Falta de recursos o mala gestión: el debate que abre la denuncia por irregularidades en albergues en Panamá

Las denuncias por presuntas irregularidades en un albergue ubicado en Tocumen, en el sector este de la ciudad de Panamá, administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), continúan generando reacciones, ahora dentro del propio Gobierno.

A la investigación del Ministerio Público y los pronunciamientos de organismos internacionales, ahora se suma un cruce interno de posiciones entre autoridades sobre el manejo de los recursos públicos.

En medio de este escenario, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, salió públicamente a cuestionar las declaraciones de la directora del SENNIAF, Ana Fábrega, quien habría señalado la supuesta falta de recursos como uno de los obstáculos para ejecutar mejoras en los albergues. Para Chapman, el problema no radica en el presupuesto, sino en la gestión administrativa.

El titular del MEF aseguró que, tras revisar las cifras, constató que la institución cuenta con fondos suficientes para operar. “Fui a ver el presupuesto y tiene muchos recursos”, afirmó, al tiempo que sostuvo que en el sector público es poco común escuchar que alguna entidad tenga exceso de dinero. En ese sentido, insistió en que el desafío principal está en la eficiencia, disciplina y planificación del gasto.

Chapman también subrayó que la administración pública debe aplicar el principio económico de la asignación de recursos escasos, comparándolo con la economía doméstica. Según explicó, los recursos nunca son infinitos y requieren orden, creatividad y control, para que puedan traducirse en resultados concretos. A su juicio, fortalecer los procesos internos es clave para evitar que el dinero disponible pierda impacto.

Las cifras oficiales respaldan parte de esta evaluación. Para 2026, la directora del SENNIAF sustentó un presupuesto por $7.6 millones, de los cuales $7.4 millones están destinados a funcionamiento y $164,800 a inversiones.

Estos datos refuerzan el argumento del MEF sobre la existencia de fondos, aunque dejan en evidencia la limitada proporción destinada a infraestructura.

Mientras se desarrolla este debate presupuestario, el Ministerio de Salud también intervino en la discusión. El ministro Fernando Boyd Galindo reconoció que la infraestructura del albergue de Tocumen no es la más adecuada y confirmó la conformación de una comisión técnica para evaluar las condiciones del centro y ejecutar mejoras.

Boyd Galindo explicó que, tras una reunión de la Junta Directiva del SENNIAF, se acordó crear una comisión interdisciplinaria encargada de verificar las denuncias y establecer correctivos. El funcionario sostuvo que la evaluación permitirá determinar con precisión si las irregularidades señaladas son ciertas y qué medidas deben adoptarse para proteger a los menores.

El ministro de Salud también reveló que mantiene comunicación directa con la directora del SENNIAF y que se impulsarán gestiones para dignificar las estructuras de los albergues, en línea con la voluntad del presidente José Raúl Mulino. Según Boyd Galindo, mejorar las instalaciones es una prioridad para garantizar entornos seguros.

Otro aspecto abordado por el titular de Salud fue la situación social de los menores. Indicó que muchos niños ingresaron al sistema por abandono y han permanecido en él durante años, lo que obliga a buscar alternativas de ubicación acordes a su edad y desarrollo. Además, expresó preocupación por las fugas registradas, calificándolas como situaciones de alto riesgo.

En materia sanitaria, Boyd Galindo aseguró que los adolescentes reciben atención médica continua y anunció evaluaciones clínicas exhaustivas a 12 jóvenes para detectar posibles patologías no identificadas. Estas acciones buscan reforzar el componente de salud dentro del sistema de protección.

El tema de supuestas irregularidades se conoció después que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Alexandra Brenes, realizó una visita al albergue de Tocumen como parte de las acciones de fiscalización legislativa. Posteriormente, Brenes presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes, señalando que la situación ameritaba investigación y respuestas institucionales.

La denuncia impulsada por la diputada se convirtió en un punto de inflexión del caso, al activar una escalada de reacciones oficiales y acelerar la intervención del Ministerio Público. A partir de ese momento, el tema dejó de ser solo un señalamiento público y pasó a una etapa de investigación formal, en medio de presiones para que se determinen responsabilidades y se adopten correctivos en el sistema de protección.

En paralelo, UNICEF se pronunció sobre el caso y advirtió sobre fallas graves en el sistema de protección infantil, en un contexto donde la preocupación no se limita a un solo albergue. El organismo subrayó que las denuncias deben ser investigadas con rigor y que la prioridad debe ser garantizar entornos seguros y dignos para los niños y adolescentes bajo custodia del Estado.

UNICEF también llamó a reforzar la supervisión y la capacidad institucional para prevenir vulneraciones de derechos, insistiendo en que las medidas deben traducirse en mejoras sostenibles y verificables. El enfoque, recalcó, debe priorizar el interés superior del niño, con protocolos claros, personal capacitado y mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.

En los últimos años, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha estado recurrentemente en el centro del debate público por denuncias relacionadas con presuntas irregularidades administrativas, deficiencias en la atención a menores y fallas en los mecanismos de supervisión.

Estos señalamientos, que se han acumulado en distintos períodos, han alimentado cuestionamientos sobre la capacidad institucional para garantizar estándares adecuados de protección, transparencia y uso eficiente de los recursos públicos.