
La oposición empieza a mostrar sus cartas. Algunas posibles medidas que por ahora se parecen más a un cúmulo de buenas intenciones que a otra cosa, parecen comenzar a delinear el camino que va a transitar la Argentina partir del 10 de Diciembre, fecha ésta por demás cargada de expectativas. Sin embargo aún restan tres meses de un largo recorrido absolutamente impredecible.
Las coincidencias parecen abrir una luz de esperanza de cara a lo que viene. “Dolarización” versus “Bimonetarismo” sean tal vez una de las grietas más clarificadoras de lo que la Argentina está viviendo y de lo que su gente está pidiendo a gritos: el fin de la inflación. Los argentinos han decidido que quieren dejar de sentir que lo que tienen hoy en el bolsillo mañana tal vez no valdrá nada. La pérdida de poder adquisitivo, la caída en los salarios reales, los problemas de empleo y la inseguridad son temas que de algún modo han encolumnado casi de manera obligada a parte de la oposición a mostrar objetivos que por momentos parecen comunes.
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La seguridad jurídica tiene que ser el eje de las transformaciones que se quieran realizar. En este punto también parece haber coincidencias: no se pueden seguir rompiendo contratos en la Argentina. La interminable historia de defaults, confiscaciones de depósitos y la sistemática intromisión de los diferentes gobiernos en la propiedad privada llevaron a la Argentina a gozar de un descrédito por las instituciones pocas veces vivido. Tener instituciones sólidas resulta necesario para generar confianza, inversiones, empleo y futuro. Este puntapié inicial que se requiere para salir de la decadencia institucional también encuentra puntos en común entre los principales opositores.
Uno de los puntos más controvertidos sin dudas es la reducción del gasto público. En esta cuestión trascendental en el recorrido por la baja de impuestos y mejora en la competitividad de la economía no parece estar claro el cómo. Sin embargo también parece haber consenso en que el delirio del nivel del gasto público actual en los tres niveles de gobierno no solo resulta insostenible sino que además la sociedad parece haber dejado de estar dispuesta a financiarlo con su bolsillo. No para todos los candidatos parecen estar claras cuestiones como el destino de las empresas públicas, el Ministerio de las Mujeres o el futuro de los medios públicos.
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Donde se proponga baja de impuestos se debe proponer indefectiblemente la reducción del gasto y su magnitud: lo que parece estar en duda es su lo que viene se traducirá en una profunda reforma del Estado o apenas en un maquillaje que no retome las sendas de lo que en algún momento fue un Estado de tamaño razonable y acorde a un país que necesita salir del estancamiento crónico.
Si quién gobernará los próximos cuatro años será el actual oficialismo no habrá más que simplemente esperar más de lo mismo. En cambio si gobierna la oposición será una oportunidad única –y tal vez última– de hacer las reformas necesarias y de largo plazo que la sociedad está reclamando para terminar con la pobreza de la mano del desarrollo del sector privado, el comercio internacional y la libertad de no tener un gobierno populista que ahogue a impuestos a todos y crea como propio un Estado que es de todos.
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