El final del ambiente como escollo para los negocios

A lo largo de la campaña electoral, cuando se expresaba el negacionismo del entonces candidato Javier Milei, intenté realizar algunas pequeñas puntualizaciones.

Primero, el negacionismo respecto de la existencia del cambio climático no respondía a un hipotético desafío intelectual sino a una postura ideológica: para el ahora presidente libertario todo aquello que se erija como obstáculo para la concreción de una actividad lucrativa debe ser removido. Si ese obstáculo lo supone la naturaleza, entonces debe ser sacrificada en dicho altar.

Y como segundo punto, cuando el entonces candidato Milei apareció en una conferencia con la provocadora pregunta respecto de “¿qué daño es que alguien contamine un río?”, señalé que no debíamos menospreciar esa postura, ya que expresaba una ideología: la que invoca la “libertad” para externalizar costos empresarios y volcarlos sobre la sociedad.

No se trata de un “loco”, ni siquiera de un “necio”, sino de alguien que pretende revivir los postulados más retrógrados de la relación sociedad-naturaleza. Esos fundamentos sobresalieron en el siglo XX, llamativamente -o no- tanto en el mundo socialista soviético como en el capitalismo occidental y cristiano, y sostenían la idea de que el bienestar de las personas se alcanzaba poniendo a la naturaleza al servicio de la sociedad. Las consecuencias de dicha modalidad extractiva, productiva y de consumo están a la vista y son las que hoy pagamos con el marasmo ambiental y climático que padece el mundo entero.

La primera medida simbólica -o no tanto- de la maniquea posición de Milei respecto de la política ambiental la dio su organigrama: de Ministerio a Subsecretaría hay mucho más de dos escalones jerárquicos.

Luego, en su cuestionadísimo y anticonstitucional DNU y en el posterior proyecto de Ley Ómnibus (seguramente propulsado con combustibles fósiles y no sustentable), Milei expone negro sobre blanco su ideología ambiental: si hay que remover todo escollo para habilitar sin más condicionantes la actividad privada extractiva y productiva, la naturaleza debe ser arrasada en tanto se interprete como uno de esos obstáculos.

Para eso, se introducen (o se pretende imponer de modo autoritario) cuatro cambios determinantes:

-Se deroga la Ley de Tierras por lo que el magnate Joe Lewis, quien se apropió del lago Escondido y desacató diversas condenas judiciales por privatizar de prepo un bien común, pasa de ser un reo a un capitalista que debe ser imitado.

-Se modifica la Ley de quemas, y se invierte insólitamente la carga de la prueba: un productor que elige el fuego como herramienta de labranza pide un permiso para quemar y si en treinta días la burocracia no se lo otorgó puede darse por autorizado y prender fuego sin restricciones. De más está decir que esa acción es desalentada y castigada unánimemente en todo el mundo desde hace veinte años por el avance de los incendios forestales como consecuencia del cambio climático.

-Se modifica la Ley de Bosques en dos aspectos clave: se desfinancia definitivamente la herramienta que tendía a disuadir la tentación de deforestar mediante la compensación para la promoción de otras actividades productivas comunes al bosque nativo, y se permite dar autorizaciones de desmonte en las áreas calificadas como “rojas”, en las que hasta hoy está absolutamente prohibido talar. ¿Qué es lo que se persigue? Legalizar los desmontes furtivos e ilegales existentes, acelerando la desaparición del bosque nativo que no esté dentro de un Parque Nacional (por ahora).

-Se modifica la Ley de Glaciares para consagrar un añejo anhelo de las corporaciones: el área periglaciar puede ser susceptible de actividad minera. El glaciar, extractivamente hablando, “termina” donde concluye el hielo; de ahí en más todo está permitido.

Las cosas, no obstante, no pasan porque sí. Es probable que, más allá de su voluntad y su tozudez ideológica, Milei pueda avanzar de este modo sobre dos leyes emblema (Glaciares y Bosques) porque su aplicación no fue la más exitosa y porque desde hace años está inconcluso el debate respecto de qué lugar ocupan los recursos naturales en el modelo de desarrollo de la Argentina. Hasta me atrevo a pensar que en silencio algunos sectores reconocen haber tenido una postura “ecológica” no por convicción sino por corrección política.

Del mismo modo, habría que reflexionar en cuanto a qué papel ocupa el movimiento ambientalista como factor de poder. Por supuesto hay individuos u ONGs que puntualmente cuestionaron las posiciones negacionistas de Milei. Pero a diferencia de los economistas (que firmaron una carta abierta rechazando la dolarización), de los artistas (que pusieron su firma conjunta para condenar la propuesta de cierre del INCAA, entre otros atropellos a la cultura), o los científicos (que se pronunciaron colectivamente en contra de la desaparición del Conicet), no hubo manifestación sectorial del mundo ambientalista argentino ante la primera oportunidad en la historia en la que un candidato se expresa rotunda y violentamente en contra de toda política ambiental.

Lógicamente, hay que condenar la política de los atropellos, en general y, en este caso, contra la naturaleza en particular. Ya sabemos las consecuencias que provoca la laxitud en esta materia. Y ya sabemos a qué oscuridad nos conducen los atropellos.

(*) El autor es ex viceministro de Ambiente