De la expansión al colapso: cómo el keynesianismo llevó a la Argentina a su crisis actual

Argentina adoptó el keynesianismo como una alternativa al capitalismo liberal y al socialismo planificado, con la esperanza de que este modelo ofreciera estabilidad y crecimiento. Sin embargo, con el tiempo, derivó en un entramado corporativista que debilitó la democracia, consolidó privilegios y fortaleció la dependencia del Estado. Lo que en su origen se presentaba como un equilibrio entre la iniciativa privada y la regulación estatal, terminó generando un sistema rígido en el que la competencia y la innovación quedaron subordinadas a estructuras burocráticas e intereses sectoriales.

Desde los años 30, el país experimentó con una “tercera vía”, influenciada por la doctrina social de la Iglesia y la necesidad de superar la lucha de clases. El corporativismo emergió como una respuesta al conflicto social, promoviendo la armonización entre trabajadores y empleadores bajo la tutela del Estado. Inspirado en modelos autoritarios europeos como los de Salazar, Mussolini y Franco, el sistema evolucionó en América Latina hacia una forma de representación en la que los sindicatos y las cámaras empresariales negociaban directamente con el gobierno, desplazando el pluralismo político y la competencia económica. Esta organización, sostenida en la posición proteccionista de Keynes, fortaleció al Ejecutivo en detrimento del Congreso y el Poder Judicial, otorgando mayor poder a grupos de interés como empresarios protegidos y el sindicalismo, bajo el argumento de una representación funcional tripartita entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

El Estado asumió un rol central, regulando la economía e interviniendo en negociaciones laborales. Con la promesa de proteger la industria y el empleo, se implementaron barreras arancelarias y subsidios que, lejos de generar desarrollo, fomentaron la ineficiencia y la dependencia del sector privado respecto del sector público. Se establecieron regulaciones laborales que favorecieron a las grandes empresas mientras castigaban a los nuevos emprendimientos. La compleja estructura burocrática y las elevadas cargas laborales desincentivaron la innovación y el surgimiento de nuevas industrias, consolidando un modelo que beneficiaba a los actores ya establecidos en detrimento de quienes intentaban incorporarse a la economía formal.

A la par de estas políticas, el corporativismo argentino se entrelazó con el populismo, un fenómeno que propició una conexión directa entre el líder y el pueblo, estructurando un relato en el que la sociedad se dividía en dos bandos: el “pueblo” y sus enemigos. Estos enemigos fueron denominados de distintas maneras a lo largo del tiempo, desde “oligarquía” hasta “imperialismo”, generalmente representado por Estados Unidos y las clases asociadas con el capital extranjero. Esta dialéctica amigo-enemigo no solo permitió justificar la intervención estatal en la economía, sino que también consolidó la idea de que la redistribución de recursos era una forma de justicia social, sin considerar sus efectos a largo plazo.

Bajo la influencia del peronismo, el modelo promovió la comunidad organizada por encima del individuo. Se castigó el éxito personal y se defendió la solidaridad como principio rector, viendo el individualismo como una amenaza para la cohesión social. Esta visión se sustentó en una tradición religiosa que reivindicaba las virtudes de la pobreza y condenaba la avaricia, con la idea de que la competencia generaba desigualdad y crisis recurrentes. La comunidad organizada, defendida por Juan Domingo Perón, representó la antítesis del pluralismo y de la sociedad abierta. Perón sostenía que “el sentido último de la ética es la corrección del egoísmo”, reafirmando la idea de que el individuo debía aceptar su rol en la sociedad sin aspirar a un progreso personal que lo alejara de su grupo social.

El modelo keynesiano, que en un principio pretendía garantizar estabilidad y crecimiento, desembocó en un Estado sobredimensionado, una burocracia ineficiente y un sector empresarial altamente protegido. Lejos de consolidar el desarrollo, la intervención estatal generó un círculo vicioso de déficits fiscales, inflación y crisis recurrentes. El corporativismo impuso un sistema donde la redistribución de recursos, a través de subsidios y regulaciones, se convirtió en una herramienta de control social. La célebre frase de Eva Perón, “donde hay una necesidad, nace un derecho”, consolidó la idea de que los programas de asistencia no eran subsidios, sino derechos adquiridos, lo que llevó a una expansión descontrolada del gasto público. Como resultado, hoy cerca del 80% de la población argentina recibe algún tipo de pago del Estado, ya sea a través de jubilaciones, subsidios o empleo público.

Paradójicamente, en la actualidad algunos países occidentales parecen estar retomando elementos de este modelo de economía cerrada y regulada sin considerar sus consecuencias a largo plazo. La experiencia argentina, con más de setenta años de corporativismo, se presenta como un caso de estudio clave para comprender los riesgos de una economía basada en la intervención excesiva del Estado y la supresión de la competencia. Lo que en su momento se diseñó como un mecanismo para estabilizar y estimular el crecimiento, terminó convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo.