En estas elecciones también se vota qué derechos tienen los trabajadores

Tras la reforma laboral en Chile, que aprobó una reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas dentro de 5 años, se reavivó la discusión de una reforma en nuestro país.

Pero en nuestro caso el permanente pedido de las pymes no transita por el carril de discutir la jornada, por cierto la más extensa de la región con 48 horas semanales. Muy por el contrario, las propuestas no apuntan a reducir la jornada para generar más empleos, sino a reducir las indemnizaciones en los casos de despidos.

Sin embargo, cuando uno analiza las propuestas regresivas de algunos candidatos, que acuñan frases como “la industria del juicio” y apuntan contra los abogados laboralistas como si fueran el origen del problema, resulta que redundan en reducir las indemnizaciones por despido y por accidentes laborales.

Se sostiene desde estos sectores que el elevado valor de las indemnizaciones retrae a los empresarios de contratar personal, y poco se habla de la pesada carga tributaria que deben soportar los emprendedores, sólo aliviada por algunos municipios que ofrecen incentivos para quienes se instalen en su territorio. Fuera de estos magros casos, en general se trata de cortar el hilo por lo más delgado (el trabajador y su abogado) en vez de buscar opciones y herramientas que permitan a los emprendedores lograr alguna mínima ganancia antes de cargar con todo el peso impositivo, lo cual incentiva la proliferación de la economía informal, lo que usualmente decimos “en negro”.

Es importante comprender que el alto grado de litigiosidad del que hablan varios candidatos y varios sectores político-empresariales son fruto de la “industria del incumplimiento” de las normas laborales y constitucionales que protegen y consagran el derecho del trabajo y la dignidad del trabajador, incumplimiento generado tanto por parte de las empresas como por parte de las ART.

Es por ello que creo que no hay industria del juicio sino una industria del incumplimiento.

No cumple el Estado en controlar las el empleo registrado, ni a las ART.

No cuplen las ART en controlar que las empresas cumplan con las normas de seguridad e higiene.

No cumplen las empresas con las normas de seguridad e higiene, ni tampoco con la ley laboral.

Y todos ellos pretenden que cargue con la culpa de un accidente laboral o el despido el trabajador, que muchas veces queda incapacitado para toda su vida, y el abogado que dignamente realiza la labor para la que se ha preparado y continúa capacitándose día tras día.

Cuando un trabajador se encuentra correctamente registrado, la eventual indemnización por despido no genera ningún gran costo, lo que sucede es que la práctica empresarial argentina es contratar “en negro” o con registraciones deficientes (categorías más bajas que las reales, medias jornadas, etc.). El anhelo por maximizar las ganancias debe tener un límite en el cumplimiento de la ley, cosa poco habitual lamentablemente.

Una reducción de la jornada es un buen comienzo, pero esa sola modificación no va a generar más y mejor trabajo, tendrá que estar acompañada por incentivos para los nuevos empleos, tal vez un blanqueo de trabajadores, y sobre todas las cosas, un alivio tributario y la simplificación de los engorrosos trámites que deben afrontar quienes quieren apostar por el país y brindar trabajo. La solución debe ir de la mano de una economía formal y trabajadores debidamente registrados, que además, contribuirán con sus aportes al régimen de la seguridad social.