Justicia y desarrollo económico: el otro plan que Argentina necesita

En los últimos meses el gobierno nacional ha logrado encaminar ciertas variables económicas. Se estabilizó el tipo de cambio, bajó la inflación mensual y comienzan a verse algunas señales de recuperación en sectores clave. Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias, no son suficientes para garantizar un desarrollo económico sostenido. La experiencia internacional es clara: no alcanza con estabilizar la macroeconomía si no se fortalecen las instituciones que le dan sustento.

Uno de los pilares fundamentales para consolidar el crecimiento es contar con un sistema judicial eficaz e independiente. Sin seguridad jurídica, no hay previsibilidad. Y sin previsibilidad, no hay inversiones de largo plazo ni generación de empleo formal. Así lo sostienen Daron Acemoglu y James Robinson en su libro Por qué fracasan los países, donde afirman que el desarrollo depende, por encima de todo, de la calidad de las instituciones.

En esa línea, el sistema judicial ocupa un lugar central en la ingeniería institucional del país. La Justicia garantiza las libertades, derechos de propiedad, resuelve los conflictos económicos, pone límites al poder y hace cumplir las reglas de manera imparcial. Cuando funciona, genera confianza. Cuando no lo hace, alimenta la incertidumbre y la informalidad.

En Argentina, los problemas del sistema judicial no son nuevos ni menores: procesos lentos, resoluciones imprevisibles, politización, falta de transparencia y una fuerte percepción de impunidad. Desde hace años trabajos como Justicia y Desarrollo Económico del FORES sostienen que todo esto debilita la inversión, desalienta la competencia y limita el crecimiento.

Es el Poder Judicial quien aplica y controla las leyes. Son los magistrados quienes interpretan la Constitución y las leyes delimitando su alcance. Y a diferencia de los Ministros, Secretarios de Estado, Diputados y Senadores, los jueces permanecen. Por eso, la independencia judicial, su visión sobre la propiedad, la economía y los derechos, son claves para definir los incentivos en la economía.

Por otra parte, aprobar una ley puede ser más costoso y lento que una medida cautelar que frena su aplicación, o un fallo que la declara inconstitucional y deja sin efecto todas sus consecuencias. Por eso, el perfil del Poder Judicial es estratégico y determinante para el rumbo institucional y económico de un país.

Los jueces no solo aplican normas: definen los límites del Estado, hacen cumplir (o no) los contratos, y su visión sobre la economía y los derechos influye directamente en el comportamiento de los actores económicos. De ahí la necesidad urgente de avanzar en reformas que fortalezcan su independencia, mejoren su eficiencia y aseguren su legitimidad social.

Argentina necesita un plan económico, pero también necesita construir una agenda institucional que lo acompañe. La justicia no puede seguir siendo la gran olvidada del desarrollo. La selección de jueces y la reforma judicial no son solo temas legales: son políticas públicas con impacto directo en la economía.

Si queremos crecer con estabilidad y equidad, debemos construir una justicia previsible, accesible y profesional. Una justicia que funcione, que esté cerca de la gente y que dé señales claras de que las reglas se cumplen. Porque sin justicia, no hay confianza; y sin confianza, no hay desarrollo posible.