Corrupción y empleo: cómo la falta de confianza frena la productividad y el crecimiento

Los recursos productivos son acuerdos y coincidencias individuales que permiten desarrollar habilidades conjuntas para acceder a los bienes deseados.

La confianza y la buena voluntad en los acuerdos privados y políticos, así como instituciones que garantizan el cumplimiento de contratos, resultan esenciales para abastecer las demandas de la sociedad. Cuando estos mecanismos funcionan, las diferencias se superan y se aprovechan las ganancias de coordinar esfuerzos diversos, ampliando la oferta de bienes y servicios.

Desaprovechar ofertas y demandas significa perder recursos valiosos. La procedencia de los bienes es irrelevante comparada con la eficiencia: rechazar importaciones que reduzcan costos o exportaciones que maximicen retornos lleva a menos ingresos y menos recursos disponibles. Parte de estas pérdidas suele ser captada por quienes se benefician de maniobras opacas, favorecidas por normas arbitrarias, corrupción funcional y miedo al cambio.

Nunca cerrarse a negocios voluntarios beneficia a quienes padecen restricciones. Negarse a las oportunidades produce carencias. Aun así, cada decisión puede implicar riesgos: beneficios aparentes pueden transformarse en pérdidas si no se cumplen contratos, se incurre en inflación o se imponen restricciones que limitan los recursos.

Valorar los recursos disponibles expande los ingresos posibles. La contracara del valor de la producción es el poder adquisitivo de los salarios, y respetar la escasez permite equilibrio fiscal, condición central de toda política económica.

Según Transparencia Internacional, la corrupción es el abuso de un cargo público para obtener un beneficio privado, afectando el interés general. Implica distorsiones en los incentivos de las actividades productivas.

La Constitución Nacional define quiénes son funcionarios y los alcances de su poder, mientras los dirigentes sindicales responden a sus propios estatutos, con capacidad incluso para suspender actividades productivas clave. Ejemplo de ello es el reciente plan de retención de tareas dispuesto por AtepsaA, que despertó la preocupación de JURCA, IATA y ALTA por su impacto sobre el sector aéreo.

La Justicia laboral tiende a respaldar sindicatos en litigios que frenan empleos y recortan ingresos.

Estados Unidos es el 28º país menos corrupto del mundo y alcanza ingresos por habitante superiores a USD 85.000. En contraste, Argentina ocupa el puesto 99 y sus ingresos rondan USD 15.000. Así, la corrupción obstaculiza la eficiencia y reduce la productividad al dificultar la competencia.

¿Por qué los juicios se resuelven en Estados Unidos y se demoran en Argentina? La diferencia está en los incentivos institucionales y la cultura jurídica. El sistema argentino es escrito, formalista y con jueces vitalicios y poca rendición de cuentas por las demoras. Por el contrario, en Estados Unidos el sistema de justicia es oral, con jueces de mandatos limitados y bajo presión por eficiencia y resultados.

Las audiencias frecuentes y una cultura de acuerdos aceleran los procesos. Sin una reforma de incentivos y sanciones a la inacción, la justicia argentina continuará atrasada.

La brecha en productividad y formalidad laboral entre ambos países también surge de factores extra al aporte individual: en Argentina, planes sociales, regímenes impositivos especiales, baja valorización del trabajo y deficiencia educativa contribuyen al problema. El 70% de la población en edad de trabajar en Estados Unidos está empleada formalmente en el sector privado; en Argentina ese nivel no supera el 28%. El Estado emplea solo al 6% en Estados Unidos, frente al 15% en Argentina, mientras la informalidad allí es marginal y acá alcanza al 19 por ciento.

Avance lento

Las últimas reformas laborales intentadas en Argentina, como las incluidas en el DNU 70/2023 y la Ley Bases, buscaron flexibilizar contrataciones, extender períodos de prueba y reducir sanciones a empresas que incurren en irregularidades, pero muchas medidas quedaron suspendidas o diluidas por objeciones gremiales y judiciales.

Se mantuvo el pago obligatorio de la cuota sindical y se suprimieron causales de extinción que limitaban bloqueos y tomas. Así, la modernización del marco laboral es aún limitada.

Descentralizar negociaciones colectivas y priorizar los convenios por empresa ayudaría a alinear intereses de empleadores y trabajadores y atenuar la litigiosidad que caracteriza la relación laboral argentina. El sistema actual favorece la proliferación de demandas.

La falta de previsibilidad en el sistema de indemnizaciones, con médicos forenses cuyos honorarios se vinculan al monto de la indemnización, genera incentivos para inflar reclamos. En algunas provincias, como Salta y Río Negro, el pago de peritos por tarea y no por monto redujo la litigiosidad. La avalancha judicial no responde a más accidentes laborales —que siguen en baja— sino a un sistema de incentivos distorsivo.

Según la UART, en 2025 se esperan 130.000 nuevas demandas laborales, aunque los accidentes graves continúan descendiendo. El resultado es que el empleo formal se vuelve riesgoso y poco atractivo tanto para empleadores como para trabajadores, generando desempleo y mayor informalidad.

La Justicia laboral rara vez promueve la conciliación. Por eso, incluso se plantea fusionar el fuero laboral con los tribunales civiles y comerciales para reducir costos y distorsiones.

Los esfuerzos políticos para actualizar la legislación laboral pierden efectividad frente a trabas judiciales y medidas cautelares que bloquean reformas. Además, la ausencia de caducidad de instancia permite que juicios permanezcan abiertos indefinidamente.

La falta de empleos de calidad, la proliferación del trabajo informal y el déficit del sistema de seguridad social requieren reformas profundas, que reemplacen la confrontación por la cooperación y mejoren las relaciones laborales en busca del bienestar compartido.

El autor es director de BG Consulting