Desde que asumió el gobierno de Javier Milei comenzó un proceso de ajuste del empleo en la Administración Pública Nacional, claramente sobredimensionado.
Entre diciembre de 2023 y abril último, los datos oficiales muestran que se prescindió de 19.200 empleados, el 34% de los cuales estaban en organismos descentralizados y 20% en empresas públicas, en su mayoría deficitarias -con resultado contable negativo-, dependiente de transferencias de recursos de la Administración Central.
La reducción del plantel viene tras dos décadas de crecimiento sostenido en todos los ámbitos del Estado.
En 2023, el empleo público consolidado -que abarca el Sector Público Nacional (incluye empresas y bancos oficiales), Provincias y Municipios- alcanzaba a 3,7 millones de personas (16,5% del empleo total), con un crecimiento de 2,5% promedio acumulativo anual y de 1,5 millones de ocupados más en las últimas dos décadas.
La mayor parte de la dotación (79%) se encuentra en provincias y municipios que son responsables, no sólo de la administración, sino también de actividades de educación básica y salud. También las provincias han sido las que más empleo han incorporado en los últimos 20 años.
Desagregando por nivel de gobierno, se encuentran algunas diferencias en la evolución: en provincias y municipios, la nómina creció a una tasa similar al promedio; en la Administración Central y organismos descentralizados (sin considerar empresas públicas), lo hizo a un ritmo menor (2,2% anual); y en las empresas públicas, la dotación creció a una tasa del 6,2% acumulativa anual, básicamente por la incorporación de ocupados en empresas reestatizadas.
Es cierto que el tamaño del Estado tiene relación, entre otras cosas, con el tamaño de la población nacional. Sin embargo, aun corrigiendo por crecimiento vegetativo (según la última tasa intercensal equivalente anual), la expansión observada fue desmedida.
En 2003 había 5,9 ocupados en el sector público por cada 100 habitantes, mientras que, en 2023, ese número ascendió a 7,9. Es decir, que el empleo público creció 35% por encima de la tasa de aumento de la población.
Los períodos 2003-2007 y 2007-2015 fueron los más expansivos en todas sus agrupaciones.
Tras el gobierno de Cambiemos -2015-2019-, que logró contener el crecimiento del empleo total -con una reducción en el sector nacional-, la tendencia creciente retomó su camino de los años previos.
El problema del ajuste del empleo público son los principios que limitan la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo tal racionalización general del Estado.
Las provincias son autónomas, los restantes poderes del Estado (Legislativo y Judicial) son independientes y las Universidades Nacionales tienen autonomía y autarquía garantizada en la Constitución, lo que les da la capacidad de administrarse a sí mismas.
Esto hace que, si bien el Sector Público Nacional represente el 21,3% del empleo público, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra solamente 14 por ciento.
El ajuste en el resto del ámbito gubernamental requiere de negociaciones y acuerdos para que la racionalización del empleo, y la consecuente reducción del gasto total, sea significativa, y sostenible.
La autora es Economista de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 665 de FIEL
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