
La publicación del índice de precios de abril arrojó un 8,4% y se espera un índice cercano a los dos dígitos para mayo. Esto generó un clima de fuerte nerviosismo entre los miembros del equipo económico por lo que han implementado una serie de medidas para frenar la inflación. Los remedios propuestos demuestran ignorancia o una restricción ideológica llamativa.
La medida a la que se le dio mayor envergadura fue el anuncio de que se utilizará el Mercado Central para importar alimentos y otros productos esenciales con arancel cero. Es muy loable cualquier medida que apunte a abrir la economía, pero ¿por qué lo debería hacer el Estado? ¿Por qué el Estado debería tener una ventaja arancelaria versus los privados? ¿Cómo se entiende esto frente a la falta de dólares que plantea el Gobierno? ¿Con qué divisas se pagarían esas importaciones? ¿Por qué no importar indumentaria que aumentó más que los alimentos? Muchísimas inconsistencias para una medida que no sirve ni como parche circunstancial. Si hicieran memoria, recordarían la experiencia en este sentido de los pollos de Ricardo Mazzorin que terminaron en la basura.
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Una segunda resolución fue bajar la tasa de interés del Plan Ahora 12. No hace falta saber mucho de economía para entender que una baja de la tasa de los créditos aumentará la demanda y, por lo tanto, se incrementarán los precios. Gol en contra.
También, y por enésima vez, se anunció que se incrementarán los controles de precios. Vale recordar que los precios se están intentando controlar desde principios de este gobierno (por no hablar de experiencias de hace 4000 años) por diferentes métodos: precios cuidados, precios justos, inspectores municipales o de la Secretaría de Comercio, acompañados o no por el sindicato de camioneros, etc. Esta medida hace recordar la frase que se atribuye a Albert Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.
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Por otro lado, se creará la Unidad de Análisis, Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio, que tendría por objetivo monitorear las operaciones de compra y venta de bienes y servicios. Independientemente de la afición de los populismos por crear unidades administrativas con nombres rimbombantes, esta dependencia generará más gastos que tendrá que pagar el contribuyente y trabas para los productores con posibles espacios para la corrupción. Su resultado será el mismo de siempre, negativo para la población o, en el mejor de los casos, nulo.
Por último, dos medidas ortodoxas. Una fue la de aumentar la tasa de plazos fijos al 97% (TEA 154%) anual para evitar la fuga de los pesos hacia el dólar. Insuficiente e inútil en este caso. Insuficiente porque una inflación mensual del 8,4%, como fue la de abril, equivale a una inflación anual del 163%. E inútil porque no hay tasa que pueda cubrir un riesgo de devaluación inminente. Solamente seguirán quedando en pesos los montos necesarios para cubrir obligaciones en pesos de corto plazo. El resto se destinará a dólares u otros bienes que son un mejor seguro contra la inflación o una devaluación.
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La segunda medida ortodoxa fue bajar el ritmo diario de devaluación del peso, que ya está sobrevaluado. Seguramente ayude a bajar la inflación levemente en el corto plazo, sólo para aumentar el tamaño de la explosión más adelante.
Hace poco, en otra nota, nos referimos a que el Gobierno estaba intentando aliviar una enfermedad con curitas. Parece que se le acabaron las ideas, porque estas medidas ni siquiera llegan a ese nivel. Si el Gobierno sigue con este grado de impericia va a ser difícil llegar a diciembre sin un descalabro de la economía.
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