Malvinas en la geopolítica de la hipocresía

En este particular momento del siglo XXI, asistimos a un inusual concurso de hipocresía geopolítica, producto del doble estándar con que algunas de las principales potencias acusan a otras de actos de colonialismo, mientras que ellas mismas simultáneamente lo practican.

Por ejemplo, el presidente estadounidense, Donald Trump, que manifestó en varias ocasiones su deseo de incorporar a Canadá como estado número 51 de la Unión, y que también declaró reiteradamente su intención de comprar Groenlandia por motivos de seguridad estratégica, es el mismo Trump que, en nombre de la fórmula “siempre reviso mis posturas”, sugirió que podría reconocer la soberanía argentina sobre las Malvinas. Cosa que llevó a Javier Milei, en nombre de otra fórmula —“hay vientos de cambio”—, a afirmar por cadena nacional enfáticamente que las Malvinas son argentinas —¿como una novedad que acaba de descubrir?— y a anunciar sanciones a las empresas vinculadas a la explotación petrolera británica.

Se trata del mismo Milei que recientemente envió al Congreso, y defendió con uñas y dientes, una ley que habilitaba a los extranjeros —individuos, empresas, gobiernos— a comprar tierras sin límite alguno. Su canciller llegó incluso a afirmar que no habría obstáculo para que un extranjero comprase un pueblo o una provincia entera.

Démosle crédito al gobierno en su intención de defender la causa de Malvinas. Tomémosle la palabra y que quede claro que en adelante no podrá volver a presentar ningún proyecto para poner en venta el territorio argentino, ya que mal puede defender la Argentina insular quien no está dispuesto a defender la Argentina continental.

Bienvenidas todas las iniciativas para afirmar nuestra soberanía en las Malvinas, Georgias, Sándwich y demás islas del Atlántico Sur, pero es difícil no pensar que quizás Milei buscó que no decaiga el espectáculo de confusión para tapar los agujeros de su gestión.

Al mismo tiempo, observamos que Inglaterra, que usurpa Malvinas desde 1833 cuando las ocupó por la fuerza, anunció ahora, a través de su canciller, Ed Miliband, sanciones comerciales a Israel por los asentamientos ilegales en Cisjordania, acusándolos incluso de llevar adelante una política de limpieza étnica.

El canciller británico también dijo que el Reino Unido sería “implacable” en defensa del derecho de los isleños a ser británicos. Hay que decir que los antecedentes ingleses no contribuyen a dar credibilidad al argumento de la autodeterminación de los kelpers. Una coartada que se esgrime para compensar la falta de fundamentos válidos en favor de su ocupación de Malvinas.

Pensemos en la conducta inglesa con los habitantes de la isla Diego García, en el Océano Índico, que Londres también ocupa ilegítimamente ya que pertenece a la República de Mauricio. Cuando en la década del 60 Inglaterra decidió alquilar la isla a los estadounidenses para la instalación de una base militar, no vaciló en expulsar a toda la población civil de Diego García, población autóctona, a diferencia de los kelpers, que no lo son. Unos 2000 individuos, número equivalente al de Malvinas, fueron expulsados y hasta hoy no han podido regresar a su tierra.

En réplica a las declaraciones de Londres sobre Cisjordania, Israel cerró el consulado británico en Jerusalén por lo que consideró una interferencia a su soberanía, a la vez que sugirió reconocer los derechos de Argentina sobre Malvinas, a través de declaraciones del hijo del premier Netanyahu y de dos de sus principales ministros —uno de ellos es un antipalestino violento—, pidiendo incluso sanciones a Gran Bretaña y la expulsión del embajador británico de Israel.

Es el mismo Israel que ha sido acusado incluso por generales israelíes de querer borrar la presencia palestina de Cisjordania. Y se trata de militares que lucharon por Israel.

Inevitablemente, llega un momento en que uno se pregunta: ¿qué hacer?

No es posible que los principios de soberanía de las naciones y autodeterminación de los pueblos se esgriman según las conveniencias de la circunstancia o se apliquen en base a la proporción de fuerzas.

O bien el mundo recurre a la razón para hacer funcionar o constituir nuevos organismos supranacionales que permitan ordenar la gobernanza mundial que exigen perentoriamente los nuevos desafíos del siglo XXI, o todo se resume al uso de la fuerza.

Esto es vital porque la velocidad que le imprime a los acontecimientos el desarrollo de la innovación tecnológica a través de la inteligencia artificial no deja espacio alguno a la procrastinación.

Si no impera la razón, quedamos en manos de la fuerza. Y ahí se desvanece la humanidad.

Pues, como afirmaba un argentino sabio, “la fuerza es el derecho de las bestias”.