El tercer día del estado de excepción trajo señales de alivio en buena parte de Bolivia, aunque la crisis dista de estar resuelta. El número de puntos de bloqueo, que llegó a rozar el centenar, cayó a entre nueve y once este lunes, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos comenzaba a normalizarse, pero el Gobierno enfrentaba el desafío pendiente: despejar el trópico de Cochabamba, donde los seguidores de Evo Morales mantienen los últimos cortes activos.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que ese lunes las cúpulas militares y policiales se reunirían para planificar el ingreso a esa región. “Hoy nos vamos a centrar con el ministro de Defensa, el Alto Mando Militar y el Alto Mando Policial para planificar el ingreso al Trópico de Cochabamba”, declaró a Unitel, sin precisar fecha. Señaló que existen elementos para impulsar nuevas acciones judiciales contra Morales por su presunto papel en la organización de los bloqueos.
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En La Paz, la normalización era visible. En la feria de Garita de Lima, los puestos volvieron a abastecerse tras días de escasez severa. “Hoy la situación se ha normalizado. En los días anteriores había cuatro cuadras de fila, pero ahora está más tranquilo. Ya no nos peleamos para comprar”, dijo a AFP Rosa Quispe, comerciante de 48 años. En Cochabamba, en cambio, el domingo se registraron enfrentamientos entre policías y campesinos que intentaban reinstalar bloqueos con piedras y explosivos artesanales.

El decreto fue adoptado en la madrugada del 20 de junio, tras más de 50 días de protestas. Puede extenderse hasta 90 días, prohíbe los cortes de ruta y habilita el despliegue de las fuerzas armadas. Según el Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, los bloqueos causaron al menos 17 muertes, la mayoría por falta de atención médica. La medida se adoptó horas después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), que suspendió sus medidas de presión a cambio de mesas de trabajo sectoriales. Desde entonces, los únicos bloqueos activos son los de los sectores vinculados a Morales.
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Las raíces del conflicto son estructurales. Paz, que asumió en noviembre de 2025, heredó la crisis más grave de Bolivia en cuatro décadas: reservas internacionales agotadas, escasez de divisas y un déficit fiscal que rozó el 12% del producto interno bruto en 2025. En diciembre promulgó el Decreto Supremo 5503, que eliminó los subsidios a los combustibles —el precio del diésel subió un 160%— para encauzar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien Bolivia negocia un préstamo de alrededor de 3.000 millones de dólares. La medida encareció el costo de vida y aceleró el estallido social que desde principios de mayo paralizó las carreteras.
Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece en el Chapare para eludir una orden de aprehensión por presunta trata de una menor, acusación que rechaza y atribuye a persecución política. Desde allí ejerce influencia sobre las organizaciones cocaleras que sostuvieron los bloqueos más tenaces. Paz lo acusa de encabezar las protestas con respaldo de narcotraficantes, afirmaciones que no ha acompañado con pruebas públicas.
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Despejar las carreteras resuelve el problema inmediato, pero no las causas que movilizaron a Bolivia durante casi dos meses. La contracción económica —el FMI proyecta una caída del PIB de entre 1,3% y 3,3% en 2026— y una inflación estimada en más del 20% seguirán presionando a un gobierno sin margen fiscal. La prueba de fondo para Paz llega después del último bloqueo.
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