Cuando la no intervención deja de ser prudencia y se convierte en complicidad

La crisis venezolana vuelve a exponer una falsa dicotomía regional: o soberanía absoluta, o intervenciones sin reglas. La Carta Democrática de la OEA ofrece un camino distinto, que la región sigue eludiendo.

Lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela —aún envuelto en silencios oficiales y lecturas interesadas— no admite respuestas automáticas ni consignas repetidas. Mucho menos admite la comodidad de mirar hacia otro lado.

La captura y traslado de Nicolás Maduro fuera de Venezuela por parte de Estados Unidos reabrió un debate que América Latina conoce bien, pero que demasiadas veces ha preferido evitar: ¿hasta dónde alcanza el principio de no intervención cuando un régimen viola de manera sistemática y sostenida los derechos humanos de su propio pueblo?

Planteado en estos términos, el dilema suele presentarse de forma falsamente binaria. O se condena toda acción externa en nombre de la soberanía, o se justifica cualquier método bajo el paraguas de la defensa de los derechos humanos. Ambas posiciones resultan intelectualmente cómodas. Ninguna es suficiente.

El principio de no intervención fue concebido para proteger a los Estados frente a abusos de poder externos, no para blindar a gobiernos que han vaciado de contenido a la democracia, desmantelado las instituciones y convertido la represión en política de Estado. Invocarlo como excusa para la inacción no es neutralidad: es, lisa y llanamente, una forma de complicidad.

Desde la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la región asumió que la democracia y los derechos humanos dejaron de ser asuntos exclusivamente domésticos. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Cuando ese orden se ve gravemente alterado, el sistema interamericano no solo puede actuar: tiene la obligación de hacerlo.

Venezuela no es un “caso complejo” ni una crisis coyuntural. Es un caso ampliamente documentado. Organismos internacionales han registrado persecución política, detenciones arbitrarias, restricciones al espacio cívico, manipulación electoral y una progresiva destrucción del Estado de derecho. No se trata de excesos aislados, sino de un patrón sostenido de violaciones graves que ha forzado al exilio a millones de personas y ha convertido a Venezuela en una herida abierta para toda la región.

Cuando hablamos de derechos humanos, conviene recordar —como lo ha señalado la doctrina interamericana— que los Estados no pueden invocar como un asunto de su dominio reservado el trato que dispensan a las personas sometidas a su jurisdicción. La protección de los derechos humanos dejó hace tiempo de ser un asunto exclusivamente interno, y los Estados y las organizaciones internacionales no violan el principio de no intervención cuando adoptan medidas frente a violaciones graves y sistemáticas, siempre que esas acciones sean compatibles con el derecho internacional.

Esta distinción resulta central para evitar una inconsistencia cada vez más extendida en el debate regional: exigir un respeto formal de la soberanía allí donde su contenido democrático ha sido deliberadamente vaciado. En el sistema interamericano, la soberanía no se agota en el control territorial ni en la invocación ritual de la no intervención, sino que se expresa —y se legitima— en elecciones libres, en el respeto a los derechos fundamentales y en la vigencia efectiva del Estado de derecho. Cuando esos elementos desaparecen, aferrarse al legalismo como coartada para la inacción no preserva el orden jurídico: lo desnaturaliza.

Frente a este cuadro, la pregunta ya no es si la comunidad hemisférica debe hacer algo. La pregunta es cómo debe hacerlo.

Defender los derechos humanos no habilita a prescindir del derecho. Denunciar un régimen autoritario no convierte automáticamente en legítima cualquier acción destinada a removerlo. Si se confirma que la captura y traslado de Maduro se produjo mediante una operación unilateral, sin mandato multilateral ni transparencia institucional, la región tiene la obligación de formular preguntas incómodas: sobre legalidad internacional, debido proceso, precedentes peligrosos y, en última instancia, sobre el tipo de orden hemisférico que estamos dispuestos a tolerar.

Esto no implica relativizar las responsabilidades del régimen venezolano. Implica algo más exigente: sostener que la autoridad moral se construye respetando las reglas, incluso —y sobre todo— cuando el adversario no lo hace.

En este contexto, resulta imposible soslayar el rol de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, que continúa insistiendo en una estrategia de diálogo con un régimen que ha demostrado, de manera reiterada y documentada, no tener voluntad alguna de rectificación democrática. Ese esfuerzo, que pudo haber tenido sentido en etapas iniciales, ha quedado vacío de contenido cuando se prolonga sin condiciones claras, sin exigencias verificables y sin consecuencias frente al incumplimiento sistemático. Persistir en el diálogo como fin en sí mismo, mientras continúan la represión y la negación de derechos fundamentales, no fortalece la democracia ni protege a las víctimas: erosiona la credibilidad del propio sistema interamericano.

La alternativa a la no intervención no es la arbitrariedad. Es la acción colectiva, institucional, gradual y con reglas. La Carta Democrática ofrece mecanismos claros para actuar frente a la ruptura del orden democrático. Cuando esos instrumentos no se utilizan —o se utilizan apenas de manera retórica— otros actores llenan el vacío. Y cuando eso ocurre, la región pierde capacidad de decisión, legitimidad y control.

América debe abandonar la comodidad del silencio y la tentación del atajo. No se trata de elegir entre soberanía o derechos humanos. Se trata de comprender que la soberanía sin derechos se vacía de sentido, y que los derechos sin Estado de derecho se vuelven frágiles.

Cuando un dictador comete crímenes de lesa humanidad y somete a su pueblo, no existen soluciones ideales disponibles. La teoría del “second best “ enseña que, en ausencia de condiciones óptimas —destruidas deliberadamente por quien ejerce el poder—, persistir en una respuesta que ya ha fracasado no es neutralidad: es renuncia. América no enfrenta hoy el dilema entre lo perfecto y lo imperfecto, sino entre asumir una responsabilidad colectiva, con reglas y legitimidad, o seguir administrando la inacción como si fuera una virtud diplomática. Frente al dolor organizado, la inacción nunca es la mejor opción posible.