
La violencia, en todas sus formas, puede ser ejercida tanto por varones como mujeres, siendo un hecho repudiable que atenta contra los derechos humanos. No obstante, la evidencia empírica demuestra que a lo largo de la historia las mujeres tienden a ser principalmente las víctimas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que en las Américas esta problemática continúa siendo un grave tema de salud pública, de carácter persistente y estructural, al revelar que 1 de cada 3 mujeres de 15 años o más en la región ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida[1]. Frente a este problema, las mujeres víctimas se encuentran frente a la disyuntiva de guardar silencio o ingresar al sistema de justicia a través de su pertinente denuncia.
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Denunciar judicialmente un acto de violencia de género no resulta ser un proceso “acogedor”. Por el contrario, es recorrer un sinfín de instituciones que ponen de manifiesto las significativas deficiencias del sistema judicial para investigar en forma adecuada y dar respuesta expedita a los casos que involucran niños.
Más aún donde existen infancias en riesgo, con niños manipulados, violentados -física, emocional y psíquicamente, entre otras-. Es más, ciertos actores competentes muchas veces desconocen aspectos clave que permitan identificar indicios de violencia de género. Lamentablemente, las muertes de Lucio y Ángel revelan la ineficacia del sistema judicial para investigar en forma adecuada y proteger con inmediatez la niñez.
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Como es sabido, las mujeres que se “animan” a denunciar en el sistema institucional no tienden a recibir la protección adecuada que intentan lograr ni para sus hijos/as ni para ellas mismas, siendo percibidas con falta de credibilidad y legitimidad de sus relatos. Si bien hombres y mujeres pueden realizar denuncias falsas, los datos demuestran otra realidad. Según datos empíricos, las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos de violencia de género a nivel mundial[2]. Por el contrario, no existe evidencia empírica que avale que los varones son víctimas de estos tipos de denuncia.
En consecuencia, el proyecto de Ley S-0228/2025, que se orienta a modificar el Art. 245 del Código Penal con el objeto de incrementar las penas frente a las denuncias falsas presenta diversas deficiencias que distan de la realidad empírico social. En especial, constituye un retroceso sobre los avances adquiridos y el principio de progresividad del derecho. En sí, el principal propósito de esta iniciativa es disciplinar y amedrentar a las mujeres para que no denuncien.
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Más aún, existe una problemática escasamente visibilizada, que es cuando los niños pierden la autonomía en su voz, siendo manipulados e instrumentalizados por los adultos -quienes los impulsan a realizar denuncias falsas sobre uno de sus progenitores-, incluso con promesas indebidas a través de bienes materiales.
Aquí, los niños se enfrentan en una dicotomía de cuestiones de lealtades filio parentanles, alianzándose principalmente con el opresor, por ser la figura que detenta el poder en todas sus formas.
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Precisamente, este hecho es denominado “violencia vicaria” y aún no está legislado en nuestro país. Así, los niños insertos en este proceso pierden el derecho fundamental a mantener vínculos filiares sanos con ambos progenitores, convirtiéndose en aliados de alguno de éstos y, en consecuencia, perdiendo su derecho fundamental a mantener su familia –aunque sea bajo una nueva dinámica o formato que implica un proceso de separación-. Las víctimas son los niños, quienes, a través de estrategias de manipulación, deterioro de la figura de los progenitores, hostigamiento e invisibilización de roles paterno filiares, pierden su identidad de pertenencia familiar.
Podemos dar testimonio sobre lo que significa atravesar esta realidad donde instituciones escolares y judiciales –entre muchas otras- suelen creer la versión del progenitor manipulador. Llegar a la escuela a retirar a tu hijo y que no esté más constituye un vacío y un dolor indescriptibles, con huellas psíquicas y físicas que no son posibles de borrar. Más aún se reproducen continuamente por la inoperancia de la Justicia, donde prima la impunidad.
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Las escuelas e instituciones suelen desconocer órdenes judiciales, regímenes de visitas establecidos –entre muchos otros aspectos-, siendo cómplices de esta dinámica sistémica. ¿Por qué estos tipos de actos no se investigan en forma expedita y adecuada? ¿Por qué no se piden pruebas que acrediten la credibilidad de estos tipos de hechos? ¿Y por qué son definidos sin evidencia científica los futuros de niños manipulados psicológicamente?
Denunciar estos tipos de actos resulta ser especialmente doloroso donde se manifiesta un vacío con respecto a: 1. la investigación de cada caso en particular; 2. instituciones inoperantes, con profesionales no formados adecuadamente, y, en consecuencia; 3. no logran identificar indicios de maltrato en todas sus formas.
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Incluso, ciertas instituciones adoptan competencias que no le son propias, tal como decidir con quién debe vivir un niño sin la realización de una investigación rigurosa.
El valor primordial que tiende a olvidarse es el derecho del niño de vincularse con ambos progenitores en un espacio cuidado y especializado. Resulta clave identificar el relato de un niño desvinculado de sus vínculos filiares –incluso entre hermanos- que es programado bajo un relato de desprestigio perverso para destruir su derecho fundamental a continuar vinculándose con su familia primaria, siendo rehén de un sistema inefectivo y extremadamente lento.
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En suma, el Estado tiene la obligación expedita -incluso por mandatos vinculantes del sistema nacional, internacional e interamericano- de proteger a las madres y niños antes que resulte tarde.
Los datos sobre feminicidios y las muertes de infantes y adolescentes no puede resultar desestimada. Se trata de preservar el derecho sagrado de los niños de construir vínculos sanos en espacios libres de violencia. De ningún modo pueden existir más Lucios y/o Ángeles. Preservar y proteger la infancia debe ser uno de los valores más valiosos de una sociedad. Lamentarse después, no sirve de nada.
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[1] Organización Mundial de la Salud (2025) La violencia contra las mujeres es generalizada en las Américas, según nuevas estimaciones - OPS/OMS | (Organización Panamericana de la Salud. Publicado el 19 de noviembre de 2025.
[2] Fuente: Estudio de la Universidad de CLAEH con apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de los países Bajos en Uruguay (2025).
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