Milei, cada vez más lejos del reclamo por Malvinas

A 193 años de la ocupación ilegítima de una parte del territorio nacional por parte del Reino Unido, la Cuestión Malvinas se ha constituido en eje estructurante de la política exterior argentina y la defensa nacional. Un reclamo de soberanía sostenido de manera ininterrumpida a lo largo de casi dos siglos, respaldado por el derecho internacional y un consenso histórico que trasciende gobiernos y coyunturas políticas.

En vísperas de un nuevo aniversario de aquella ocupación, el presidente Milei concedió una entrevista al diario británico The Telegraph, en la que manifestó su intención de visitar el Reino Unido con el objetivo principal de negociar el levantamiento del bloqueo a la compra de armamento impuesto a la Argentina tras el conflicto del Atlántico Sur. Además, en la misma nota, Milei sostiene que el territorio debería ser devuelto mediante una negociación y cuando los habitantes de las islas así lo deseen.

Estas declaraciones implican una ruptura significativa respecto de la posición histórica sostenida por nuestro país en materia de soberanía, al tiempo que desconocen el marco jurídico que la sustenta.

En 1960, la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) estableció que el principio de libre determinación no puede ser invocado cuando la integridad territorial de un Estado se ve comprometida. Este fue el argumento central utilizado por la Argentina en el año 1964 ante el Comité Especial de Descolonización para demostrar que en Malvinas existe una ocupación extranjera que afecta la integridad territorial de nuestro país y que no se trata de una población sometida a situación colonial, sino de población implantada que no está habilitada a ejercer el derecho de autodeterminación en los términos previstos por el derecho internacional.

En 1965 la Resolución 2065 de la AGNU reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambas partes a entablar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Este punto resulta central: interés no es lo mismo que deseo. La distinción no es menor, ya que excluye expresamente la aplicación del principio de autodeterminación en este caso particular.

Afirmar, como lo hace el Presidente de la Nación, que la integridad territorial argentina debe subordinarse al deseo de los isleños desconoce el carácter territorial de la disputa, a la vez que implica una posición violatoria de la Constitución Nacional, que establece como un objetivo permanente e irrenunciable la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes, respetando el modo de vida de sus habitantes y el derecho internacional.

Las declaraciones del presidente Milei no solo se apartan de una tradición diplomática sostenida a lo largo de nuestra historia, sino que son contradictorias con el mandato constitucional.

Este condenable cambio respecto a la Cuestión Malvinas se inscribe en una política fuertemente ideologizada y subordinada con Estados Unidos, que implica graves riesgos para la proyección de la Argentina en la Antártida, el ejercicio efectivo de la soberanía en el Atlántico Sur y la defensa de nuestros recursos renovables y no renovables.

Por último, en la misma entrevista, el Presidente señala que hará todo lo que esté a su alcance para mejorar el comercio entre Gran Bretaña y la Argentina. Sin embargo, la política comercial no puede escindirse de la política exterior ni construirse sobre negociaciones que nos debilitan como país y atentan contra nuestros intereses. En materia de política exterior, las palabras importan.