La política de Defensa libertaria: reivindicación discursiva, estrategia delegada y bajo presupuesto

Desde su llegada al poder, el gobierno libertario convirtió a la Defensa en una de sus principales banderas discursivas. Uno de sus lemas fue la puesta en valor de unas Fuerzas Armadas que venían de años de abandono, estigmatización y desaciertos en la gestión. En ese diagnóstico inicial es posible encontrar algunos puntos de coincidencia. Sin embargo, entre el diagnóstico y la acción existe una distancia considerable.

A pesar de una intensa estrategia comunicacional basada en videos de estética cinematográfica, anuncios grandilocuentes y ejercicios conjuntos con potencias extranjeras, el gobierno no impulsó transformaciones de fondo. Por el contrario, la gestión libertaria, primero encabezada por Luis Petri y actualmente bajo la gestión del General Presti, ha profundizado varios de los problemas estructurales que afectan a las Fuerzas Armadas.

Detrás de la puesta en escena y de los anuncios de alto impacto mediático, continúa ausente una política integral de Defensa que permita recuperar capacidades, fortalecer el instrumento militar y proyectar una estrategia nacional sostenible en el tiempo.

La primera pregunta que debería responder la gestión libertaria es cómo pretende sostener un discurso de recuperación de capacidades militares mientras destina a la Defensa el presupuesto más bajo de los últimos veinte años.

Si repasamos los últimos gobiernos, observamos que el promedio anual más elevado de gasto en Defensa de los últimos veinticinco años correspondió al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con unos 4.900 millones de dólares constantes. En tanto que la administración de Javier Milei se ubica en torno a los 4.100 millones de dólares anuales y, de mantenerse la tendencia actual, probablemente concluya su mandato con un promedio inferior a los 4.000 millones de dólares por año. El gobierno que más ha hablado de recuperar las Fuerzas Armadas es, al mismo tiempo, uno de los que menos recursos les ha destinado.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo se compatibilizan los anuncios de modernización, reequipamiento y recuperación de capacidades con un presupuesto que se encuentra casi 1.000 millones de dólares por debajo del registrado en 2015? La experiencia demuestra que no existen transformaciones estructurales ni capacidades militares sostenibles sin una inversión acorde. La comunicación puede construir relatos, pero son los presupuestos los que finalmente revelan las verdaderas prioridades de un gobierno.

La respuesta es sencilla: no existe compatibilidad alguna entre esas dos realidades. El mecanismo utilizado para generar esta ilusión de recuperación en las Fuerzas Armadas ha sido, simplemente, aplicar un severo ajuste sobre los salarios militares, que representan alrededor del 80% del gasto total en Defensa, y destinar una parte de ese ahorro a adquisiciones que alimenten ese relato.

El esquema replica, en esencia, la lógica aplicada por el gobierno a nivel nacional con las jubilaciones y pensiones para sostener el equilibrio fiscal. Las adquisiciones realizadas se financian directamente a costa de los ingresos del personal militar. Desde diciembre de 2023, la licuación salarial acumulada de las Fuerzas Armadas se estima en unos 1.200 millones de dólares. Menos de la mitad de ese monto, aproximadamente 500 millones, fue lo destinado a la tan anunciada incorporación de los F-16, los vehículos Stryker y los camiones Unimog.

El resultado son miles de oficiales y suboficiales viviendo bajo la línea de pobreza y soldados directamente en la indigencia, además de un sistema de salud militar quebrado producto de los bajos salarios, que resultan insuficientes para financiarlo.

Pero el recorte presupuestario no se frenó allí y también avanzó sobre los recursos para mantenimiento, sostenimiento, capacidad operacional, adquisiciones y funcionamiento de las unidades militares, incapaces hoy en día de mantenerse normalmente por falta de insumos, equipamiento individual y escasez de alimentos para la tropa.

En este contexto, el Ministerio de Defensa vuelve a apelar a medidas que poco cambian la realidad. El reciente “adicional remunerativo” anunciado para quienes tengan un título terciario o universitario alcanza apenas a una minoría del personal militar, dejando afuera a la gran mayoría de los efectivos, especialmente a los soldados que hoy se encuentran en situación de indigencia.

Todo esto tiene una raíz filosófica, y es que para la mirada liberal, las Fuerzas Armadas son una agencia más del Estado sujeta al equilibrio fiscal, y la soberanía queda subordinada al presupuesto disponible. Por eso resulta coherente, dentro de esa lógica, tener soldados pobres y aviones nuevos, lo que les permite “optimizar” el gasto y al mismo tiempo sostener el relato.

Para finalizar, el estado de situación se completa con la falta absoluta de una planificación estratégica propia, la subordinación total y sin concesiones a voluntades extranjeras que se circunscribe a la participación en ejercicios de cooperación, dejando voluntariamente que la Defensa de nuestra patria sea guiada por programas de otros países, con sus intereses, prioridades y objetivos específicos.

Muestra de esto es el tratado firmado entre la Armada Argentina y el Comando Sur en el marco del programa internacional llamado “Bienes Comunes Globales”, sin intervención del Ministerio de Defensa, como si el comando inmediato superior de la armada fuese ese organismo internacional.

La Argentina merece verdaderamente reconstruir nuestras FFAA bajo una concepción nacionalista que parta de la premisa opuesta. Donde la soberanía no se negocie y la defensa de la patria sea una inversión irrenunciable del Estado nacional. Y exige también una fuerte autocrítica: el peronismo tuvo años para revertir la situación y no lo hizo. Asumirlo es la condición para construir una alternativa creíble.

Hubo en nuestra historia una doctrina nacionalista que entendió la defensa como parte indivisible del desarrollo de la patria, una visión que ligó la industria, el trabajo y la soberanía en un mismo proyecto, y que concibió a la Nación entera como sustento de su propia defensa.

Argentina posee un extenso litoral marítimo, largas fronteras terrestres, recursos naturales de enorme valor estratégico en disputa y una presencia irrenunciable en el Atlántico Sur. La protección de esos intereses exige presupuestos acordes, planificación de largo plazo basada en prioridades nacionales, con cooperación pero sin subordinación a intereses de potencias extranjeras, desarrollo industrial propio y, por sobre todas las cosas, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que puedan ejercer su profesión con dignidad.

Mientras eso no ocurra, las adquisiciones de los F-16, los Stryker y los grandilocuentes discursos sobre recuperación y grandeza militar seguirán siendo recursos de propaganda. Detrás de la puesta en escena permanecerá intacta la deuda de reconstruir las capacidades necesarias para garantizar la defensa de la soberanía nacional.

*El autor es Teniente General (RE). Se desempeñó como Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino entre 2013 y 2015