisión de contratos, reorganización de personal y fortalecimiento de controles, además de reuniones extraordinarias para evaluar la situación institucional.

La ministra Beatriz Carles sostuvo recientemente encuentros con directivos de la Senniaf y otras autoridades. Desde el Mides se ha reiterado el compromiso de “no tolerar irregularidades”, aunque hasta ahora no se han anunciado destituciones definitivas relacionadas con el caso.

La comparecencia ante la Asamblea será la primera vez que la titular de la cartera rinda cuentas públicas sobre estos señalamientos.

El caso ha puesto bajo escrutinio el modelo de administración de albergues en Panamá. Expertos en derechos de la niñez advierten que la crisis revela debilidades estructurales, falta de recursos, rotación de personal y ausencia de sistemas robustos de monitoreo permanente.

Para Brenes, la citación representa “un paso necesario” para esclarecer responsabilidades. La diputada afirmó que el objetivo no es político, sino proteger a los menores, garantizar justicia y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse bajo el amparo del Estado.

La sesión en la que comparecerá la ministra aún no tiene fecha definida, pero se prevé que ocurra en las próximas semanas.