Una política de Estado para las PyMes

Cien años atrás, la Argentina era vista como una potencia emergente; una tierra de oportunidades. Desde 1900 hasta 2025, nuestra economía perdió 60 lugares en el ranking de PBI mundial. Pasamos de estar en el puesto 13° al puesto 73° (PBI a valores de paridad de poder adquisitivo per cápita).

Entre 1860 y 2020 (160 años), la Argentina tuvo 16 crisis económicas. En promedio, una crisis cada 10 años. La mayoría de ellas fue de origen fiscal, con desorden macroeconómico, deudas sobre deudas y altísima inflación. Todo ello, con gobiernos militares y con gobiernos de izquierda y de derecha.

Está claro que los modelos populistas -prebendarios y corporativos- no son sostenibles. Tampoco un modelo estructurado solo sobre la base de sectores extractivos y financieros.

Más allá del acierto de promover cambios en la matriz productiva, con la incorporación decisiva de grandes inversiones en Vaca Muerta y en el sector de la minería, el actual momento de cambio de régimen económico resulta también propicio para replicar lo que funciona en las economías desarrolladas del mundo, esto es, una política de Estado PyMe.

Experiencias comparadas de política de Estado PyMe en países desarrollados

En las economías desarrolladas no se discute el rol que cumplen las PyMes en relación con la innovación, la diversificación productiva y el desarrollo social y territorial. De ahí que los países sostengan políticas de Estado específicas, sobre la base de esquemas de participación público-privado (PPP), acompañando su desarrollo competitivo.

Por ejemplo, España tiene en ejecución su “Marco Estratégico en Política de PyMe 2020-2030”; Italia ha impulsado distritos industriales y en Alemania las PyMes tienen su propio marco institucional.

Japón es otro ejemplo, donde la política PyMe se enmarca a través de la Small and Medium Enterprise Agency. El caso de Estados Unidos ofrece otro enfoque, con la Small Business Administration.

Así, el desarrollo de las PyMes no es resultado exclusivo de la iniciativa privada, sino también de establecer marcos institucionales consistentes y de largo plazo por parte de los gobiernos.

Estudiar estas experiencias constituye un insumo fundamental para diseñar estrategias de desarrollo productivo, sostenibles a través de una política de Estado PyMe.

Gobernanza PyMe

Una gobernanza PyMe involucra a los agentes relevantes que inciden en su crecimiento y desarrollo. Todos aportan valor, para alcanzar el objetivo de aumentar de forma sostenible su competitividad, a partir del diseño de una arquitectura institucional específica.

El universo PyMe en la Argentina genera el 42% del PBI nacional y es responsable del 70% del empleo registrado, por lo que una política de Estado PyMe impacta directamente en el mercado laboral.

Estas referencias estadísticas que hacen que las PyMes se constituyan en actores clave para cualquier estrategia de desarrollo territorial no evitaron, sin embargo, que hubieran sido invisibilizadas por todos los gobiernos.

Un dato central es que nuestro país tiene muy baja densidad empresarial. Por ejemplo, por cada 1000 habitantes, en la Unión Europea existen, en promedio, 72 empresas. Australia -un país similar al nuestro por capacidad productiva- tiene cerca de 100, mientras que la Argentina cuenta apenas con 12 empresas activas.

En promedio también, en América Latina, Brasil tiene 22, México 40, mientras que Chile cuenta con 67 empresas. Este crónico estancamiento compromete la generación de empleo.

La modernización productiva requiere recambio empresarial. El nacimiento y cierre de empresas es parte constitutiva de la dinámica empresarial. Ocurre en todo el mundo. Está claro que la tasa de natalidad empresarial debe ser mayor que el cierre de empresas.

Qué es una política de Estado PyME

A diferencia de las políticas públicas -políticas de gobierno- que dependen de la orientación ideológica o del programa que establece el espacio político que ejerce momentáneamente el poder, una política pública adquiere el estatus de política de Estado cuando es sostenida en el tiempo. Ejemplos de políticas de Estado son la educación, la política exterior del país; la defensa nacional, entre otras.

En este sentido, podemos decir que la actual administración ha definido la política fiscal de déficit cero como política de Estado, lo cual, a juzgar por la experiencia argentina de las ocho décadas pasadas, es una novedad disruptiva.

Los desafíos estructurales que la Argentina enfrenta requieren de un horizonte de largo plazo; tal el caso del desarrollo económico. Para ello, el orden de las cuentas públicas es una condición necesaria, pero no suficiente.

De aquí en más, el orden macroeconómico debiera mantenerse por parte de todos los gobiernos que sucedan al actual. Porque no se trata de ideologías de derechas o de izquierdas, sino de racionalidad económica.

En el mundo sobran los ejemplos de gobiernos de izquierda que ya no discuten la necesidad de tener en orden sus cuentas públicas. Se llama estabilidad macroeconómica; se llama previsibilidad institucional.

Porque cuando hay reglas de juego claras y estables, los actores económicos pueden planificar el largo plazo, particularmente la inversión y el desarrollo productivo. Es en este contexto en el que una política de Estado PyMe adquiere sentido.

Está claro que el colectivo “PyMes” no representa un universo homogéneo, por el contrario, su característica es precisamente su heterogeneidad; pero no menos cierto es que representa la columna vertebral del entramado productivo y social del país.

Frente al actual cambio de época, una política de Estado PyMe no conlleva -implícita o explícitamente- la aplicación de programas asistenciales de coyuntura, o la distribución de subsidios sectoriales. Tampoco se trata de apoyar a empresas individuales o a determinados sectores, como ha sido de práctica en la Argentina corporativa durante décadas.

Una política de Estado PyMe implica construir un entorno que reconozca sus especificidades en materia laboral, tributaria, de financiamiento y de gestión (desregulación y simplificación), facilitando así su crecimiento, desarrollo y sostenibilidad.

A modo de conclusión

Debemos pasar de una economía de supervivencia a una economía de escala colaborativa, donde la eficiencia de una macroeconomía ordenada se integre con el vasto potencial microeconómico del universo PyMe, punto de convergencia para el desarrollo industrial, productivo, social y territorial.

Por ello, una política de Estado PyMe constituye una estrategia de largo plazo, destinada a fortalecer el principal motor del empleo y la producción, a través de la creación de un entorno donde emprender, invertir y producir sea posible de manera sostenida.

No se necesita más Estado, sino de un mejor Estado.

No se necesita más gasto público, sino gasto racional.

Necesitamos más sector privado; más empresas PyMes, con incentivos para invertir, generando más empleos de calidad y bien remunerados, en virtud de ganancias por productividad y competitividad.

En suma, el actual momento de cambio de régimen económico en la Argentina resulta oportuno para replicar lo que está visto que funciona en las economías desarrolladas del mundo, esto es, una política de Estado PyMe.

No se trata esta de una política de protección, sino, por el contrario, de una genuina política de inversión estratégica.