Un nuevo sistema laboral, una historia repetida

No importa saber si la actual legislación laboral constituye o no un sistema. Lo importante es haber alcanzado el convencimiento que es necesario un replanteo del perfil que debería tener un sistema de relaciones laborales en nuestro país para salir de la crisis actual, que se arrastra desde larga data.

Es obvio que un replanteo de esa naturaleza debe tener como protagonistas a los interlocutores sociales y a los sectores políticos, sin que alguno de ellos se considere el sujeto privilegiado. El gobierno ha anunciado que es preciso modernizar la legislación laboral.

La terminología es correcta, porque sin descalificar lo actual, conduce al resultado deseado que consiste en el reexamen del modelo que puede ser aceptado por nuestra sociedad; apto, además, para su desenvolvimiento. Pero en esta nota podemos utilizar conceptos menos prudentes desde un punto de vista político y formular algunas reflexiones.

Nuestra legislación laboral no ha configurado un sistema. Se trata de una acumulación de normas, sobre distintas materias de orden laboral o vinculadas al trabajo, que han regulado institutos estrechamente ligados e interdependientes, pero sin una guía que haya permitido un todo coherente.

Con una ausencia de método de esa naturaleza, los resultados no pueden ser alentadores. Es impropio, entonces, que estemos hablando de modernización, cuando esa normativa no ha podido ser apropiada en ninguna etapa, por lo menos de un modo satisfactorio y suficiente. En la reforma constitucional de 1957 se modificó el artículo 67, inciso 11 de la Carta Magna, facultándose al Parlamento para dictar un código en esta materia del trabajo y la seguridad social.

La compilación de las normas vinculadas por la materia en un código permite normalmente que los objetivos de coherencia y de integralidad sean cumplidos de manera sistemática y orgánica.

Sin embargo, no es imprescindible un código para llegar a los mismos resultados satisfactorios, siempre que los redactores de las diferentes disposiciones afines no se hayan orientado por inspiraciones divergentes.

Precisamente en nuestro caso se dan regulaciones sobre distintos institutos del trabajo y de la seguridad social que adolecen del vicio de la incoherencia entre sí y con el sistema político más amplio en el que deben necesariamente engarzarse como subsistemas.

Si el modelo que se adopta no es apto y eficiente, se resiente la vida política del país a la par que se hace declinante la economía. En ese ambiente, la empresa (sea privada o del Estado) no puede cumplir sus fines en aras del bien común.

Por esta razón, los empresarios no deben observar el problema como meros espectadores, considerándolo ajeno a su incumbencia. Los dirigentes de empresas deben abocarse a estudiar el tema propuesto por el gobierno en esta emergencia, con absoluta seriedad.

Más aún, deberían asumir la iniciativa en la materia, para que tan alentador giro de los acontecimientos se plasme en resultados concretos.

Todo hace suponer que los demás sectores sociales y políticos, fuera de los dirigentes de empresas, habrán de poner poco empeño en llevar adelante tan importante proyecto. Esto obedece a que los empresarios son la primera línea que percibe la necesidad de eficiencia.

La Conferencia Económica y Social debe ser uno de los terrenos donde el empresariado debe presionar sanamente para que en un nivel de discusión tan elevado no se dé prioridad a temas que invierten el orden lógico, como lamentablemente ha ocurrido hasta ahora.

Toda la capacidad negociadora debe empeñarse en lograr, sin postergaciones, un sistema laboral, por fin, que encaje en un régimen democrático y republicano, inspirado en los sanos principios de libertad y participación que, para mayor facilidad, están al alcance de todos los reiterados documentos de la Organización Internacional del Trabajo, con un consenso prácticamente universal que torna innecesaria una dilatada discusión al respecto.

Esta columna fue publicada en la Revista IDEA en 1986

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