
¿De qué hablamos cuando nos referimos a “Buenos Aires”? Para la geografía oficial, puede ser la ciudad, hoy autónoma y Capital de la República, o la provincia que se conformó a partir de ella. Pero en la vida real de quienes habitamos este territorio, claramente refiere a la gran metrópoli, que desbordó los mapas hace décadas. Todos los días, millones de personas cruzamos fronteras invisibles para trabajar, estudiar, atender nuestra salud o socializar, dando forma a una única realidad urbana interconectada. Sin embargo, la política insiste desde hace décadas en gestionar problemas regionales desde despachos locales: el transporte, la seguridad, las infraestructuras, el hábitat y hasta la atracción de inversiones y el desarrollo económico siguen fragmentados entre gobiernos que actúan como si gestionaran planetas distintos. El problema no es nuevo, pero la brecha entre administrar las ciudades de los mapas y la realidad resulta hoy imposible de disimular.
El debate acerca de cómo resolver los problemas de la metrópoli de Buenos Aires lleva décadas sin encontrar una respuesta. La condición de Capital de la República, con la consiguiente injerencia del Estado Nacional, la presencia de dos jurisdicciones subnacionales y el peso económico y político de la región -que produce alrededor del 40% del PBI y concentra a más del 35% de la población- dificultan cualquier posible propuesta. En el mientras tanto, el territorio funciona como un archipiélago de jurisdicciones desconectadas, donde ninguna autoridad tiene la responsabilidad -ni la capacidad- de pensar el conjunto.
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En ese contexto, la propuesta de Joaquín De la Torre de federalizar los municipios del primer y segundo cordón del Conurbano tiene al menos un mérito: sacó el tema del ghetto académico y lo puso en la discusión política. Y eso no es poco, porque el debate sobre la gobernanza metropolitana lleva décadas siendo patrimonio exclusivo de investigadores y especialistas, sin que ningún actor político de peso lo haya convertido en agenda concreta.
El problema es que federalizar no implica coordinar. Y la coordinación es exactamente lo que se necesita en las metrópolis para dar una respuesta eficaz a los temas de escala regional.
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La Región Metropolitana (el AMBA ampliado) reúne hoy a 43 gobiernos de distintos niveles y capacidades interviniendo sobre el mismo territorio sin ningún organismo que los articule. Nación, Ciudad Autónoma, provincia de Buenos Aires y cuarenta municipios toman decisiones como si fueran realidades separadas. No lo son. Las personas no viven en jurisdicciones: viven la ciudad real y atraviesan a diario fronteras que para los gobiernos parecen infranqueables.
Fragmentar aún más ese mapa no resuelve el problema. Lo profundiza. Porque el obstáculo central no es que los municipios del Conurbano dependan de la provincia: es que ninguna instancia tiene competencias, recursos ni legitimidad para pensar y gestionar la región como un todo. Añadir nuevas jurisdicciones a ese esquema es añadir más actores al mismo cuarto sin darle a nadie la llave.
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La solución requiere lo contrario: consensuar una forma coordinada y planificada de gestionar lo metropolitano. No una nueva burocracia superpuesta, sino un organismo con delegación de competencias específicas sobre las áreas donde la descoordinación no sólo genera problemas en la vida cotidiana, sino que contribuye a profundizar la brecha de desigualdad y pobreza que caracteriza a estas áreas. Es imprescindible traducir en políticas públicas los acuerdos que muchas veces quedan en declaraciones o se frustran en el tiempo por la falta de un marco institucional que los sostenga.
La experiencia internacional -documentada por diversos organismos internacionales, como la OCDE o ONU-Hábitat, y verificable en decenas de metrópolis que enfrentaron desafíos similares- muestra que las metrópolis que lograron construir esos marcos de coordinación mejoraron su competitividad, redujeron sus brechas internas y ofrecieron servicios más eficientes a sus habitantes.
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Los gobiernos de Buenos Aires pueden seguir postergando indefinidamente la construcción de consensos y modelos de cooperación para la región. Pero mientras no lo hagan, hay más de 16 millones de metrobonaerenses que todos los días enfrentamos las crecientes consecuencias de la falta de coordinación en nuestra “ciudad” real.
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