Panamá cerró 2025 con una deuda de $59,349 millones, un aumento de 10.4% en un año

Panamá cerró 2025 con una deuda pública total acumulada de $59,349.3 millones, según cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un contexto marcado por restricciones fiscales, menor recaudación y una estrategia deliberada del nuevo gobierno de evitar emisiones de bonos en los mercados internacionales ante el encarecimiento del financiamiento global.

El saldo al cierre de diciembre representa un incremento de $5,612.6 millones frente a diciembre de 2024, cuando la deuda pública se ubicaba en $53,736.7 millones, lo que confirma que el endeudamiento siguió aumentando durante 2025, aunque bajo un esquema distinto al de años previos, más enfocado en préstamos directos y financiamiento interno.

Del total acumulado, $48,680.8 millones corresponden a deuda externa, mientras que $10,668.5 millones son deuda interna, una composición que sigue reflejando la alta dependencia del país del financiamiento externo, aunque con un mayor uso de instrumentos locales para cubrir necesidades de caja.

El peso del servicio de la deuda continúa siendo uno de los principales desafíos fiscales. Solo en 2025, Panamá destinó $2,717.9 millones al pago de intereses, una cifra que supera ampliamente el presupuesto anual de varios ministerios y que limita el margen del Estado para invertir en infraestructura, programas sociales y servicios públicos.

Una deuda que se aceleró tras la pandemia

La trayectoria del endeudamiento panameño se explica en buena medida por lo ocurrido desde 2020. Antes de la pandemia, la deuda pública se mantenía en niveles cercanos a $27,000 millones. Sin embargo, la combinación de caída de ingresos, programas de estímulo, mayores gastos sociales y financiamiento de proyectos elevó el saldo de forma sostenida durante el quinquenio siguiente.

Durante la administración de Laurentino Cortizo (2019–2024), la deuda pública aumentó en más de $22,000 millones, consolidando un cambio estructural en el perfil fiscal del país.

Para diciembre de 2024, el saldo ya superaba los $53,700 millones, con una relación deuda/PIB cercana al 60%, uno de los niveles más altos en la historia reciente de Panamá.

Cambio de estrategia bajo el gobierno de Mulino

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el presidente José Raúl Mulino ha advertido sobre las limitaciones fiscales que enfrenta el país y la necesidad de manejar con cautela el endeudamiento público.

En ese contexto, su administración ha evitado realizar nuevas emisiones de bonos globales, en un entorno internacional marcado por tasas de interés más elevadas y mayor sensibilidad de los inversionistas al nivel de deuda soberana.

En la misma línea, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha explicado que el Gobierno optó por una estrategia de financiamiento más selectiva, basada en préstamos con organismos multilaterales, bancos comerciales internacionales y emisiones locales, en lugar de acudir al mercado de bonos soberanos.

Esa política se refleja en la composición de la deuda externa. Al cierre de 2025, Panamá mantiene $9,716.1 millones en préstamos con organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, el BCIE y el Banco Europeo de Inversiones.

A ello se suman $6,058.9 millones en préstamos directos con bancos, principalmente entidades financieras de Estados Unidos y Europa, utilizados para cubrir necesidades presupuestarias y refinanciar obligaciones sin asumir el costo de una emisión pública de bonos.

Aunque Panamá no realizó nuevas emisiones internacionales en 2025, la deuda por bonos sigue siendo el componente más voluminoso del portafolio externo, con un saldo de $32,281.4 millones, correspondiente a emisiones realizadas en años anteriores, incluyendo bonos globales con vencimientos que se extienden hasta 2063.

En el ámbito interno, el Gobierno reforzó el uso de letras del Tesoro, notas del Tesoro y bonos internos, que forman parte de los $10,668.5 millones de deuda interna, además de financiamiento proveniente de bancos oficiales y del Fondo de Ahorro de Panamá.

Advertencias de calificadoras e inversionistas

Las agencias calificadoras han mantenido una postura cautelosa frente a Panamá. Si bien reconocen la fortaleza del sistema bancario, la dolarización y la capacidad histórica de acceso a los mercados, han advertido que el crecimiento sostenido de la deuda y el elevado costo del servicio representan riesgos para la estabilidad fiscal si no se corrige el déficit.

Bancos de inversión y analistas internacionales coinciden en que el principal reto para Panamá no es solo el tamaño de la deuda, sino su costo financiero.

Con tasas globales más altas, cualquier retorno al mercado de bonos implicaría cupones significativamente mayores a los de emisiones pasadas, razón por la cual la estrategia de financiamiento directo ha sido vista como una medida para contener el costo de endeudarse.

De cara a 2026, el Gobierno enfrenta el reto de contener el crecimiento de la deuda sin frenar la economía, mejorar la recaudación tributaria y reducir gradualmente el déficit fiscal. Mulino ha insistido en que el ajuste no vendrá por recortes abruptos, sino por mayor disciplina, eficiencia del gasto y reactivación económica.

Con una deuda que ya supera los $59,000 millones y pagos de intereses que consumen una parte creciente del presupuesto, Panamá entra en una etapa en la que cada decisión de financiamiento será observada de cerca por los mercados, las calificadoras y los organismos internacionales.

La sostenibilidad fiscal dejó de ser una discusión técnica para convertirse en uno de los ejes centrales de la gobernabilidad económica del país.