Venezuela no deja votar

Sabemos que las elecciones en Venezuela se celebran en un ambiente de presión, persecución y hostigamiento contra dirigentes de oposición y activistas de derechos humanos. Particularmente en el caso de María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias que organizó la Plataforma Unitaria, fue víctima de una inhabilitación política y ha sufrido una constante persecución con el encarcelamiento incluso de integrantes de su equipo de trabajo.

Recientemente, en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, organizado en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el Diputado Fernando Iglesias, María Corina Machado nos contó no sólo el hecho de la proscripción política, sino también su aislamiento, razón por la cual solo pudo hacerse presente de manera virtual y sincrónica. Este contexto describe condiciones que se distancian de un proceso con garantías democráticas mínimas y que lamentablemente incumple con lo establecido en el acuerdo de Barbados, suscrito entre representantes del Gobierno de Venezuela y miembros de la Plataforma Unitaria.

Adicionalmente a esto, en lo que respecta a los venezolanos en el exterior, la limitación de sus derechos políticos ha sido alarmante, en vista de que según la ley orgánica de procesos electorales vigente en Venezuela, el registro electoral (RE) debe ser continuo y permanente y el único requisito para que los venezolanos puedan hacer dicho registro es contar con Cédula de Identidad (vigente o vencida), y en el caso de los que están en el exterior, demostrar residencia en el país a donde desean realizar el cambio.

Aquí dejo textuales de algunos artículos: art. 2: “… Todas las personas pueden inscribirse o actualizar sus datos en cualquier momento, así como solicitar la rectificación de los datos que estuvieren erróneos o afectasen su derecho al sufragio”; art. 124: “Sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Pese a ser clara la ley, el RE en el exterior se mantuvo ilegalmente cerrado desde el 2018, y con la publicación del actual cronograma electoral, se previó abrirlo tan solo un mes, del 18 de marzo hasta el 16 de abril. Sin perjuicio de ello, violando el mismo cronograma que el Consejo Electoral Venezolano publicó, el registro no se abrió en fecha y además informaron que exigirían de forma arbitraria requisitos adicionales que no están previstos en la ley, como por ejemplo que cuenten con un pasaporte vigente o en trámite, cuando son conocidas las limitaciones que han tenido los venezolanos para acceder a estos documentos de identidad, que además tienen un costo superior a los US$ 320.

Esta situación significa que la gran mayoría de los más de 4 millones de venezolanos en el exterior en condiciones de votar quedan impedidos de emitir su sufragio, vulnerando sus derechos humanos y políticos.

Actualmente, en el exterior están registrados para votar unos 107.000 venezolanos, de los cuales 36.000 están en EE.UU., país con el que están rotas las relaciones diplomáticas desde 2019. En Argentina, de los más de 220.000 venezolanos radicados (150.000 potenciales votantes), apenas están registradas para votar en el consulado de Buenos Aires 2.200 personas, ya que a las demás no les toman como válidas sus residencias o su documentación. Esta situación se repite en distintos consulados en el mundo, donde algunos han posibilitado tan sólo 8 días para registrarse.

Urge que todos aquellos que creemos en las instituciones democráticas alcemos nuestra voz en favor de los derechos políticos de los venezolanos. No permitamos que un silencio cómplice de estados y ciudadanos permita a estos dictadores perpetuarse ilegalmente en el poder.