El problema no es el caso YPF sino ser defaulteadores seriales

El juicio por YPF que perdió Argentina por casi US$ 17.000 millones debe ser el más caro que le costó a Argentina.

El proceso judicial iniciado tras la expropiación parcial de YPF en 2012 representa el mayor costo financiero para el Estado argentino en materia de litigios internacionales. La decisión de estatizar la petrolera, impulsada por el kirchnerismo con argumentos de corte populista, no respetó los estatutos de la compañía. Axel Kicillof sostuvo entonces que las normas internas de la empresa no podían ubicarse por encima de la legislación nacional.

La jueza Loretta Preska falló en contra del país por dos razones principales:

1. Consideró que la adquisición del 51% de las acciones -provenientes de Repsol- se realizó sin ofrecer a los accionistas minoritarios la posibilidad de vender sus tenencias en igualdad de condiciones, tal como exigen los estatutos; y
2. Esa omisión se interpretó como una violación a los derechos de los inversores, lo que motivó las demandas de Burford Capital, Petersen Energía y Eton Park.

No considero que este fallo, ahora bajo apelación por parte del gobierno de Milei, tenga un impacto inmediato sobre el riesgo país. En efecto, la historia de nueve defaults ha consolidado una percepción negativa difícil de revertir. Una vez más, una sentencia desfavorable incrementa el historial de incumplimientos.

Cabe aclarar que el punto central no es atribuir responsabilidades directas al gobierno actual por este traspié en los tribunales. La discusión gira en torno a si conviene avanzar con la apelación o buscar un acuerdo durante esa instancia, ya que prolongar el litigio eleva el costo de honorarios legales.

Más allá del debate sobre quién carga con la responsabilidad, la imagen de Argentina como nación que incumple sus compromisos y desoye los fallos internacionales se consolida. Este factor desalienta la llegada de capitales. Los inversores desconfían de mercados donde los gobiernos modifican las reglas y erosionan la seguridad jurídica.

La escasez de inversiones refleja una desconfianza estructural, vinculada tanto al desprestigio acumulado como a las reiteradas inestabilidades regulatorias. La consecuencia inmediata es que, ante riesgos crecientes, el capital exige rentabilidades elevadas para desembarcar en el país. Esa exigencia reduce la posibilidad de expansión y limita el crecimiento.

El estancamiento económico es evidente: entre 2011 y 2024, el PBI per cápita retrocedió 14,8%, con una caída anual promedio cercana al 1%. El monto que el país debe pagar a Burford Capital y Eton Park se suma a la pérdida de oportunidades derivada de la reputación negativa, caracterizada por incumplimientos contractuales recurrentes y medidas restrictivas al capital.

Urge modificar la lógica de confrontación hacia el capital. Generar empleo genuino, aumentar la productividad e incrementar los salarios reales depende de la capacidad para atraer inversiones y ofrecer reglas de juego estables. Los flujos de capital tienden a evitar entornos imprevisibles o expuestos a medidas confiscatorias. Cuando deciden ingresar, suelen hacerlo bajo el paraguas de acuerdos poco transparentes.

La historia reciente muestra que tanto la estatización como la privatización respondieron a intereses circunstanciales y negociaciones opacas.

El episodio de YPF es paradigmático: durante la privatización, Néstor Kirchner celebró los beneficios percibidos; más tarde, la presión mediante congelamiento de tarifas forzó retiros y el ingreso de nuevos actores en condiciones poco convencionales. El caso de Aguas Argentinas refleja una dinámica similar.

La elevada incertidumbre institucional genera un entorno adverso para el desarrollo. A mayor inseguridad jurídica, mayor es la tasa de retorno que exigen los potenciales inversores. Las diferencias con países donde las reglas permanecen estables, como Suiza, resultan obvias: allí el costo de invertir es considerablemente menor, reflejando la confianza en las instituciones.

El déficit institucional de Argentina se traduce en una inversión limitada, pobreza creciente, una clase media en retroceso y el fortalecimiento de una casta política desvinculada de la realidad social. El resto de la población queda relegado a la dependencia estructural de programas de asistencia.

En síntesis, el litigio vinculado a YPF no modificará el perfil de riesgo soberano de inmediato, pero sí refuerza la imagen de un país ajeno a las reglas y poco confiable para inversiones de largo plazo.