El mayor riesgo no es El Niño

Las señales sobre un posible fortalecimiento de los fenómenos El Niño Costero y El Niño Global han vuelto a encender las alertas en el país. La preocupación es comprensible. Mientras un eventual Niño Costero podría generar lluvias intensas e impactos sobre infraestructura y logística, un Niño Global podría afectar la disponibilidad de agua en zonas agrícolas de la sierra sur. Ambos escenarios representan riesgos para la producción, las exportaciones y el empleo.

Sin embargo, aunque los riesgos climáticos son reales y merecen toda la atención de las autoridades, el mayor riesgo para el Perú sigue siendo otro: enfrentar estos fenómenos con las mismas debilidades institucionales de siempre.

La experiencia reciente debería servir de advertencia. En 2023, los efectos asociados a El Niño afectaron actividades productivas clave. En pesca, la suspensión de la primera temporada de anchoveta provocó que las exportaciones de harina de pescado cayeran un 50% en valor y un 52.5% en volumen. En agricultura, distintos cultivos enfrentaron problemas asociados a cambios en temperaturas, lluvias y disponibilidad de agua. Además, los impactos sobre la agroexportación estuvieron asociados a la pérdida de más de 30,000 empleos directos y más de 300,000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Hoy, principales productos de agroexportación generan más de US$ 8,400 millones anuales. Arándanos, uvas, paltas, café, cacao, mango y mandarinas. Ello no significa que toda esta actividad vaya a verse afectada, pero sí evidencia la importancia económica de un sector particularmente sensible a eventos climáticos extremos.

Los riesgos tampoco terminan en la producción agrícola o pesquera. Carreteras, puentes, sistemas de riego y cadenas logísticas pueden verse afectados, elevando costos, reduciendo la competitividad de nuestras exportaciones y dificultando el abastecimiento de bienes para la población.

Lo preocupante es que, pese a conocer estos riesgos, seguimos mostrando limitaciones para prepararnos adecuadamente. La evidencia es contundente. Según la RENAMU 2025, el 75.8% de las municipalidades requiere asistencia técnica en procedimientos administrativos, mientras que el 66.5% necesita apoyo en formulación y evaluación de proyectos. A ello se suma que, solo en 2025, los gobiernos locales dejaron sin ejecutar más de S/ 8,000 millones que pudieron destinarse a infraestructura y mejores servicios para la población.

La situación resulta aún más alarmante cuando se observa la ejecución de los recursos destinados específicamente a la reducción de vulnerabilidades y atención de emergencias. Pese a la creciente preocupación por los fenómenos climáticos, el avance en la utilización de estos recursos continúa mostrando importantes rezagos.

El problema no es la falta de información. Tampoco la falta de recursos. El problema es nuestra incapacidad para convertirlos en prevención efectiva.

Por ello, una de las primeras grandes pruebas para el próximo gobierno será precisamente la gestión de estos riesgos. La nueva administración asumirá funciones con una amenaza climática latente y con pocos meses para implementar acciones concretas. En términos prácticos, iniciará su gestión con un marcador adverso y sin margen para errores.

La hoja de ruta es conocida. Priorizar obras de prevención, fortalecer las capacidades de gobiernos regionales y municipales, acelerar proyectos de infraestructura resiliente, mejorar la coordinación entre entidades públicas y garantizar una ejecución más eficiente de los recursos disponibles. Nada de ello requiere un nuevo diagnóstico. Requiere decisión política y capacidad de gestión.

Los fenómenos climáticos no pueden evitarse. Sus impactos sí pueden reducirse. El Perú necesita pasar, de una vez por todas, de la reacción a la prevención. Porque los fenómenos climáticos seguirán ocurriendo. Lo que el Perú no puede permitirse es seguir enfrentándolos con las mismas debilidades institucionales de siempre.