
La Real Academia Sueca de Ciencias le otorgó el premio Nobel de Economía en 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad. Estos investigadores han sostenido que un Estado de Derecho débil no genera las condiciones para el desarrollo económico ni el mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades.
En 2012, Acemoglu y Robinson habían publicado un libro sobre el tema, Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, en inglés), que logró la difícil unión entre el rigor científico y la claridad y amenidad de la prosa, lo que lo convirtió en un best seller.
En esa obra, los autores se preguntan por qué unos países prosperan y otros no. Al comparar diversas experiencias, descartan muchas de las explicaciones tradicionales: la cultura, la religión, la geografía, el clima, etc. Recordemos, por solo citar un ejemplo, la famosa tesis de Max Weber, expuesta en su libro de principios del siglo XX La ética protestante y el espíritu del capitalismo, acerca de que, a su juicio, la ética protestante, que privilegiaba el trabajo y el ahorro en una cosmovisión en la que el éxito material, lejos de ser rechazado, era visto como virtuoso porque podía constituir una señal de la salvación, había pavimentado el desarrollo del capitalismo.
Para Acemoglu y Robinson, las causas de la prosperidad no se hallan en esos factores, que de alguna forma son fijos y están determinados de antemano. Ellos demuestran que países de otras tradiciones religiosas pudieron desarrollarse. Lo que estiman como fundamental es la calidad de sus instituciones. Sostienen que las sociedades fracasan cuando no tienen instituciones que proporcionan incentivos para la inversión y la innovación, y permiten que la mayoría de los ciudadanos pueda desarrollar su talento. A esas instituciones las llaman inclusivas, por oposición a las extractivas.
Las instituciones inclusivas son aquellas que fomentan la participación amplia en la economía, promoviendo la competencia, la innovación, la independencia de los reguladores, la alternancia en el poder, la igualdad de oportunidades y el respeto a la propiedad privada. Este tipo de instituciones permite a la mayoría de la población aprovechar las oportunidades para mejorar su bienestar, lo que impulsa el crecimiento económico sostenido. Por el contrario, las instituciones extractivas tienden a bloquear cualquier cambio que amenace los intereses de la oligarquía dominante. Estas instituciones son corruptas, colonizan los organismos reguladores, no tienen separación de poderes, restringen la libertad de expresión, el acceso a la educación, la innovación y el emprendimiento, lo que dificulta el desarrollo económico y perpetúa la pobreza y la desigualdad.
El libro contiene numerosos ejemplos históricos. Un hito que destacan especialmente es la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, que dio lugar al nacimiento de la monarquía constitucional y a que ese país avanzara en el desarrollo económico de una forma mucho más intensa que otros, como Francia, que poco antes estaban en una situación similar. Otro ejemplo en este sentido es el de la independencia de los Estados Unidos a partir de 1776 y su Constitución de 1787.
La tesis de estos expertos abre caminos de esperanza para países como el nuestro. El fracaso de la Argentina en sus últimas décadas no es un sino ineluctable, no obedece a factores que no podemos modificar, sino a la debilidad de sus instituciones. Y está en nuestras manos remover ese obstáculo.
La lectura de los trabajos de los últimos ganadores del Premio Nobel, y en especial de Por qué fracasan los países, debería ser obligatoria para nuestros dirigentes de cualquier signo. Es, por otra parte, de una notable actualidad, porque si bien ellos consideran indispensable para el desarrollo económico el respeto a la propiedad privada y, de manera general, a los principios que ponen el acento en la libertad económica, están muy lejos de adoptar un enfoque economicista, que se conforme con el ordenamiento de la macroeconomía. Por el contrario, estiman que la economía no puede generar prosperidad generalizada y sostenible fuera de un marco institucional adecuado. Destacan, al respecto, con mucho énfasis, la necesidad de una justicia confiable e independiente.
Ese mensaje debería sonar como una alarma para la Argentina actual. La reducción del déficit fiscal, de la inflación y del riesgo país es una muy buena noticia, que el gobierno nacional tiene derecho a exhibir con orgullo, pero la intolerancia, el desprecio por las instituciones, el culto a la personalidad, entre otros rasgos, muestran, en el plano político, sesgos de un populismo autoritario que siembra de nubarrones las buenas expectativas generadas por el equilibrio de la macroeconomía.
Solo las instituciones permanecen y les otorgan a los cambios necesarios solidez y perdurabilidad.
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