La llegada de Donald Trump al Despacho Oval no solo representa un cambio de liderazgo político, sino también un proceso minucioso de transferencia de activos digitales gubernamentales. Este mecanismo, que tiene origen en la transición Obama-Trump del 2018, asegura que el vasto ecosistema digital de una administración -que incluye redes sociales, sitios web y dominios institucionales- sea traspasado de manera ordenada al equipo entrante.
Estados Unidos es pionero en este ámbito. Cada transición presidencial implica archivar la actividad digital del mandatario saliente bajo un nombre de usuario asociado a su mandato, como @POTUS44 en el caso de Barack Obama. Este modelo permite preservar la memoria institucional, garantizar la transparencia y preparar el terreno digital para el nuevo gobierno.
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El sistema se complementa con un enfoque dual: los presidentes también manejan cuentas personales, como hizo Trump con @realDonaldTrump, donde publican contenido que excede el rol oficial. Esto permite separar la comunicación institucional de la personal y prevenir conflictos en la transferencia de cuentas gubernamentales.
La brecha en América Latina: regulaciones insuficientes
En América Latina, este nivel de sofisticación en la gestión digital gubernamental aún está lejos de ser la norma. En México, por ejemplo, la reciente asunción de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta mujer del país evidenció vacíos regulatorios. Aunque las cuentas oficiales suelen mantenerse activas tras las transiciones, el traspaso de accesos depende más de decisiones políticas que de protocolos institucionales. Esto deja en el aire cuestiones claves como la seguridad, la transparencia y la continuidad comunicacional.
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Argentina vivió una crisis similar en 2015, cuando la transición entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri expuso la falta de regulación en la gestión de activos digitales. El equipo saliente retuvo el control de la cuenta oficial de la Casa Rosada en X (antes Twitter), dejando al nuevo gobierno sin acceso a uno de los activos digitales más relevantes.
Este episodio marcó un punto de inflexión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se implementó en 2019 un marco regulatorio inspirado en el modelo estadounidense. Desde la Dirección de Comunicación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se desarrolló un sistema basado en tres pilares:
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- Transferencia garantizada: las cuentas oficiales pasan al nuevo gobierno manteniendo sus seguidores y contenido.
- Conservación histórica: los contenidos digitales son archivados por el Archivo General de la Nación (AGN).
- Disponibilidad en tiempo real: se asegura que los datos estén accesibles de inmediato para la gestión entrante.
Además, se crearon “cuentas espejo” en plataformas como Facebook e Instagram para preservar el contenido histórico, mientras que Twitter y YouTube se transfieren directamente.
Provincias a la vanguardia
La regulación de activos digitales no solo avanza a nivel nacional. Provincias como Córdoba y San Luis están marcando el camino. Córdoba sancionó una ley en 2023 que protege cuentas oficiales, direcciones de correo electrónico y otros activos digitales, garantizando la continuidad de la comunicación pública, independientemente de los cambios de gestión.
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San Luis, por su parte, está a punto de aprobar un marco similar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se están desarrollando propuestas alineadas con estas buenas prácticas. Sin embargo, a nivel nacional, un proyecto de ley impulsado por la senadora Lucila Crexell en 2021 sigue esperando ser tratado.
El futuro de las transiciones digitales
En un mundo donde la comunicación gubernamental se desarrolla cada vez más en redes sociales, proteger los activos digitales es indispensable. Estos no solo son herramientas clave para la difusión de políticas públicas, sino también parte de la memoria institucional y un puente fundamental con la ciudadanía.
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Estados Unidos ha demostrado cómo un marco riguroso puede evitar conflictos y garantizar estabilidad. En América Latina, ejemplos como los de Córdoba y San Luis ofrecen una hoja de ruta para replicar a nivel nacional. Institucionalizar los activos digitales no solo fortalecerá la transparencia, sino que también permitirá que las democracias enfrenten los desafíos de la era digital con mayor solidez.
En este contexto, regular y proteger los activos digitales no es un lujo, sino una necesidad. La memoria institucional y la confianza ciudadana dependen de ello.
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