Listas parejas, poder desigual

Argentina tiene hoy una de las mayores representaciones femeninas parlamentarias del mundo gracias a la Ley de Paridad; sin embargo, los encabezamientos de listas y los cargos estratégicos en el Congreso siguen concentrados en manos masculinas. Cuando en 1991 se sancionó la Ley de Cupo, las mujeres ocupaban apenas el 5 % de las bancas en la Cámara de Diputados/as. La exigencia de que al menos un 30 % de las candidaturas fueran femeninas cambió rápidamente esa realidad: en menos de una década, la proporción de diputadas superaba el 30 % y, por primera vez, el Congreso comenzaba a reflejar de manera más fiel la composición de la sociedad que representa. Sin embargo, el cupo funcionó también como un techo y durante más de diez años la representación femenina permaneció estancada en torno al 35 %, mostrando los límites de una medida que, aunque transformadora, resultaba insuficiente sin mecanismos extra de alternancia ni cambios más profundos en la cultura política.

La aprobación de la Ley de Paridad en 2017 permitió dar un nuevo salto y ocho años después, los resultados son claros: las mujeres ocupan hoy el 45 % de las bancas en la Cámara de Diputados/as y el 44 % en el Senado, lo que coloca a la Argentina entre los veinte países con mayor representación femenina en el mundo y muy por encima tanto del promedio regional de América Latina (34 %) como del global (27 %). Esta presencia no es solamente un dato numérico: la masa crítica de legisladoras que la paridad habilitó fue decisiva para la sanción de normas que marcaron un antes y un después en la agenda de igualdad y derechos, como la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de los 1000 Días o la Ley de Equidad en los Medios, además de impulsar debates estratégicos sobre cuidados, violencia digital o igualdad salarial que, sin esa ampliación en la representación, difícilmente habrían tenido la misma centralidad.

Sin embargo, los avances normativos conviven con persistentes desigualdades en el acceso al poder real. El análisis de las listas para las elecciones legislativas de 2025 muestra con claridad esta tensión: mientras que La Libertad Avanza encabeza sus nóminas con varones en 18 de los 24 distritos (el 75 %), incluyendo todos los de mayor peso electoral —Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe—, Fuerza Patria concentra 15 de sus 24 primeras candidaturas en hombres (62,5 %). Esto da cuenta que la ley asegura la alternancia formal, pero los primeros lugares, que son los que otorgan mayor visibilidad y las mayores chances de resultar electos, siguen reservados mayoritariamente para los varones. En los cinco distritos de mayor peso electoral —que en conjunto definen más de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados—, la concentración masculina se mantiene como regla. En La Libertad Avanza, los encabezamientos corresponden a varones en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la lista es liderada por una mujer, Patricia Bullrich, para el Senado Nacional. En el caso de Fuerza Patria, los primeros lugares también son ocupados mayoritariamente por representantes masculinos, salvo en el caso de la lista a Diputados/as por Santa Fe, donde encabeza una candidata mujer. El patrón muestra que, incluso con estas excepciones, los espacios de mayor competitividad electoral y visibilidad siguen estando dominados por varones, lo que confirma que la paridad normativa aún no se traduce en una distribución equilibrada del poder político real.

Esa misma lógica se reproduce puertas adentro del Congreso. Desde el retorno de la democracia en 1983, ninguna mujer presidió la Cámara de Diputados/as, y las jefaturas de bloque y las comisiones estratégicas continúan dominadas por hombres. La paridad normativa abrió la puerta de entrada al Parlamento, pero no alcanzó todavía para perforar las jerarquías más sólidas del poder político, que siguen funcionando como un espacio resistente a la redistribución.

Las razones de esta brecha entre la norma y la práctica son múltiples y se entrelazan. Los partidos políticos, incluso cuando cumplen con la ley, tienden a asociar el liderazgo con figuras masculinas, reproduciendo sesgos de nominación que empujan a las mujeres hacia posiciones menos competitivas. La sobrecarga de tareas de cuidado, distribuida de manera profundamente desigual en la sociedad argentina, limita el tiempo y la energía disponibles para disputar posiciones de conducción. Y, además, el marco legal sigue pensándose desde una lógica binaria, sin contemplar plenamente la participación de identidades no binarias y LGBTIQ+, lo que reproduce exclusiones y mantiene intactas jerarquías partidarias y sociales.

El desafío, entonces, no consiste solamente en sostener el nivel de paridad alcanzado en la conformación de listas, sino en dar un paso más hacia la construcción de una democracia paritaria sustantiva. Eso implica garantizar la presencia equilibrada en las presidencias de cámara, las jefaturas de bloque y las comisiones más influyentes; revisar los sistemas de reemplazo de bancas que en algunos casos distorsionan los resultados paritarios; avanzar en políticas públicas que redistribuyan y reconozcan las tareas de cuidado como condición indispensable para una participación política en igualdad de condiciones; e incorporar una mirada interseccional que contemple las múltiples desigualdades que atraviesan el campo político y social. La paridad fue, sin duda, una conquista histórica y decisiva, pero no puede ser entendida como un punto de llegada. Es, apenas, el piso desde el cual seguir construyendo una democracia más inclusiva, plural y representativa de la sociedad en toda su diversidad.