Ley CASI: la propuesta que busca cambiar la respuesta de Honduras ante el abuso sexual infantil

Honduras abrió esta semana el debate sobre una nueva propuesta para enfrentar el abuso sexual infantil.

La Ley CASI fue presentada el lunes 24 de agosto ante el Congreso Nacional y busca establecer un sistema de protección coordinado para prevenir agresiones, acelerar la atención de las denuncias y garantizar acompañamiento médico y psicológico a las víctimas.

La iniciativa fue analizada en el Foro Frente a Frente, donde participaron la diputada del Partido Liberal y presidenta de la Comisión de Familia del Congreso Nacional, Alejandra Vallecillo; Diana Medina, exfiscal de la Niñez y experta en abuso sexual infantil; y Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ.

Los tres participantes analizaron la propuesta desde diferentes perspectivas y destacaron la importancia de fortalecer la respuesta institucional, mejorar la prevención y garantizar una atención que coloque la protección de los menores como prioridad.

Uno de los principales alcances de la Ley CASI es establecer una respuesta institucional rápida. El proyecto plantea que, cuando una institución o funcionario reciba una denuncia de abuso sexual contra un menor, se activen los mecanismos de protección en menos de 24 horas.

La propuesta busca evitar que las denuncias queden detenidas por falta de coordinación o por retrasos en la actuación de las autoridades. El Ministerio Público y las demás instituciones involucradas tendrían que reaccionar de manera inmediata ante una sospecha o denuncia.

Para Diana Medina, el cambio debe ir acompañado de responsabilidades concretas para quienes no cumplan con su obligación. La exfiscal considera que la respuesta institucional debe tener consecuencias cuando exista negligencia.

“Omisiones injustificadas, negligencia tienen aparejadas sanciones”, explicó Medina. A su juicio, no basta con establecer procedimientos si quienes reciben una denuncia no tienen consecuencias cuando dejan de actuar.

“Si me llega la denuncia y yo no reacciono de manera ágil en respuesta, hay sanciones aparejadas. Es necesario que la negligencia institucional se sancione”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es que los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual puedan brindar su testimonio una sola vez.

La finalidad es evitar que tengan que repetir lo ocurrido ante distintas instituciones o funcionarios, una situación que puede representar una nueva afectación emocional para el menor.

La propuesta contempla además que las víctimas reciban atención médica y psicológica durante el proceso, además de un acompañamiento personalizado.

Para los impulsores de la iniciativa, esta modificación permitiría colocar al niño en el centro de la respuesta institucional y reducir el impacto que puede provocar un proceso en el que la víctima debe contar reiteradamente una experiencia traumática.

Desde el Congreso Nacional, Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión de Familia, destacó el papel que tendrá el Legislativo en el proceso que comienza con la presentación de la iniciativa.

La comisión que preside deberá estudiar el proyecto y elaborar el dictamen correspondiente antes de que la propuesta continúe su trámite legislativo.

La discusión de la Ley CASI coloca al Congreso ante el reto de revisar cómo las distintas instituciones del Estado responden actualmente ante las denuncias y qué mecanismos pueden establecerse para garantizar una atención más rápida y coordinada.

La propuesta busca precisamente crear un marco nacional de protección que permita definir responsabilidades y procedimientos de actuación frente a los casos de abuso sexual infantil.

Desde su experiencia como exfiscal de la Niñez, Diana Medina puso especial énfasis en la importancia de escuchar a los menores y prestar atención cuando revelan una situación de violencia.

“Los niños no mienten sobre eso”, afirmó la especialista durante el análisis de la iniciativa.

Medina explicó que existen dos razones por las cuales un niño o una niña habla de violencia: porque la está viendo o porque la está viviendo. En ambos casos, señaló, los adultos deben reaccionar.

“¿Y cómo se reacciona? Creyéndoles”, sostuvo Medina, al remarcar la importancia de tomar en serio el testimonio de los menores.

Su planteamiento apunta a que la respuesta inicial de familiares, docentes, funcionarios y adultos puede ser determinante para activar los mecanismos de protección y evitar que una denuncia sea ignorada.

La Ley CASI también plantea que la protección infantil no debe comenzar únicamente después de una agresión. La iniciativa contempla medidas preventivas para los espacios donde los menores estudian, reciben atención o desarrollan actividades.

Medina puso como ejemplo una escuela de natación. De acuerdo con su explicación, este tipo de establecimientos tendría que cumplir determinados lineamientos para obtener su permiso de operación.

Entre las medidas se incluiría verificar a las personas contratadas, contar con protocolos para responder ante sospechas o denuncias de violencia y reportar los casos a las autoridades correspondientes.

El incumplimiento de estas obligaciones podría generar sanciones e incluso provocar la cancelación del permiso de operación.

La propuesta busca así trasladar parte de la responsabilidad de protección a las instituciones y establecimientos que trabajan directamente con niños y adolescentes.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, participó en el análisis desde la perspectiva de la sociedad civil y la seguridad, en un debate centrado en la necesidad de fortalecer la respuesta institucional ante el abuso sexual infantil.