El paro no es el camino, la falta de diálogo tampoco

Como todos sabemos, la CGT convocó a un paro general para el próximo miércoles 24. Nadie niega el derecho a huelga y a la protesta: por el contrario, nos parece absolutamente legítimo y forma parte de las garantías constitucionales. En efecto, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, escrito por el radical Crisólogo Larralde, dice claramente que “queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga…”. Lo que llama profundamente la atención es la premura con que la central obrera ha decidido salir a la calle luego de una larga siesta de 4 años.

Sin dudas, tanto el DNU 70/23 como la Ley Ómnibus implican un sacudón estructural para el país con múltiples implicancias, unas más evidentes que otras. Unas convenientes, otras inconvenientes.

Todo el mundo sabe que la inflación que hoy padecemos no es responsabilidad directa del gobierno actual, que se ha comprometido a eliminarla reduciendo el déficit fiscal y la emisión descontrolada que se ha venido haciendo para financiarlo. El desastre actual viene de arrastre y es la consecuencia natural del desmanejo absoluto de la economía del gobierno anterior y, muy especialmente, del impulso final que el ministro candidato Sergio Massa le imprimió a su propia campaña.

Todos los argentinos, y muy especialmente los trabajadores, los sectores con menores ingresos y la clase media, están siendo afectados negativamente por una devaluación que estaba “cantada” y por el “sinceramiento” de tarifas que también se veía venir.

En este contexto, la CGT decidió abandonar su modorra cómplice y salirle al cruce al nuevo gobierno de un modo que considero inoportuno, apresurado y desmedido.

Es claro que las medidas que impulsa la administración Milei son durísimas, pero el 200% de inflación anual no es su responsabilidad exclusiva. Lo que sí es indudable es que el movimiento obrero organizado reacciona no tanto en resguardo de los trabajadores como en defensa de sus propios intereses corporativos. No quieren que se toquen sus cajas, no quieren ceder privilegios, no están dispuestos a que una nueva ley de reforma laboral brinde mayores márgenes de libertad a los trabajadores en detrimento de sus políticas de eternización en el poder y de inamovilidad de sus “paquetes” de trabajadores. Para ellos, sus afiliados son un medio, no un fin. Que los trabajadores sean prisioneros de las obras sociales de sus gremios es fuente de riqueza mal habida que posibilitan extorsiones y negocios oscuros.

Por eso le hacen un paro general a un gobierno que no ha cumplido ni 50 días en funciones cuando estuvieron calladitos durante todo el período que duró el gobierno que terminó de arruinar a sus trabajadores y al país.

No concuerdo con buena parte del articulado de las normas que Milei impulsa o intenta imponer, pero la oposición destructiva que se brota a conveniencia no ayuda en absoluto ni a los trabajadores ni al país.

Asimismo, sería altamente conveniente a los intereses de todos que el gobierno nacional estuviera más abierto al diálogo, más predispuesto a escuchar y menos encerrado en una ideología que, como un espejo invertido, lo asemeja al kirchnerismo en aquellas cuestiones relacionadas a la búsqueda de la máxima concentración del poder y el consecuente atropello a las instituciones.