Competir en estándares: la nueva frontera del acuerdo UE–Mercosur

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur volvió al centro de la conversación pública, pero no tanto por su firma -que lleva más de dos décadas gestándose- sino por el cambio en la naturaleza del debate que lo rodea. La pregunta ya no es si el acuerdo va a existir, sino quién va a estar en condiciones de aprovecharlo y quién va a quedar rezagado. En ese desplazamiento de la discusión está, quizás, lo más interesante del momento actual.

En un webinar organizado por Insight LAC, del que participaron Andrés Malamud (Universidad de Lisboa), Otaviano Canuto (Brookings Institution, ex director de Brasil en el FMI), Ignacio Bartesaghi (Universidad Católica del Uruguay), Esteban Actis (Universidad Nacional de Rosario) y Gustavo Rojas (especialista en relaciones internacionales de Paraguay), la conversación se alejó de las miradas simplificadas que reducen el tratado a un intercambio de productos. Lo que emergió fue algo más complejo: el acuerdo como una agenda de transformación estructural que obliga a repensar competitividad, regulación, capacidades institucionales y estrategia productiva en un contexto global muy distinto al de los años en que comenzó a negociarse.

El tratado se inserta en un mundo que ya no funciona bajo las mismas reglas. El orden multilateral muestra señales de desgaste, el comercio internacional se vuelve más estratégico y la geopolítica vuelve a pesar en las decisiones económicas. En ese marco, el acuerdo aparece, al mismo tiempo, como una herramienta de previsibilidad y como un instrumento que llega en un momento incómodo: tarde para algunos sectores, justo a tiempo para otros. No es un punto de llegada, sino una plataforma que puede habilitar oportunidades si se la entiende como parte de una estrategia más amplia.

Uno de los ejes más sustantivos de la discusión giró en torno a una idea que todavía no termina de instalarse del todo: este no es, esencialmente, un acuerdo de aranceles. Es, sobre todo, un acuerdo de estándares. Europa no importa solo bienes; importa procesos, certificaciones, trazabilidad, normas ambientales, requisitos sanitarios y laborales. En ese sentido, la competitividad regulatoria empieza a pesar tanto como la competitividad en costos. Y ese cambio de paradigma reconfigura completamente la conversación.

Un dato ilustrativo ayuda a dimensionar este desafío: alrededor del 75% de las medidas técnicas entre la UE y el MCS difieren entre sí, lo que implica que la adaptación normativa será una tarea extensa y compleja, especialmente para las pymes. Este tipo de brechas regulatorias, más que los aranceles, serán las que definan en la práctica quién logra acceder al mercado europeo y quién queda afuera.

Esto obliga a una preparación que no siempre se ve reflejada en el debate público. Modernizar sistemas sanitarios, mejorar la trazabilidad, fortalecer las agencias regulatorias, acompañar a las empresas en el cumplimiento de normas técnicas, articular políticas de adaptación productiva son tareas menos visibles que la discusión sobre aranceles, pero probablemente más determinantes para el aprovechamiento real del acuerdo.

También apareció con fuerza una idea que incomoda pero que no puede ignorarse: los impactos económicos no automáticos. El crecimiento del comercio será gradual, los efectos sobre el PBI serán positivos pero moderados, y los beneficios estarán distribuidos de manera desigual entre países, regiones y sectores. Incluso en los casos más favorables, las ganancias de largo plazo pueden ser significativas pero acotadas; por ejemplo, en algunos países el impacto podría rondar alrededor del 1,5% del PBI a largo plazo, lo que confirma que el acuerdo es estratégico, pero no transformador por sí solo.

El verdadero riesgo, entonces, no es tanto perder mercados, sino quedar atrapados en una estructura productiva cada vez más concentrada en actividades primarias si no se acompaña el proceso con políticas de diversificación. La pregunta de fondo no es si se va a exportar más carne o más granos, sino si el acuerdo puede convertirse en una palanca para escalar en cadenas de valor, atraer inversión, incorporar tecnología y fortalecer capacidades locales.

También hay puntos que suelen quedar fuera del radar: la implementación del acuerdo ocurre en un contexto de fragmentación política tanto en Europa como en el Mercosur. Las tensiones internas, las discusiones sobre cuotas, las resistencias sectoriales y las incertidumbres institucionales forman parte del escenario. El tratado no se aplicará en un vacío técnico, sino en un terreno atravesado por debates políticos y asimetrías económicas.

En ese marco, la clave parece estar en la anticipación. Los acuerdos comerciales no se aprovechan por inercia. Se gestionan. Requieren coordinación público-privada, inteligencia comercial, inversión en capacidades y una estrategia clara de inserción internacional. Los países que empiecen ahora a prepararse -antes incluso de que el acuerdo entre en vigor plenamente- tendrán una ventaja significativa. Los que esperen a reaccionar, probablemente lleguen tarde.

Lo más sustantivo de la conversación no estuvo en la pregunta clásica sobre si el acuerdo es “bueno o malo”, sino en cómo convertirlo en una herramienta útil. El comercio mundial se vuelve más exigente, más regulado y más estratégico, por lo que la capacidad de adaptación pasa a ser el verdadero diferencial. El acuerdo puede ser una oportunidad para integrarse de manera más sofisticada a las cadenas globales, pero también puede reforzar desequilibrios si no se lo acompaña con decisiones de política deliberadas.

La ventana de tiempo que se abre ahora es el momento más crítico. No para discutir el texto del acuerdo, sino para construir las condiciones internas que permitan aprovecharlo. Porque, al final, los acuerdos no transforman economías por sí solos. Lo que transforma son las decisiones que se toman a partir de ellos.

La autora es directora de Insight LAC