No existen los milagros educativos, existen las políticas educativas

En términos teológicos, un milagro es un evento que no puede explicarse por el curso ordinario de la naturaleza. Informalmente, llamamos milagro a lo que parecía imposible y sin embargo ocurrió. La palabra tiene una trampa: atribuir a lo sobrenatural lo que es producto del trabajo humano sostenido. A principios del siglo XX, en Roma, se hablaba del “Milagro de San Lorenzo" para explicar cómo niños de los barrios más pobres aprendieron a leer y escribir. No hubo milagro. Hubo una persona, María Montessori, que usó la observación y el método para lograr lo que se creía inalcanzable.

La misma confusión se repite cuando se habla del "Milagro de Mississippi“. El estado más pobre de Estados Unidos pasó en dos décadas de ser el peor puntuado a liderar las evaluaciones nacionales de lectura en primaria. La explicación popular lo atribuye a un método de enseñanza. Esa es parte de la historia. Lo que hizo Mississippi fue construir un sistema completo: definió qué enseñar, cómo medirlo, qué pasa cuando no funciona, y quién responde cuando falla. Y le llevó veinticinco años.

Tres decisiones fueron clave. La primera consistió en subir los estándares sin negociarlos. Los alumnos que no alcanzaran el nivel lector esperado al terminar tercer grado repetían el año, con acompañamiento temprano y apoyo, no como castigo. La segunda fue hacer públicos los resultados. Cada escuela y cada distrito recibía una calificación de A a F, visible para todos. Los padres sabían cómo le iba a su hijo y cómo le iba a la escuela. Esa información no era un dato estadístico, era la herramienta que permitía a cada familia tomar decisiones reales sobre la educación de sus hijos. La tercera es que había consecuencias reales. En el caso de un distrito con resultados insuficientes por dos años consecutivos, el Estado podía disolver su consejo escolar y remover a sus autoridades. En paralelo, quienes rendían bien ganaban mayor autonomía para gestionar sus escuelas. El Estado no aplicaba el mismo criterio a todos: premiaba el desempeño con libertad y respondía al bajo rendimiento con asistencia directa. Todo respaldado por leyes, no por resoluciones. Llamar “milagro” a esto es menospreciar veinticinco años de decisiones difíciles.

Cuando los índices de alfabetización son malos, y en Argentina son malos, las críticas apuntan al gobierno nacional. Esa dirección es, en gran medida, incorrecta. La Constitución Nacional y la Ley de Educación Nacional son claras: la responsabilidad originaria recae sobre las provincias. El gobierno nacional no administra escuelas ni designa docentes provinciales. Lo que puede hacer es establecer marcos comunes y convocar a las provincias a través del Consejo Federal de Educación. Y es lo que hizo. Abrió un área específica de alfabetización con partida presupuestaria propia y consensuó un Plan Nacional de Alfabetización con las veinticuatro jurisdicciones. Ese es el límite real de su competencia.

El problema es que varias provincias van al Consejo Federal, votan el plan y después no hacen lo que hay que hacer. Firman, vuelven a sus territorios y todo sigue igual. Y cuando los números son malos, la crítica recae sobre la Nación mientras las provincias permanecen fuera del foco. Es un mecanismo cómodo: delegar la responsabilidad hacia arriba y escudarse en el federalismo cuando llega la hora de rendir cuentas. Mississippi no fue rescatado por Washington. Lo resolvió Mississippi.

Para que el Plan Nacional de Alfabetización no sea un documento más, hacen falta tres cosas que hoy la ley vigente no permite ni garantiza.

La primera es que los resultados lleguen a las familias. Hoy existen datos por provincia pero esa información no baja al nivel de cada escuela y no llega a los padres de forma clara y accesible. El artículo 97 de la Ley Nacional de Educación prohíbe usar resultados de evaluaciones para establecer comparaciones públicas entre escuelas. Esa restricción termina protegiendo la opacidad y le quita a las familias la herramienta más básica para elegir: saber cómo rinde la escuela de su hijo.

La segunda es diferenciar según resultados. Las escuelas que demuestren avances reales merecen mayor autonomía para gestionar sus propios procesos. Las que no estén alcanzando los estándares necesitan acompañamiento directo y, si corresponde, consecuencias concretas. Aplicar el mismo criterio a todos es la receta para que nada cambie. Mississippi lo entendió y otorgó mayor libertad para los que rinden y responsabilidad para los que no.

La tercera es que el incumplimiento tenga costos reales. Hoy una provincia puede adherir al Plan Nacional de Alfabetización y no implementarlo sin consecuencia alguna. El financiamiento nacional fluye igual. Eso tiene que cambiar.

Gran parte de lo que hace falta ya está planteado en la propuesta de Ley de Libertad Educativa impulsada por el gobierno nacional. El proyecto obliga a publicar resultados por institución en un portal abierto, condiciona las transferencias nacionales al cumplimiento de objetivos educativos, y pone en el centro el derecho de las familias a elegir con información real. No alcanza con tener un buen plan, hacen falta leyes que obliguen a cumplirlo y que pongan en evidencia a quienes no lo hacen.

La educación no le pertenece a ninguna ideología. Los índices de alfabetización son un problema de todos y las soluciones requieren acuerdos que sobrevivan a los cambios de gobierno. Mississippi lo sostuvo durante cinco gobernaciones distintas.

Lo que ocurrió ahí no fue un milagro. Tampoco lo que logró Montessori en Roma. Fueron decisiones. Argentina también puede tomarlas. El primer paso es que cada provincia se haga cargo de lo que le corresponde y que tengamos las leyes para exigírselo cuando no lo hace.