Del trabajo como derecho abstracto al trabajo como herramienta concreta

El nuevo paradigma propone un desplazamiento conceptual significativo, que va del trabajo entendido como un derecho abstracto, equiparable al empleo en libertad, al trabajo concebido como una herramienta concreta de tratamiento y reinserción.

Este cambio no implica una desvalorización del trabajo, sino todo lo contrario. Al situarlo en su contexto específico, se potencia su capacidad transformadora.

La experiencia acumulada demuestra que la imposición de esquemas laborales rígidos, inspirados en el derecho del trabajo común, resultó en muchos casos disfuncional.

La judicialización de aspectos operativos, la rigidez administrativa y la dificultad para compatibilizar las exigencias laborales con las dinámicas propias del tratamiento penitenciario generaron tensiones innecesarias y, en ocasiones, afectaron el orden intramuros. La nueva normativa, al clarificar el marco jurídico, contribuye a una gestión más eficiente, previsible y coherente.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la reafirmación del carácter obligatorio de determinadas actividades regimentales y de mantenimiento, sin incentivo económico, como parte del régimen penitenciario. Esta concepción refuerza la idea de responsabilidad, convivencia y cuidado de los espacios comunes, elementos esenciales para la vida intramuros y para la construcción de hábitos socialmente valiosos; la obligatoriedad de estas tareas, lejos de orientarse en la faz punitiva, se inscriben en una lógica pedagógica y organizacional.

Asimismo, esta modificación refuerza la idea de que el trabajo en la cárcel debe estar integrado a un proyecto tratamental más amplio, y no funcionar como un compartimento estanco. La formación profesional, la capacitación técnica y la generación de hábitos laborales aparecen como objetivos prioritarios, por encima de la lógica puramente productiva o remunerativa.

La revisión de experiencias previas y el aprendizaje institucional

El recorrido normativo de los últimos años ofrece lecciones valiosas. El Boletín Público Normativo Penitenciario N.º: 732/2021, respondió a un contexto normativo y jurisprudencial específico, caracterizado por la necesidad de brindar respuestas a decisiones judiciales concretas, vinculadas a demandas por licencias y remuneraciones de los internos.

Sin embargo, su implementación puso de manifiesto las dificultades de trasladar esquemas propios del derecho laboral común a un ámbito atravesado por restricciones estructurales; el paso del tiempo y la evolución de las políticas penitenciarias evidenciaron la necesidad de revisar ese enfoque. La derogación de dicha disposición, dispuesta en 2026, no implica una negación de derechos, sino una reorientación hacia un modelo más adecuado a la finalidad formativa del trabajo penitenciario.

Justo es recordar que, mediante la disposición citada, la Interventora del S.P.F., Dra. Garrigos de Rebori, ordenó aprobar un régimen de licencias aplicable a todos los internos que se encontraban bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal, atendiendo a la relación laboral de carácter especial de la que son parte las personas privadas de libertad, bajo un marco de protección acorde con sus derechos fundamentales.

Estas licencias abarcaban supuestos en los que el interno percibiría el total de la remuneración por el trabajo que realizaba cuando se ausentare de sus tareas por: enfermedad inculpable; incapacidad temporal por accidente de trabajo; por el cuidado de hijos o hijas menores; por maternidad; por examen; y finalmente para contraer matrimonio.

También se contemplaba la justificación de inasistencias con percepción de remuneración, por los siguientes motivos: por comparendo administrativo o judicial; por superposición con jornada de visita; por salida extraordinaria otorgada por la autoridad judicial; por cumplimiento de deberes morales (en general, salidas de la Unidad de alojamiento por visitas domiciliarias).

Reinserción social, realismo frente a idealización

Uno de los debates más sensibles en torno al trabajo penitenciario es su impacto en la reinserción social. Durante mucho tiempo, se sostuvo que la equiparación formal con el trabajo en libertad era una condición indispensable para preparar a las personas privadas de libertad para su egreso; sin embargo, la evidencia empírica sugiere que la reinserción depende menos de la forma jurídica de la relación laboral y más de la adquisición efectiva de competencias, hábitos y redes de apoyo.

El nuevo enfoque apuesta a un realismo constructivo, ya que, en lugar de reproducir esquemas laborales que difícilmente puedan sostenerse fuera del contexto carcelario, se prioriza la formación, la capacitación y la certificación de habilidades. Estas herramientas resultan más transferibles al mercado laboral y más útiles para enfrentar los desafíos de la vida en libertad.

La reinserción no es un proceso automático ni lineal, requiere políticas integrales, articulación interinstitucional y un acompañamiento sostenido. El trabajo penitenciario, concebido como parte de ese proceso, debe ser flexible, adaptado a las trayectorias individuales y compatible con las demás dimensiones del tratamiento.

La modernización del trabajo penitenciario no es un asunto a resolver exclusivamente en el ámbito intramuros. Sus efectos se proyectan hacia el conjunto de la sociedad. Un sistema penitenciario más ordenado, coherente y orientado a la reinserción contribuye a reducir la reincidencia y, en consecuencia, a mejorar la seguridad pública.

La experiencia comparada muestra que los sistemas que logran articular trabajo, educación y tratamiento de manera efectiva obtienen mejores resultados en términos de reinserción. La claridad normativa y la adecuación de los programas a la realidad del encierro son condiciones necesarias para avanzar en esa dirección.

En este sentido, la Ley de Modernización Laboral y las recientes adecuaciones del Servicio Penitenciario Federal pueden leerse como parte de una estrategia más amplia, orientada a fortalecer la capacidad del Estado para gestionar el encierro de manera responsable, humana y eficaz.

Pensar el futuro desde el presente

El desafío que se abre a partir de este nuevo marco normativo es consolidar un modelo de trabajo penitenciario que combine orden, formación y sentido. La modernización no es un punto de llegada, sino un proceso en construcción, que requiere evaluación permanente, ajustes y diálogo entre los distintos actores involucrados.

La claridad conceptual alcanzada en esta etapa constituye una base sólida para avanzar, ya que reconocer la especificidad del trabajo en contexto de encierro, ordenar el marco normativo y priorizar la finalidad tratamental son pasos indispensables para construir una política penitenciaria más coherente y efectiva.

Lejos de las simplificaciones y los eslóganes, el nuevo paradigma invita a pensar el trabajo en las cárceles desde una perspectiva madura, que asuma las complejidades del encierro y apueste a soluciones realistas. En ese camino, la Ley Nº 27.802 y las recientes disposiciones del Servicio Penitenciario Federal representan una oportunidad para fortalecer el sistema y contribuir, de manera concreta, a una sociedad más justa y segura.