En un fuerte cambio de paradigma, la Usina de Justicia presenció la 54° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos

En una región donde los índices de violencia crecen exponencialmente, Usina de Justicia volvió a estar presente en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Asunción del Paraguay.

Usina de Justicia es la única asociación civil registrada ante esta organización que se dedica a acompañar, asistir y consagrar los derechos de los familiares de las víctimas de homicidio y femicidio en la región. Bajo este reconocimiento y desafío es que se embarcó nuevamente a presentar la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Víctimas de Delitos a través de su representante, Mariana Romano, quien fue acompañada por Cristóbal Maggio, miembro de la Comisión Directiva de la ONG. Recordemos que la primera ya lo había hecho el año pasado en Washington D.C. ante los embajadores argentinos Carlos Raimundi y Jorge Argüello, quienes mostraron gran receptividad.

La propuesta surge a partir de los pavorosos datos estudiados: se calculan un promedio de 150 mil homicidios por año dando un total, en lo que va del siglo XXI, de más de 2,5 millones de personas asesinadas. En América vive el 8 % de la población mundial y cuenta con el 29 % de todos los homicidios, siendo la región más violenta del globo (UNODC, 2023). Asimismo, según el último estudio del BID el costo anual directo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe asciende a US$ 261.000 millones, equivalente al 3,55 % del PBI integral. Esta cantidad duplica el promedio de países desarrollados y equivale al total que la región invierte en infraestructura. En definitiva, el delito es una problemática que punza en el corazón político, moral y económico de nuestras sociedades.

La Convención busca consagrar una base de derechos para toda víctima de delito a fin de igualar su participación en un proceso penal y asegurar mecanismos estatales donde se le repare el mal sufrido. Concretamente: derecho a la participación activa y total en los procesos, a la información de forma gratuita, a ser oída, al lenguaje claro, a sentencias en tiempo razonable y a actos procesales condensados en un sólo día -evitando molestias y procesos dolorosos de revictimización-. Como derechos centrales, este tratado internacional, busca equiparar a la víctima en el proceso penal respecto del victimario, logrando que también cuente con una defensa técnica pública y gratuita, además de recibir una debida reparación económica por el daño sufrido y asistencia por las secuelas psicológicas. Asimismo, se prevén medidas de protección y, por sobre todo, se realza el lema de memoria, verdad y justicia dado que toda víctima merece respeto a su dignidad. Más aún en una sociedad que no encuentra paz y orden por su escasez de sentencias justas y su debida publicidad.

En esta oportunidad, se presentó la propuesta de Convención frente al resto de las organizaciones civiles del continente americano, pero fundamentalmente frente a las autoridades diplomáticas que tienen la potestad de presentar la propuesta para que sea debatida por los Representantes de cada Estado Miembro.

Como primer paso, Usina de Justicia mantuvo una reunión privada con Sonia Cavallo, flamante embajadora argentina ante la OEA, y Sofía Paglia, encargada del Área de Desarrollo de la Misión Argentina ante el mencionado organismo. La embajadora mostró gran interés y preocupación por la problemática de la seguridad en nuestro país y más aún por las alarmantes cifras regionales.

También los representantes Romano y Maggio conversaron con la canciller Diana Mondino quien manifestó su apoyo irrestricto al combate discursivo e ideológico acerca de quién es la verdadera víctima en un proceso penal. Aseveró que esto obedece a una apropiación de ciertos sectores del movimiento woke que han redefinido la palabra “victimización”. Palabra incorporada al diccionario de Oxford hace tan sólo 8 años, Evan Smith, profesor visitante de la Universidad Flinders de Australia y autor de “No Platform: una historia del antifascismo y los límites de la libertad de expresión”, declaró a CNN que en el Reino Unido, woke se utiliza para “describir todo lo que antes podía calificarse de ‘políticamente correcto’” y que el término “se utiliza para describir una amplia gama de ideas [y] movimientos relacionados con la justicia social, como el antirracismo, el feminismo interseccional, los derechos de los transexuales y las historias críticas del imperio británico”. Sin embargo, en ningún momento este movimiento (con fuerte eco en nuestra región) hace referencia a las víctimas del delito que terminan por ser desplazadas del centro –y de las periferias- de las discusiones políticas.

Si bien cada movimiento busca realzar la voz del sector al que dice representar, no parece sana para las democracias republicanas la banalización del lenguaje y la discriminación inversa para aquellas personas que en definitiva jamás decidieron atravesar por un proceso penal.

Usina de Justicia también mantuvo una conversación en la Asamblea de Asunción con el embajador argentino ante Paraguay, Guillermo Nielsen, quien se comprometió a canalizar por la vía correcta de Cancillería la propuesta de Convención. Además, contó con intercambios enriquecedores sobre el estado de situación y la actual agenda de seguridad con el Jefe de Asesores y Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, Gustavo Cinosi y Gastón Schulmeister, respectivamente.

Por último y como cierre estupendo en miras al cambio de paradigma regional, la ONG fue convocada por la Decana de la Universidad Nacional de Asunción, Miryam Peña Candia (ex presidente de la Corte Suprema paraguaya y primera jueza y decana mujer de la historia de ese país), la Directora de Gabinete Lorena Alvarenga y la embajadora y Directora de Asuntos Internacionales de la Universidad, Inés Martínez Valinotti, a fin de acordar la firma de un convenio bilateral para impartir el curso de Victimología de Usina de Justicia que ya fue cursado por más de 1500 empleados, magistrados y funcionarios judiciales de toda la Argentina. Asimismo, se comenzará a difundir, desde dicha universidad, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Víctimas de Delitos en virtud de que Paraguay se encuentra pisando firme en la OEA al haber sido electo para integrar la Corte IDH el primer juez de ese país de la historia, y al haber presentado la propuesta del Canciller Rubén Ramírez como próximo Secretario General en reemplazo de Luis Almagro.

Todas son buenas noticias para las víctimas, pero año tras año nos vemos obligados a ser la organización civil principal de la región en controlar que los altos funcionarios no olviden a quienes componen la herida abierta de América y de exigirles que, de una vez y para siempre, hagan historia honrando su memoria.

*La autora es abogada (UBA), LL.M, diplomada en DDHH, Ciberdelincuencia, Liderazgo Social (Austral, Celib Oliba CEU y OEA), becaria FURP, asesora oficial de la Comisión de Reforma del Código Penal y representante ante la OEA de Usina de Justicia.