Servicio Cívico en Valores

En el imaginario colectivo los jóvenes “ni-ni” (ni trabaja ni estudia) son estigmatizados como una carga social. Algunos los asocian con apatía, irresponsabilidad, hasta delincuencia. Otros ven en ellos una juventud vulnerada por un sistema que les niega oportunidades y participación, y reflejan profundas desigualdades sociales.

Pero en la generalidad de sus usos, el término “ni-ni”, tiene una carga peyorativa, que refuerza prejuicios en torno a un problema complejo.

El Servicio Cívico en Valores, reflotado recientemente por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, busca abordar esta problemática desde un enfoque singular, colocando a estos jóvenes bajo la férula de la Gendarmería Nacional para enseñarles “disciplina, respeto y valores”, en colaboración con el Ministerio de Capital Humano.

Aunque pueda parecer una solución práctica, debemos analizarla desde una perspectiva más amplia que permita incluir variables invisibilizadas por el “pragmatismo” dominante.

Como cuestión inicial ¿Por qué un programa para jóvenes vulnerables, es encabezado por un Ministerio de Seguridad y operativizado desde la más militarizada de las Fuerzas de Seguridad? Encontrar la respuesta a esta pregunta nos permitiría entender si se busca resolver un problema o estamos ante una estrategia con objetivos distintos a los declamados.

Securitización como Estrategia Discursiva

La teoría de la securitización, desarrollada por Ole Wæver, entre otros autores reconocidos, permite comprender el marco discursivo detrás de este tipo de iniciativas. Según este enfoque, un actor político puede transformar un problema ordinario en una amenaza a través de un discurso, movilizando una audiencia para que acepte medidas excepcionales.

En el caso del Servicio Cívico en Valores, se identifica a los jóvenes “ni-ni” como riesgo inherente para el orden. La retórica de “sacarlos de las calles y alejarlos del delito” estigmatiza a este grupo, y legitima la intervención de una fuerza de seguridad militarizada.

La securitización, es así, además de herramienta política, una narrativa que transforma percepciones sociales y redefine prioridades estatales. Este proceso dependerá de las posibilidades de identificación colectiva de la amenaza.

La penetración de este discurso, y su aceptación, se basa en prejuicios compartidos socialmente, pero además, refuerza el etiquetamiento como peligrosos, y responsables de la inseguridad de este grupo, y justifica su disciplinamiento bajo un esquema militarizado.

Subrayemos que este enfoque plantea problemas éticos y prácticos. En primer lugar, se “policializa” una problemática social, y se refuerzan estereotipos que asocian la exclusión con el delito. Además, se delega a una fuerza de seguridad un rol que debería ser asumido por instituciones educativas y sociales, lo que evidencia una falta de diagnóstico integral.

Críticas al Enfoque

El Servicio Civil Voluntario, como se presentó, tiene implicancias que trascienden su objetivo declarado. Disciplinador y “militarizado”, arrastra un mensaje simbólico potente: los problemas sociales no se resuelven con inclusión, sino con control. Esto, contrasta con la inteligencia de construir soluciones inclusivas.

La ausencia de un diagnóstico claro y de objetivos coherentes es otro punto criticable. ¿Por qué se elige a la Gendarmería como ejecutor de este programa? ¿Qué evidencia respalda esta decisión? La falta de respuestas a estas preguntas sugiere la necesidad de responder a una narrativa política antes que a un análisis técnico y así, antes que resolver un problema, quizá lo que se busca, es construir una comunidad de sentido, donde se identifique al enemigo, con los jóvenes “ni-ni”.

Finalmente, esta narrativa erosiona principios democráticos al naturalizar la exclusión y la vigilancia. En lugar de integrar, refuerza la segregación y legitima acciones que no abordan las causas estructurales de la exclusión juvenil.

Algunas alternativas

Ante el complejo desafío de incluir a jóvenes en situación de vulnerabilidad, las soluciones deben ser integrales y basadas en evidencia. Esa integralidad debería articularse en las siguientes propuestas:

Fortalecimiento del Sistema Educativo: En lugar de delegar la formación a una fuerza de seguridad, es esencial fortalecer escuelas técnicas y programas de reinserción educativa que desarrollen habilidades técnicas y académicas en un entorno inclusivo y participativo.

Enfoque Interdisciplinario: Diseñar programas con la participación de educadores, psicólogos y trabajadores sociales, que aborden las necesidades específicas de estos jóvenes y sus entornos. Además, fomentar espacios comunitarios donde puedan desarrollar habilidades, tanto sociales como técnicas.

Políticas de Inclusión Social: Implementar programas que combinen educación, empleo y salud para ofrecer soluciones integrales. Esto incluye incentivos para que el sector privado genere oportunidades laborales adaptadas a sus capacidades.

Promoción de la Autodisciplina: En lugar de imponer disciplina desde un esquema autoritario, fomentar habilidades de autodisciplina y autoregulación. Esto empodera a los jóvenes y les permite gestionar mejor sus recursos y tiempos.

El Servicio Cívico en Valores refleja una narrativa que prioriza el control sobre la inclusión, reforzando prejuicios en lugar de desmontarlos. La urgente necesidad de abordar la vulnerabilidad juvenil, no puede hacernos admitir propuestas que planteen serios interrogantes sobre su efectividad y sus implicancias éticas. La teoría de la securitización, ayuda a entender cómo un discurso transforma problemas sociales en amenazas que justifican medidas extraordinarias.

Pero una democracia impone que la solución a problemas sociales complejos no se doblegue ante narrativas de exclusión y vigilancia.

Debemos promover alternativas que integren educación, desarrollo comunitario y políticas inclusivas, reafirmando los principios de igualdad y participación que sustentan una sociedad justa. Solo con un enfoque integral construiremos un futuro donde los jóvenes vulnerables sean vistos no como amenazas, sino como ciudadanos con potencial para contribuir al bienestar colectivo, asumiendo la comunidad la responsabilidad de exigir que los programas de gobierno, respondan a modelos participativos e inclusivos.