La ignorancia no es neutral: bioética y legislación sanitaria

En toda democracia representativa subyace una premisa tan extendida como problemática: quien ha sido elegido por el voto popular se encuentra habilitado para decidir sobre cualquier materia. Sin embargo, cuando sobre lo que se decide es la vida humana, la salud pública o la biotecnología, donde convergen saberes multidisciplinarios de alta complejidad, esa premisa deja de ser inocua. No se trata de una objeción elitista ni de una defensa de la tecnocracia, sino de una advertencia estrictamente ética por la cual, la ignorancia, en determinados contextos, no es neutral; produce daño.

La legislación sanitaria argentina de los últimos años, particularmente bajo administraciones anteriores, ofrece ejemplos elocuentes de este problema. Diversos debates parlamentarios evidenciaron una preocupante superficialidad conceptual.

Así ocurrió, por ejemplo, con la cobertura de tratamientos de alto costo (2018-2023), con las regulaciones en torno a técnicas de reproducción asistida (desde 2013), con el aborto (2018 y 2020), con la vacunación en pandemia (2020-2021), con la salud mental (2010), sobredimensionando los tratamientos ambulatorios sobre internaciones involuntarias, restringidas a “riesgo cierto e inminente” sin evidencia científica suficiente para casos graves, provocando suicidios, violencia contra terceros y desprotección de pacientes y familias.

A ello se suman distintas regulaciones adoptadas en contextos de emergencia sanitaria (2020-2021), la ley de identidad de género (2012) y sus derivación en tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas en menores de edad, presentados como procedimientos de afirmación de género (2020). Asimismo, discusiones incipientes, aún no consolidadas en el plano legislativo, en torno al final de la vida y la eutanasia.

En muchos de estos casos, problemas estructurales fueron reducidos a consignas ideológicas o a simplificaciones mediáticas, con consecuencias concretas tales como daños físicos y psicológicos de carácter irreversible, normas inconsistentes, judicialización creciente, desigualdades en el acceso y un sistema de salud tensionado por decisiones legislativas mal fundamentadas. No obstante, en la actualidad, comienzan a emerger nuevas instancias de discusión legislativa orientadas a corregir marcos normativos anteriores, lo que refuerza la necesidad de que esos debates se desarrollen con mayor responsabilidad epistémica. Por ejemplo, el DNU 62/2025, prohibiendo las intervenciones de afirmación de género en menores priorizando la salud integral de niños y adolescentes, así como el nuevo proyecto de ley de salud mental (2026).

Precisamente, es la irresponsabilidad epistémica la que produjo esos problemas legislativos, dado que se han tomado decisiones en ausencia de los conocimientos mínimos necesarios y evidencia para comprender aquello que se decide. Lejos de ser una falencia individual, se trata de una falla estructural del campo político cuando este desconoce sus propios límites.

En términos de Pierre Bourdieu, cada campo social posee una lógica propia, un capital específico y un conjunto de competencias que no pueden ser sustituidos sin más. Cuando el campo político pretende legislar sobre el campo sanitario sin incorporar su racionalidad interna, incurre en una forma de violencia simbólica imponiendo categorías externas que distorsionan la práctica sanitaria y el sentido mismo de la norma. No es la política la que se fortalece; es la arbitrariedad la que se expande.

Desde otra perspectiva, Richard Posner ha mostrado que las decisiones jurídicas sin base en el conocimiento experto no sólo son normativamente débiles, sino también ineficientes. En el ámbito sanitario, esto se traduce en mayor litigiosidad, asignación irracional de recursos, aumento de costos y daños que, en no pocos casos, pueden resultar difíciles de revertir, afectando de modo especial a los sectores más vulnerables.

Por su parte, Michael Sandel advierte que la deliberación democrática exige algo más que la mera agregación de voluntades. Requiere una discusión sustantiva sobre el bien común. Pero esa deliberación sólo es posible cuando quienes participan comprenden el objeto del debate. De lo contrario, la democracia se vacía de contenido y se transforma en una formalidad que legitima decisiones mal informadas.

El problema, entonces, no es si los representantes deben decidir, pues esa es la esencia misma de la democracia, sino cómo y en qué condiciones epistémicas lo hacen. Y es aquí donde emerge la pregunta decisiva, ¿debe exigirse una formación mínima para legislar sobre salud y biotecnología?

La objeción habitual apela al riesgo de una deriva tecnocrática. Sin embargo, esta crítica parte de una falsa dicotomía. No se trata de reemplazar la democracia por el gobierno de expertos, sino de reconocer que toda decisión en materia bioética requiere un umbral mínimo de comprensión. De lo contrario, la representación política se convierte en una ficción peligrosa que autoriza formalmente para decidir sobre aquello que no se entiende.

En este punto, la discusión no puede resolverse únicamente en términos institucionales o procedimentales. Requiere un fundamento más profundo, capaz de articular poder, conocimiento y responsabilidad. Es aquí donde la Ética del Límite ofrece una clave interpretativa y normativa decisiva.

La Ética del Límite parte de una premisa fundamental. Todo poder que no se autolimita deviene en violencia. No se trata de restringir la acción por mera prudencia ni por imposiciones externas, sino de crear una condición ontológica de legitimidad. Un poder que desconoce aquello que no sabe y, sin embargo, actúa como si lo supiera, no sólo se excede, se deslegitima.

Aplicada a la legislación sanitaria, esta Ética del Límite impone un principio claro. El poder de decidir debe ser proporcional al conocimiento del objeto sobre el cual se decide. Cuando esta proporcionalidad se rompe, aparece la irresponsabilidad epistémica como forma de hybris política, es decir, como un exceso de poder sin correspondencia en la comprensión.

Desde esta perspectiva, la exigencia de una idoneidad bioética mínima no es una concesión tecnocrática, sino una exigencia ética derivada del propio concepto de límite. No implica excluir al representante, sino obligarlo a reconocer aquello que no domina y, en consecuencia, a integrar saberes expertos, formación específica o instancias de deliberación cualificada.

El límite, en este sentido, no restringe la democracia, la funda. Porque impide que la decisión se convierta en arbitrariedad y obliga a que el poder se ejerza dentro de un marco de responsabilidad cognitiva.

Más aún, la Ética del Límite permite superar la falsa oposición entre voluntad popular y conocimiento experto. Porque la voluntad sin conocimiento degenera en arbitrariedad, y el conocimiento sin voluntad carece de operatividad política. Luego, sólo su articulación, mediada por el reconocimiento del límite, produce decisiones éticamente válidas.

En términos concretos, esto implica avanzar hacia mecanismos institucionales que traduzcan este principio en prácticas mediante formación obligatoria en bioética para legisladores que intervengan en estas materias, incorporación de comités técnicos interdisciplinarios con incidencia real en el proceso normativo y procedimientos deliberativos que registren y expliciten los fundamentos de cada decisión. No como un lujo académico, sino como una condición mínima de legitimidad.

La bioética, en su origen, surgió precisamente para poner un freno al avance desregulado de la técnica y del poder. Hoy, ese mismo límite debe aplicarse a la política. Porque cuando el poder legisla sin comprender, no sólo se equivoca, produce daño. Y ese daño no es abstracto. Se traduce en pacientes sin tratamiento, en recursos mal asignados, en derechos vulnerados y en vidas afectadas por decisiones que nunca debieron tomarse en esas condiciones.

La democracia no se debilita cuando exige idoneidad a quienes deciden; se degrada cuando convierte la sola representación popular en criterio suficiente para legislar sobre aquello que no se comprende. Porque sin conocimiento no hay deliberación legítima, y sin límite, el poder deja de ser política para convertirse en una forma de riesgo institucionalizado.