Personas con discapacidad, grandes ausentes en la modernización laboral

El proyecto de ley de modernización laboral que está en el Congreso tiene 71 páginas y 197 artículos. Modifica períodos de prueba, indemnizaciones, jornadas, fondos de cese. Crea regímenes nuevos, reduce aportes patronales, impulsa la formalización. Hay de todo en esas páginas.

Menos una cosa: ni una palabra sobre inclusión laboral de personas con discapacidad.

Es como si renováramos una casa entera y nos olvidáramos de que el 10,2% de la familia no puede subir las escaleras. Porque eso es exactamente lo que pasa acá: dejamos afuera, otra vez, a más de 1,5 millones de personas con Certificado único de Discapacidad que enfrentan la barrera más alta de todas cuando buscan un empleo.

Los números no mienten. Según la OIT y la, ahora extinta, Agencia Nacional de Discapacidad, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad en Argentina tienen trabajo. Pero es peor: apenas el 9% de quienes tienen CUD y están en edad laboral cuenta con empleo registrado. Mientras tanto, este proyecto se ocupa de modernizar contratos a plazo fijo y eventuales, pero ignora que el 87,4% de las personas con discapacidad está fuera del mercado formal.

La paradoja duele. Este proyecto reduce contribuciones patronales, inventa incentivos para contratar, estira períodos de prueba, pero no dedica un solo párrafo a sacar las barreras que mantienen a 9 de cada 10 personas con discapacidad afuera del sistema laboral.

Sería como hacer una reforma educativa y olvidarse de las rampas en las escuelas.

No es que Argentina no tenga leyes. La Ley 22.431 fija desde 1981 un cupo del 4% para el Estado. Nunca se cumplió. En ninguna administración. Y ahí termina todo: el sector privado, donde está la mayoría del empleo formal, no tiene obligación alguna de contratar personas con discapacidad. Brasil, para comparar, tiene cupos escalonados del 2% al 5% según el tamaño de la empresa, con multas reales y controles que funcionan. Resultado: es el país con mayor inclusión laboral de la región.

Chile dio el salto en 2018 con la Ley 21.015, que obliga a empresas de más de 100 trabajadores a contratar al menos el 1% de personas con discapacidad, público y privado. Uruguay tiene su cupo del 4% en organismos estatales con mecanismos de control. España, Alemania, Austria, Francia: todos tienen sistemas de cuotas con sanciones económicas.

Y acá estamos, nosotros, que fuimos pioneros en Latinoamérica con la primera normativa de cupo en 1974, mirando desde lejos cómo avanzan los demás.

“Este proyecto era la oportunidad. Podríamos haber establecido cupos progresivos en empresas privadas, creado incentivos fiscales de verdad, incorporado los ajustes razonables como derecho exigible, promovido el teletrabajo como herramienta de inclusión. Pero se eligió el silencio.”

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en 2008, lo dice claro: hay que “promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes”. Este proyecto moderniza, flexibiliza, reduce cargas. Pero se olvida de que la verdadera modernización pasa por incluir.

Los datos de la OIT son contundentes. La brecha de participación laboral entre personas con y sin discapacidad es de 36 puntos porcentuales. Según el Banco Mundial, los países pierden hasta el 7% de su PBI por no incorporar a este colectivo al trabajo. Acá, solo 3 de cada 10 empresas tienen programas de inclusión.

No estamos hablando de caridad. Hablamos de derechos humanos.

En Argentina hay 1.594.888 personas con CUD. La mayoría puede y quiere trabajar. Pero el sistema les cierra las puertas, una y otra vez. Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires vemos las consecuencias todos los días: gente con discapacidad que depende de pensiones que no alcanzan, familias empobrecidas, talentos que se pierden, proyectos que se postergan para siempre. Porque el trabajo no es solo plata. Es dignidad, autonomía, pertenencia. Es poder decir “yo también”.

El proyecto todavía está en el Congreso. Los legisladores pueden incorporar un capítulo sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Establecer cupos en el privado, crear incentivos fiscales de verdad, obligar a las empresas que entren al nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones a contratar personas con discapacidad, hacer que la accesibilidad y los ajustes razonables sean obligación en cualquier reforma.

Pueden hacerlo. Deberían hacerlo.

Porque modernizar el mercado laboral sin incluir a las personas con discapacidad no es modernizar nada. Es repetir la exclusión con herramientas nuevas. Las personas con discapacidad llevan demasiado tiempo esperando afuera de un derecho que debería ser de todos: el derecho al trabajo.