El día en que se consolidó la Democracia

El 9 de diciembre de 2025 se cumplieron 40 años del Juicio a las Juntas Militares, un proceso judicial sin precedentes que marcó un punto de inflexión en la historia institucional argentina. Aquel juicio, que también incluyó el enjuiciamiento de los principales dirigentes de las organizaciones armadas ERP y Montoneros, fue una decisión política y jurídica que terminó de consolidar el sistema democrático recuperado en 1983.

Apenas tres días después de asumir la Presidencia de la Nación, el 13 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín firmó tres decretos que sentaron las bases del proceso. El Decreto 157/83 ordenó el juzgamiento penal de los jefes de las organizaciones armadas por los delitos cometidos antes del golpe de Estado de 1976. El Decreto 158 dispuso el enjuiciamiento de las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983 por graves violaciones a los derechos humanos. Finalmente, el Decreto 187 creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), encargada de investigar y reunir pruebas sobre la desaparición forzada de personas.

El mensaje era inequívoco: el Estado democrático no juzgaría solo a los militares, sino también la violencia política previa. Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser sencillo. No todo el arco político acompañó la iniciativa. Durante la campaña electoral, el entonces candidato del Partido Justicialista había sostenido que no debía derogarse la Ley de Pacificación Nacional, sancionada por la dictadura apenas un mes antes de las elecciones de 1983, mediante la cual se amnistiaron a militares y guerrilleros.

Alfonsín dictó esos decretos en su carácter de jefe de los fiscales que debían actuar ante el Poder Judicial, una facultad que entonces formaba parte de las atribuciones presidenciales. Días más tarde, el 22 de diciembre de 1983, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley 23.040, que declaró insanablemente nula e inconstitucional la Ley de facto 22.924, conocida como Ley de Pacificación Nacional o de autoamnistía.

Esa norma había establecido la extinción de las acciones penales por delitos cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982, incluyendo a autores, partícipes, instigadores, cómplices y encubridores, tanto de delitos comunes como militares. Su derogación fue decisiva para habilitar el Juicio a las Juntas en 1985.

Tampoco fue sencillo el funcionamiento de la CONADEP. En los días previos a la asunción de las autoridades democráticas se produjeron fuertes discusiones dentro del radicalismo sobre el alcance de las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos. A ello se sumó la negativa de diputados y senadores peronistas a integrar la Comisión, lo que obligó a avanzar sin un respaldo político pleno.

Pese a ello, la CONADEP logró documentar cerca de 9.000 casos concretos de violaciones a los derechos humanos. El informe Nunca Más fue presentado el 20 de septiembre de 1984 y entregado al presidente en un acto acompañado por una multitudinaria movilización de aproximadamente 70.000 personas. Su impacto fue profundo: no solo se convirtió en una prueba central del juicio, sino que produjo una transformación cultural duradera en la sociedad argentina.

El proceso judicial también enfrentó obstáculos. El 11 de julio de 1984, la Cámara Federal ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que investigara si había existido un método sistemático de violación de derechos humanos. Ante la falta de respuestas y la demora injustificada de la justicia militar, la Cámara decidió, el 4 de octubre de ese año, apartar al tribunal castrense y asumir directamente la causa.

El tribunal que juzgó a las Juntas Militares estuvo integrado por Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, León Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma, todos designados conforme a la Constitución, con acuerdo del Senado.

La sentencia fue dictada el 9 de diciembre de 1985 y superó las 2.000 páginas. El fallo consideró probado que las Juntas diseñaron e implementaron un plan criminal, rechazó la vigencia de la ley de autoamnistía y estableció responsabilidades diferenciadas según la actuación de cada fuerza.

Entre los crímenes más aberrantes del terrorismo de Estado se destacó la apropiación sistemática de menores y la supresión de su identidad. En 2012, la Justicia determinó que se trató de una práctica generalizada y planificada desde las cúpulas militares. Hasta 2022, 130 personas habían recuperado su identidad, aunque se estima que alrededor de 500 niñas y niños fueron apropiados.

Juzgar todos los delitos fue lo que permitió, finalmente, pacificar aquel momento histórico sin falsear la realidad. El mayor castigo para los responsables fue quedar expuestos ante la historia: una justicia democrática, con la Constitución en la mano, condenó lo que ellos habían ejecutado mediante la violación sistemática de los derechos humanos.

El Juicio a las Juntas fue una bisagra. Consolidó los derechos humanos como política de Estado y dejó una advertencia clara para el futuro: en la Argentina, quien intente subvertir el orden constitucional, ya sea mediante un gobierno de facto o a través del terrorismo, sabe que existen antecedentes de una democracia capaz de juzgar y condenar los crímenes más graves.

Ese fue, en definitiva, el día en que la democracia terminó de afirmarse.