
Niños en peligro, expuestos casi voluntariamente a un riesgo inherente incorporado naturalmente; padres sin conciencia, plataformas hipócritas y gobiernos que recién comienzan a despertar. Argentina es uno de los países con mayor uso de celulares en el mundo: uno de cada cuatro niños y adolescentes pasa más de seis horas conectado a internet, principalmente en juegos en línea y redes sociales.
El germen remite a que el 65 % de los padres entregamos pantallas a nuestros hijos a los 4 o 5 años. Hoy los niños argentinos de 11 años se convierten en usuarios intensivos de dispositivos móviles, accediendo a imágenes de sexo explícito desde los 9. A partir de los 13 años, muchos participan en apuestas y juegos de azar, en ocasiones financiados involuntariamente por sus padres. Al menos un 30% de los jóvenes apuesta dinero, lo cual es ilegal y conlleva riesgos financieros y de adicción.
Se trata de una generación en riesgo, autoexhibida. Ciberacoso y grooming son los fenómenos más reconocibles, pero existe una larga lista de nuevos delitos digitales que afectan la integridad de nuestros menores: cyberflashing, upskirting, trolling, sextortion, pornovenganza, ludopatía, sexting con empleo de inteligencia artificial, viralización de contenido íntimo, abuso digital, pedofilia, entre otros.
La exposición de los menores es imparable, motorizada por razones culturales multifactoriales. Si bien algunas jurisdicciones han iniciado un camino necesario al restringir el acceso a plataformas de juegos para los más pequeños -sumamente dañinas y preferidas por bandas profesionales de pederastas-, Roblox se ha convertido en un videojuego multijugador predilecto para la captación de niños y niñas. El perfil de víctima más buscado es el de las niñas prepúberes, de entre 11 y 15 años. El contexto actual es un caldo de cultivo para los generadores y distribuidores de material de explotación sexual infantil.
Las víctimas no solo interactúan en la escuela: permanecen hiperconectadas. La responsabilidad de observancia se diluye; los padres y cuidadores no tienen herramientas ni información y, peor aún, cuando surge algún indicio, no saben a dónde acudir. El “chupete electrónico” abre su ventana de par en par por la noche, cuando papá y mamá duermen y los controles parentales ya no funcionan. Los agresores esconden su identidad y se cuentan por millones, mientras las plataformas relajan los controles.
Este negocio crece sin que se conozca realmente su dimensión. Se sabe que solo uno de cada diez menores se anima a denunciar situaciones incómodas dentro del ámbito digital. Los proveedores de imágenes de abuso sexual infantil ya no se esconden en la dark web: intercambian enlaces en redes sociales, usando como puentes a WhatsApp y Telegram. Muchos juegos en línea inducen a los menores a circular obligatoriamente por sitios pornográficos, de juegos de rol eróticos o de apuestas.
Los acosadores utilizan palabras o frases que, a simple vista, parecen inofensivas para no pasar desapercibidos ni ser detectados por los controles automatizados de las redes sociales. Han proliferado nuevos acrónimos y expresiones en clave que los delincuentes emplean para interactuar con sus potenciales víctimas sin que los padres sospechen. Pedófilos que utilizan símbolos para diferentes tipos de comunicación buscan darse a conocer y ser reconocidos como “boylovers”, interesados por niñas o por ambos sexos.
Las plataformas y aplicaciones tienen serias dificultades para verificar la verdadera edad de sus usuarios. No se trata de un eufemismo: es un hecho y una necesidad de su negocio. El problema es que el resto del sistema tampoco toma cartas en el asunto. Este problema alcanza a todas las redes sociales, consolas de juegos y plataformas en general.
El statement formal versa: “Prohibido acceder o utilizar los servicios si no se es mayor de 13 años o no se tiene capacidad suficiente para aceptar los términos”. Solo una declaración formal y desamorada.
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