
La Secretaría de Educación anunció hace pocos días la reapertura de inscripciones al Programa de Asistencia Vouchers Educativos hasta el próximo 16 de mayo, una iniciativa que brinda apoyo a las familias cuyos hijos asisten a escuelas de gestión privada con una subvención estatal igual o superior al 75%.
Si bien esta política, originalmente lanzada en marzo de 2024, no constituye en sentido estricto un sistema de vouchers —ya que los fondos no son transferidos a las familias para ser usados libremente—, no pudo ser más oportuna. A través del programa, el Estado cubriría hasta el 50% del valor de la cuota de jornada simple, un alivio clave en un contexto en el que muchas familias comenzaban a plantearse la necesidad de retirar a sus hijos de escuelas de gestión privada y trasladarlos a escuelas de gestión estatal. Vale la pena recordar que un éxodo similar sucedió luego de la crisis de 2001, pero en esta ocasión el efecto hubiese sido exponencial, dada la magnitud de la crisis económica que estábamos atravesando.
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Sin embargo, como señalé en una nota publicada en Infobae en marzo 2024, al hacerse público el programa, así como es justo reconocer la medida, también lo es señalar una limitación que, desde sus inicios, carece de justificación: si el objetivo es asistir a las familias en función de su situación económica, ¿por qué dejar afuera a quienes han optado por escuelas con menor porcentaje de subsidio o directamente sin él?
Yo me pregunto: si dos familias califican para el programa, dado que los ingresos del grupo familiar no superan los siete salarios mínimos, ¿por qué una de ellas recibe el subsidio porque sus hijos concurren a una escuela con 75% o más de subvención estatal, mientras que la otra, cuyos hijos asisten a una escuela sin esa condición, no recibe nada?
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El subsidio debería estar dirigido a las familias que califiquen, independientemente de las características del colegio de gestión privada al cual concurren sus hijos. Ello condice con el espíritu del programa: acompañar a quienes, con esfuerzo, hacen lo posible por sostener la alternativa educativa que consideran es la mejor para la educación de sus hijos en un contexto económico aún difícil.
Dentro del mismo espíritu, cabría incorporar una posibilidad adicional. El programa requiere ser alumno regular de la institución educativa al momento de inscribirse. Permitir que aquellas familias que hoy envían a sus hijos a jardines de infantes de gestión pública, pero deseaban inscribirlos en una escuela de gestión privada, puedan acceder al programa si optan por cambiar de escuela, brindaría una oportunidad concreta para muchas familias.
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Veamos los hechos. Dado que la continuidad del programa se hizo pública a mediados de abril, muchas familias no tuvieron certeza de contar con el valioso apoyo del mismo al momento de decidir la inscripción de sus hijos en escuelas iniciales de gestión privada. Sin embargo, por las características propias de la educación inicial, aún es posible cambiar de colegio sin gran impacto en el niño —un cambio que puede marcar su trayectoria educativa futura. Por ello, incluir esta posibilidad sería una forma lógica de potenciarlo.
Nunca antes un gobierno ha demostrado con hechos, y no sólo con discursos, su voluntad de apoyar a las familias como lo ha hecho la actual gestión del presidente Javier Milei. Ampliar el alcance del Programa de Asistencia Vouchers Educativos, tanto para incluir a todas las familias que califiquen por su realidad económica, como para facilitar el ingreso al sistema de gestión privada en el nivel inicial, constituiría otro paso firme en la dirección correcta.
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