Sistema previsional argentino, un desafío urgente

Con más de 100 años de historia, el sistema previsional argentino -la estructura estatal que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país- es uno de los más antiguos de América, con una cobertura modelo que llegó al 95% de las personas mayores. Sin embargo, en las últimas décadas atravesó un sinfín de cambios normativos e incluso superposiciones regulatorias cuyo impacto se tradujo en híper fragmentación, alta litigiosidad, inequidades de acceso y moratorias con altos costos fiscales.

Recientemente, nuevas variables anticipan un futuro aún más complejo cuyo abordaje requiere de una visión a largo plazo y una capacidad de gestión estratégica para garantizar su sustentabilidad.

Por un lado, y siguiendo la tendencia mundial, la natalidad en Argentina se está reduciendo a niveles inéditos. De acuerdo a datos del último Censo, realizado en 2022, el promedio de hijos por mujer cayó un tercio en solo 20 años, pasando de 2,1 a 1,4. En paralelo, asoma otro fenómeno preocupante: la edad mediana pasó de 30 a 32 años, lo que llevó a la CEPAL a calificar a la Argentina como “un país en una etapa de envejecimiento moderadamente avanzada” que, de profundizarse, impactará en el sistema productivo y económico.

Así, el alargamiento en la expectativa de vida en simultáneo con el achicamiento en la base de la pirámide poblacional es una combinación que permite vislumbrar una situación crítica: habrá más adultos mayores que niños. Esta proyección nos convoca de manera urgente porque, de no revertirse o al menos equilibrarse, en algunos años la población económicamente activa que sustenta el actual modelo previsional argentino será menor al segmento jubilado, retirado o excluido del sistema laboral al que ese esquema debe sostener.

Además de la problemática en términos de sustentabilidad, el sistema jubilatorio argentino está en jaque por su diseño financiero. El haber mínimo previsional pierde valor adquisitivo desde hace muchos años y, luego de idas y vueltas, el capítulo previsional de la Ley Bases finalmente quedó descartado. Se perdió, así, una oportunidad histórica de implementar una fórmula de ajuste transparente, por inflación o variación salarial, que respete y garantice el valor adquisitivo de las jubilaciones o pensiones iniciales.

Es perfectamente entendible el argumento respecto del peso que hasta ahora representaba para el Estado, que destina alrededor del 11% de su PBI a financiar el conjunto del sistema previsional. Pero es absolutamente inevitable que esa carga se vaya agravando por la menor natalidad y la mayor longevidad. Es indispensable, entonces, atender la transformación del sistema previsional de manera prioritaria, no sólo para garantizar el valor adquisitivo de las jubilaciones sino, en especial, para diseñar un plan de acción estratégico orientado a atender la problemática en un futuro cercano.

En ese sentido, vale destacar el proyecto de reordenamiento del sistema previsional que desarrolló CIPPEC y en la que participamos desde la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro (AVIRA). Se trata de una propuesta de política pública que busca generar un sistema más equitativo, eficiente y sostenible atendiendo la importancia del equilibrio fiscal y la necesidad de buscar maneras de reducir el gasto sin que ello afecte cuestiones esenciales como la cobertura.

También es indispensable que desde el sector asegurador y previsional difundamos las numerosas e innovadoras herramientas disponibles para que las personas accedan a soluciones que les garanticen un retiro digno y contribuyan a su bienestar en una etapa de la vida donde continúan los proyectos y las oportunidades. Para lograrlo, es clave que el seguro sea percibido como un instrumento eficiente y transparente con el sano propósito de acompañar y potenciar la nueva longevidad a través del cuidado del patrimonio y la gestión del bienestar.

Estar a la altura de este escenario complejo y dinámico requiere del trabajo colaborativo entre todos los involucrados con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible del país y de todas sus generaciones.