Coparticipación: un debate necesario para el desarrollo de la Argentina

En los últimos años fue ganando consenso en el debate público que la Argentina debe encarar una serie de reformas estructurales profundas para dejar atrás décadas de estancamiento y avanzar en un camino de desarrollo sostenido. En ese contexto, resulta clave una reforma impositiva que reduzca la presión fiscal, incentive la producción, disminuya la evasión y aumente la transparencia.

Pero las bases de un sistema fiscal más justo y eficiente no pueden construirse sin abordar la discusión sobre un tema central: el criterio con el que se distribuyen los recursos entre la Nación y las provincias.

La discusión sobre la Coparticipación Federal fue postergada durante tres décadas. Mientras tanto, ese sistema sigue basado en normas transitorias de finales de los años 80, con reglas fijas, desactualizadas y sin fundamentos claros, que no contemplan variables como el crecimiento poblacional, la creación de nuevas jurisdicciones ni las necesidades particulares de cada provincia. Prorrogado una y otra vez, sin una revisión integral, un marco legal provisorio se convirtió en permanente.

El mandato de la Constitución de 1994 fue la creación de un nuevo régimen —con acuerdos entre la Nación y las provincias— antes de 1996. Ese mandato aún no fue honrado. En su lugar, se sucedieron pactos fiscales que, en su mayoría, fueron incumplidos, y cuya interpretación y aplicación abrieron litigios judiciales entre distintos niveles del Estado, con la inseguridad jurídica como consecuencia.

¿Por qué no se pudo avanzar en ese sentido en 30 años? Porque se requiere una mayoría calificada en el Congreso y la adhesión de todas las provincias, lo que genera tensiones políticas permanentes, donde cada nivel de gobierno defiende sus recursos. Cualquier cambio en el sistema impacta de lleno en el financiamiento de los gobiernos subnacionales. Así, el sistema se volvió tan ineficiente como resistente al cambio.

Un ejemplo reciente es la actual discusión del proyecto de reforma laboral, donde algunos gobernadores advirtieron que el capítulo impositivo implicaría una reducción significativa de la masa de recursos coparticipables que reciben.

El sistema actual tiene consecuencias concretas sobre la actividad económica. Cuando las provincias dependen de transferencias inciertas o discrecionales, tienden a compensar con impuestos propios distorsivos —como Ingresos Brutos, sellos o tributos municipales disfrazados de tasas— que encarecen la producción y castigan la formalidad.

El resultado es un esquema superpuesto, caro y difícil de prever, que desalienta la inversión de largo plazo y lleva a muchas empresas e individuos a operar en la informalidad o a reducir su escala. Los gobiernos municipales, provinciales y nacional —en sus tres niveles— gestionan fondos de terceros: los de los ciudadanos. De allí surge una obligación básica, pero muchas veces olvidada, actuar con previsibilidad, responsabilidad y reglas claras. Por el otro lado, los ciudadanos, somos rehenes de la incapacidad del poder público de ponerse de acuerdo en cumplir con un mandato constitucional.

El momento que atraviesa hoy la Argentina ofrece una oportunidad. Un contexto político y económico más estable con una perspectiva de crecimiento para 2026 —según las expectativas del mercado— abre una ventana para avanzar en un acuerdo de fondo. Mientras se discuten reformas laborales, cambios en el esquema impositivo y la necesidad de aumentar la competitividad de la economía, también se requiere un marco fiscal federal que ordene estas discusiones.

Esta necesidad quedó expresada en el Pacto de Mayo, firmado por el Gobierno y 18 gobernadores en julio de 2024, que en uno de sus puntos propone: La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Está en quiénes firmaron ese Pacto que se sienten en una mesa a negociar y hacerlo realidad. Los pactos que sirven son los que se cumplen.

Una nueva Ley de Coparticipación debería ser la base de un nuevo esquema de coordinación tributaria entre Nación y provincias. Un sistema que contemple las responsabilidades de gasto y las capacidades reales de recaudación, que premie el crecimiento y la formalización, que promueva el desarrollo de instituciones sólidas y que establezca reglas estables y previsibles para todos los actores, dando (según regla la Constitución) prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Se trata también de reducir litigios, de brindar seguridad jurídica y de permitir que cada jurisdicción pueda planificar con horizonte de mediano y largo plazo.

Cerrar este debate pendiente desde hace treinta años no será sencillo. Pero seguir postergándolo tiene un costo cada vez más alto para nuestra sociedad: “un sistema tributario caótico y un sector privado atrapado en un entorno de incertidumbre permanente”. Si la Argentina se propone crecer de manera sostenida, la discusión sobre la coparticipación no puede seguir siendo relegada.