
Hay debates que obligan a revisar los cimientos. La propuesta que Milei-Sturzenegger defendieron en el Financial Times tiene ese mérito: puso a la Argentina en el centro de una discusión global. En lugar de llegar tarde a una conversación escrita por otros, esta vez la abrimos nosotros. Que Yuval Noah Harari respondiera que sería un error confirma la magnitud de lo que se destapó. Acertaron al abrir el debate; otra cosa es darlo por resuelto.
Y justamente porque la discusión es tan importante conviene empezar un paso antes.
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Antes de preguntar si corresponde dar responsabilidad limitada a empresas operadas por agentes de IA, conviene preguntar qué clase de tecnología es esta y qué lugar pueden ocupar en ella el mercado y el Estado.
Una pregunta elemental ordena el problema: ¿por qué no existe un mercado libre de armas nucleares? La respuesta no es moralista ni estatista. Es microeconómica. Hay actividades donde el daño potencial excede por mucho el patrimonio de cualquier empresa y cualquier seguro. Cuando eso pasa, el mercado deja de disciplinar la conducta: las ganancias son privadas y las pérdidas, socializadas o incobrables. La misma lógica disciplina el crédito a una empresa al borde de la quiebra, que tiene incentivos a apostar fuerte con plata ajena: el mercado se retrae solo, sin que nadie lo prohíba.
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La IA de frontera empieza a parecerse más a esas industrias que a un software común.
Su potencial positivo puede ser extraordinario, de la salud a la ciencia. Pero su daño plausible (ciberseguridad, infraestructura crítica, sistemas militares, bioseguridad) ya es tratado como asunto estratégico por los Estados. El episodio de Anthropic del viernes 12/6 lo dejó a la vista. Sin tomar partido entre empresa y Casa Blanca, el dato institucional es nítido: el gobierno del país más promercado del mundo en tecnología ordenó, por control de exportaciones y seguridad nacional, bloquear el acceso a sus modelos más potentes, y la empresa terminó desactivándolos. En China, en la última ronda de DeepSeek, el fondo estatal conservó derechos de voto que el resto de los inversores resignó.
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Nada de esto pide intervención estatal; describe una regularidad. Cuando el daño potencial se percibe muy por encima del capital privado y asegurable, la protección a la propiedad privada se debilita. Fácticamente es eso lo que ocurre. Es coherente, además, con algo que el propio Gobierno repite: no hay mejor garantía de los derechos de propiedad que un fisco ordenado. La contracara es que, cuando una actividad pone en juego daños sistémicos no asegurables, esa garantía se vuelve menos creíble, gobierne quien gobierne.
Por eso la discusión sobre “corporaciones no humanas” es importante, pero subordinada. Y por eso mismo, estratégica. Primero hay que entender cuál será el rol legítimo de las empresas privadas en una industria donde el daño potencial puede ser mucho mayor que patrimonio más seguro. Recién después tiene sentido elegir qué vehículos societarios convienen para desplegar agentes autónomos. En ese marco, seguir y participar de la investigación en alignment (hacer estos sistemas confiables y controlables) deja de ser un lujo académico y pasa a ser infraestructura básica.
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Nada de esto vuelve inútil la idea argentina. Al contrario. Si aparecen modelos mucho más testeados, con resguardos confiables y riesgos acotados, las sociedades automatizadas que imaginan Milei y Sturzenegger podrían tener enorme valor. Y ahí está la jugada: posicionar a la Argentina por fuera de la disputa por la frontera. Esa frontera concentra a la vez lo mejor y lo peor —la promesa de “Machines of loving grace” que describe Dario Amodei y, al mismo tiempo, el riesgo de catástrofe—, y todo indica que quedará en manos de las dos potencias dispuestas a pagar ese costo: Estados Unidos y China.
Es la diferencia entre la energía nuclear que ilumina ciudades y la lógica de la bomba: misma física, destinos opuestos. Argentina no tiene por qué jugar a la bomba. Pero en la capa de los reactores (la de la IA confiable, valiosa y gobernable) sí puede, y debería, jugar fuerte.
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