El Proyecto de Presupuesto de gastos y recursos para 2025 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso busca enviar un claro mensaje al mercado: el equilibrio fiscal está garantizado. De esta forma, se invierte el orden de prioridades tradicional -primero se determinan gastos y se estiman recursos y, como resultado, se obtiene un déficit-, obligando a que los gastos deban adecuarse a los recursos para garantizar el equilibrio financiero.
Matemática sencilla, no exenta de dificultades prácticas (menos en año electoral): el 46% de los gastos son rígidos (jubilaciones, AUH y asignaciones familiares ajustan por fórmulas establecidas por ley), el 43% es semirrígido (salarios, subsidios, universidades, programas sociales), mientras que sólo el 11% restante sería susceptible de recortes adicionales (transferencias a provincias, obra pública y bienes y servicios).
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En el caso contrario en que los recursos fueran superiores a los esperados, los excedentes de carácter permanente se destinarían a bajar impuestos y los transitorios a cancelar deuda, aunque ello no se incorpora en el articulado de la ley ni se explicita el mecanismo para distinguir la naturaleza temporal de los recursos, que nunca es obvia.
El Presupuesto debe ser entendido como una autorización a gastar, no como una obligación. Si bien la centralidad asignada al ordenamiento fiscal en el programa económico no puede ser menospreciada, y la batalla cultural que el Gobierno ha dado en esta materia es valiosa, el equilibrio fiscal podría haberse alcanzado sin necesidad de incorporarlo en el articulado.
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Sería inocente pensar que la tendencia argentina a gastar de más pueda ser resuelta a través de una ley: la voluntad de ajuste deberá seguir probándose en hechos concretos. Dicho sea de paso, el propio articulado del Proyecto de Presupuesto suspende parte de la Ley de Responsabilidad Fiscal sancionada en 1999 que, por ejemplo, establecen que el gasto primario tiene que crecer por debajo del crecimiento del PBI o promueven la creación de un fondo anticíclico.
Subestimación de la cuenta “intereses”
En esta línea, la proyección oficial prevé que 2024 cierre con equilibrio financiero y superávit primario equivalente a 1,5% del PBI; en 2025 repetiría el equilibrio financiero y el excedente primario de 1,3% del PBI.
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La presión impositiva aumentaría en 0,5% del PBI (se deja de recaudar el impuesto PAIS con impacto de menos 1,1% del PBI, pero se recauda más vía Ganancias, Seguridad Social, derechos de exportación y combustibles) y los gastos caerían en 0,1% del PBI principalmente por la caída de subsidios, que alcanzarían una cobertura de 84% vs 65% proyectada para 2024 (la suba de tarifas real implícita asociada a este nivel de cobertura rondaría el 70% para residenciales).
Es importante mencionar que tanto en 2024 como en 2025, el pago de intereses se encuentra subestimado, dada la capitalización de instrumentos utilizados. Aunque la forma de registración respeta las normas contables, si se computara el total de intereses que se devengan, el resultado fiscal sería negativo por entre 2 y 3 puntos del PBI: el verdadero esfuerzo fiscal necesario para alcanzar el equilibrio fiscal “devengado” y evitar así seguir cargando el nivel de deuda deberá ser aún mayor al propuesto.
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Por último, en materia macroeconómica, y como es costumbre en los Presupuestos, abunda el optimismo. Se sostiene el nivel de tipo de cambio real en el nivel actual (con un deslizamiento cambiario del 2% mensual hasta fin de año y del 1,4% el año próximo y una inflación que seguiría igual ritmo en 2025), lo cual tiene implícito el no levantamiento del cepo cambiario.
No obstante, el escenario macro prevé que a fin de 2025 la economía vuela al nivel de actividad de fines de 2023, recuperando toda la caída de 2024. Mucho crecimiento para poco tipo de cambio.
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El Proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo cumple su objetivo de trazar lineamientos de gestión, y en particular, de reafirmar su compromiso con el equilibrio fiscal. Sin embargo, deja muchas incógnitas en materia macroeconómica que podrían imprimir una costosa incertidumbre al año electoral.
La autora es Economista de Empiria Consultores
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