Ley de Tierras: la falsa idea de que los extranjeros vienen por todo

Un mediodía de diciembre esperaba frente a una tranquera, en el kilómetro 92 de la vieja ruta 258, al sur de Río Negro. Del otro lado empezaban dieciocho kilómetros de ripio privado que terminaban en la orilla del Lago Escondido. Corría una brisa fresca, el cuidador ya me había anotado y yo no sabía qué esperar del hombre que me habían prometido conocer. Primero fue un latido entre los cerros. Después, las aspas de un helicóptero que bajó a unos quinientos metros de la tranquera. De adentro salió, encorvado contra el viento de la máquina, un hombre pequeño, con anteojos espejados: Joe Lewis, el británico que se había quedado con todas las tierras que rodean el lago.

Eso fue hace veinte años, mientras investigaba para el libro La Patagonia vendida. Arranqué aquel trabajo con el prejuicio que compartía la mayoría: que el Sur se estaba rematando a pedazos. Encontré concentración, falta de control y un Estado que dejaba hacer. Pero también encontré, en muchos lugares, que el extranjero era el único que había llegado. Donde nunca hubo un camino, una escuela o un puesto sanitario, alguien con apellido de otro país había puesto alambre, agua y trabajo.

Ya en 2006, cuando presenté la segunda edición del libro, dije que no había que caer en la idea maniquea de extranjeros malos y argentinos víctimas. Esta columna es, en el fondo, la continuación de esa frase.

Lo que estalló esta semana

El martes 29 de septiembre, la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley de Tierras Rurales. La Corte no se pronunció sobre el fondo: dijo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había presentado el amparo, no tenía legitimación para hacerlo. El efecto práctico es que hoy no hay topes vigentes para la compra de tierras rurales por extranjeros.

A horas del fallo, senadores peronistas presentaron un proyecto para restituir la Ley 26.737, sancionada en 2011, con su límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Es el mismo debate que el Gobierno tuvo que sacar en agosto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para no perder la votación en el Senado.

Los números importan antes que los adjetivos. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, ninguna provincia supera hoy el 15%. El Observatorio de Tierras (CONICET-UBA) calcula que los extranjeros tienen cerca del 5% del territorio, unos 13 millones de hectáreas, aunque 36 departamentos superan el tope. Y una encuesta de Zuban Córdoba de julio mostró que el 77% de los consultados quiere límites.

La tierra que el Estado olvidó

La discusión vuelve siempre con la misma palabra: soberanía. Pero en la Patagonia que recorrí, la soberanía no se perdía por la llegada de un extranjero. Se perdía por la ausencia de todos los demás.

La historia larga lo confirma. Después de la campaña militar de fines del siglo XIX, el Estado repartió millones de hectáreas, muchas de ellas en concesiones a sociedades con sede en Londres, y se fue. Los que llegaron después, británicos, galeses, escoceses, más tarde italianos y estadounidenses, trajeron ovejas, alambrados, galpones de esquila y puertos. Entre 1940 y 1960, Santa Cruz llegó a tener ocho millones de ovejas y la Patagonia austral entró al comercio mundial como exportadora de lana. Durante décadas, las estancias fueron la única infraestructura de regiones enteras.

Aquel libro abría con una frase de Felipe Lariviere, el hombre que le vendió la estancia La Primavera a Ted Turner: que la Patagonia es argentina por casualidad. Veinte años después creo que tenía razón, aunque no por los motivos que él pensaba. Lo es por casualidad porque el Estado nunca se ocupó de que lo fuera por decisión.

Mi hipótesis es simple: en Argentina, el capital extranjero no le quitó tierra a la Nación. Desarrolló aquello que la Nación no quiso o no supo trabajar. Tres casos que investigué de cerca lo muestran mejor que cualquier estadística.

Benetton: el último eslabón de una cadena extranjera

Cuando los Benetton compraron la Compañía de Tierras Sud Argentino, en agosto de 1991, se quedaron con una empresa nacida en Londres en 1889 como The Argentine Southern Land Company. Ese año, el Estado argentino le había cedido tierras a diez ciudadanos británicos, 90.000 hectáreas a cada uno, por encima de las comunidades mapuches que vivían ahí y que terminaron como peones de las nuevas estancias. Durante casi un siglo fue capital británico. Desde 1975 la controlaban familias argentinas, y fueron ellas las que se la vendieron a los italianos, por unos USD 50 millones. En ningún tramo de esa cadena cambió la bandera: cambió el apellido en la escritura.

Hoy son los mayores propietarios privados del país, con alrededor de 900.000 hectáreas en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires. Producen lana que viaja a Italia, sostienen empleo rural en parajes donde no hay otro y abrieron el Museo Leleque.

En 2006 dije que Benetton era el paradigma de la Patagonia vendida, y que los mapuches eran víctimas de todo: del Estado y de estos tipos. Hoy sostengo esa frase a medias. La deuda con las comunidades es real, pero el orden importa: primero, el Estado.

El caso que mejor lo muestra es Santa Rosa, un campo de 534 hectáreas dentro de la estancia Leleque. En 2002, Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir se instalaron ahí con sus hijos, convencidos de que era tierra fiscal. La empresa los denunció y la policía los sacó: les tiraron la casa, les arruinaron los cultivos, les dispersaron los animales. La Justicia penal no les encontró culpa; la civil le dio la tierra a Benetton. En 2007 volvieron con otras familias. Desde la cosmovisión mapuche, expliqué entonces, tienen derechos; el problema es que esa tierra se repartió entre particulares hace más de un siglo, y no es del Estado. Benetton ofreció 7.500 hectáreas en Piedra Parada para las familias y el gobierno de Chubut las rechazó por improductivas. Cuando un funcionario provincial habló del conflicto, pidió no ser nombrado y dijo que no intervenían porque era un asunto con una empresa privada. Esa frase, más que cualquier apellido italiano, explica la Patagonia.

Conocí Cushamen y la zona de Leleque mucho antes de que estallaran los desafortunados acontecimientos que culminaron con la muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado. Se vivía en una dualidad. Así como grupos radicalizados mapuches (el origen de la RAM de Facundo Jones Huala) buscaban confrontar con Benetton, la gran mayoría de los mapuches de la zona trabajaban para su compañía sin mayores problemas. Más allá de lo específico, la realidad es que nada de todo eso convirtió a Chubut en una provincia italiana. La bandera sigue siendo la misma y los impuestos se pagan en pesos.

Lewis: el caso más incómodo

Joe Lewis es el ejemplo que más se usa contra la extranjerización, y por eso conviene mirarlo de frente. En 1996, el empresario británico compró, a través de Hidden Lake S.A., unas 8.000 hectáreas que rodean el Lago Escondido. Aquel mediodía, de pie y rodeado de gente, le pregunté por qué ahí. Me dijo que podría haber comprado en Iguazú, en Salta o en Mendoza, pero que ese era el lugar que soñaba. Cuando le pregunté por la polémica, fue más directo: si algo se puede comprar, cuál es el problema; él había comprado lo que le habían dejado comprar.

Tenía razón en una cosa: se lo dejaron. El conflicto real nunca fue de soberanía, sino de acceso. El lago es público, como todas las cuencas del país, pero para llegar a la orilla hay que recorrer dieciocho kilómetros de ripio que pasan por dentro de la estancia. Durante años ese camino estuvo de hecho cerrado, y la Justicia de Río Negro ordenó habilitar el paso. Eso es un problema de un Estado que no hizo cumplir sus propias reglas, no de un país que perdió territorio.

Lo que vi aquel diciembre lo explica mejor que cualquier expediente. Era la fiesta de la familia: chicos de hogares de Bariloche y El Bolsón traídos en micros contratados, un torneo de veinte equipos, treinta y dos costillares, viajes en helicóptero como premio y ni una gota de alcohol. Lewis pagaba los mejores sueldos de la zona, había donado dos ambulancias con la leyenda «Gracias Tío Joe» y llegó a ofrecer la mitad de un hospital nuevo para El Bolsón, oferta que retiró cuando lo acusaron de querer cobrarla con el paso al lago. Escribí entonces que ocupaba el lugar que debía ocupar el Estado. Lo sigo pensando, y ahí está el punto: el problema no es su pasaporte, sino el vacío que encontró.

Si el lago hubiera tenido un dueño porteño con los mismos guardias, el problema habría sido idéntico. La nacionalidad del propietario no cambia nada: lo que falla es el control.

Tompkins: el que compró para devolver

Douglas Tompkins es el caso que más trabajé y el que siempre defendí, incluso cuando defenderlo era impopular. El fundador de The North Face y de Esprit vendió sus empresas y dedicó su fortuna a comprar tierras en Chile y la Argentina. Con su mujer, Kristine, llegó a reunir cerca de 900.000 hectáreas a ambos lados de la cordillera. Decía que era su manera de pagar el alquiler por vivir en el planeta.

Fue acusado de casi todo. Se dijo que compraba el Acuífero Guaraní, que preparaba un enclave extranjero, que escondía un plan geopolítico. En 2006, Luis D’Elía, entonces funcionario nacional, irrumpió con un grupo de vecinos en su estancia El Tránsito, en Corrientes, y propuso expropiarle 296.000 hectáreas de los esteros para crear un parque nacional. Doce años después, ese parque existía: lo había hecho posible la donación del hombre al que querían expropiar.

Casi nadie recordaba a quién le había comprado. Las tierras del Iberá eran de los Blaquier, una de las familias más tradicionales del país, y en la Patagonia algunas habían pertenecido a un funcionario del menemismo. Mientras las tuvieron ellos, nadie habló de soberanía.

Tompkins murió en diciembre de 2015, en un accidente de kayak en un lago de la Patagonia chilena. Kristine terminó lo que habían empezado y donó las tierras al Estado argentino. Sobre ellas se crearon o ampliaron los parques nacionales Monte León, en Santa Cruz, con unas 66.000 hectáreas, y Perito Moreno. En diciembre de 2018 nació el Parque Nacional Iberá, sobre unas 150.000 hectáreas donadas que, sumadas a las 550.000 del parque provincial, forman una de las áreas protegidas más grandes del país. Junto con otras organizaciones, hicieron posible también El Impenetrable, en el Chaco.

En los esteros volvieron especies que se habían extinguido en la zona, como el yaguareté. Y volvió algo más. Colonia Carlos Pellegrini era, hace unas décadas, un pueblo del que la gente se iba. Según cifras oficiales, el parque pasó de unas 22.000 visitas al año a 80.000, repartidas hoy en cinco pueblos, y muchos pobladores trabajan como guías, cocineros y guardaparques.

Lo conocí en 2005, en los Esteros del Iberá, un año antes de que D’Elía entrara a su estancia. Me recibió y durante dos días hablamos de sus ideas, mientras afuera crecían las sospechas sobre lo que estaba comprando. Resulto un encuentro revelador tanto por el personaje como por sus ideas. Tompkins me recibió descalzo y conversamos sentados en unos sillones confortables, entre mapas de Sudamérica y libros de ecología. Fue ahí, para La Patagonia vendida, donde me dijo que si se terminaban los bosques, el agua y el suelo, la economía iba a entrar en crisis. Nunca compartí todas sus ideas: adhería a una corriente extrema del ecologismo. Pero salí de esos dos días convencido de algo que defendí desde entonces, cuando casi nadie lo hacía: lo que Tompkins estaba haciendo era sacarle tierra privada al mercado para devolvérsela al Estado.

El extranjero que más miedo daba a la soberanía terminó agrandando el patrimonio de la Nación. Si hay un caso que desarma el debate por pasaporte, es este: parques nacionales creados sobre tierras que un norteamericano les compró a argentinos.

Lo que no hay que esconder

Una hipótesis sirve si aguanta sus casos más difíciles, y esta tiene tres.

El primero son las comunidades mapuches. Las tierras de Benetton están en el centro de reclamos como los de Santa Rosa Leleque y Cushamen, y del caso Santiago Maldonado, en 2017. Pero esos reclamos discuten el reparto que hizo el Estado después de la campaña militar, no la nacionalidad del último comprador. Cambiar a un dueño italiano por uno porteño no le devuelve un metro a nadie.

El segundo es el agua. La ley del kirchnerismo en 2011 tenía una sola prohibición sin excepciones: la compra de tierras que contengan o bordean lagos y ríos importantes. Lago Escondido muestra por qué preocupa. Pero lo que falló ahí fue que el Estado no garantizó el acceso público, algo que puede y debe exigirle a cualquier propietario, de cualquier país.

El tercero es la escala. Más que el pasaporte, preocupa que pocos tengan mucho, y eso pide una política contra la concentración, no un tope por nacionalidad. Hay, sí, una distinción razonable que no conviene perder: no es lo mismo un inversor privado que una empresa controlada por otro Estado, y hasta el proyecto del oficialismo prohibía esas compras. Brasil limita la propiedad extranjera al 25% de cada municipio y Canadá la controla provincia por provincia. Se puede regular sin prohibir.

La Argentina discute desde hace quince años cuántas hectáreas puede tener un extranjero. Casi nunca discute qué hizo el Estado con las que tuvo siempre. Lagos sin caminos públicos, comunidades sin títulos, pueblos sin escuela: ninguna de esas deudas la genero un pasaporte.

Lo vi de cerca en El Calafate. Mientras el país discutía la extranjerización, en la ciudad que Cristina Kirchner llamaba su lugar en el mundo se adjudicaban terrenos fiscales a funcionarios, familiares y allegados a precios muy por debajo del mercado, y los punteros conseguían votos prometiendo un terrenito. Lo conté en Calafate, publicado por Editorial Planeta en 2015. Tampoco fue un vicio de un solo partido: en Río Negro, tres ex funcionarios del gobierno radical de Miguel Saiz llegaron a juicio por vender tierras fiscales de la zona andina a precios irrisorios. Los que se quedaron con esa tierra pública barata no tenían pasaporte extranjero. Tenían contactos.

A veces vuelvo a aquella tranquera del kilómetro 92. Entonces la miré como la frontera de un país dentro de otro. Hoy la leo distinto: no la puso un extranjero contra la Argentina, la puso alguien en un lugar al que la Argentina nunca había llegado. La pregunta no es quién compró. Es quién estuvo ahí cuando nadie más quiso ir, y por qué el Estado sigue llegando tarde.