
El gobernador reelecto de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, llamó a “discutir el rol de los medios de comunicación en el sistema democrático”. Notable atrevimiento el del caudillo provincial que distribuye prebendas y empleos públicos a cambio de sufragios, cuando el rol de los medios está perfectamente determinado en la Constitución Nacional.
Informar, investigar al poder, opinar, todo ello con la más absoluta libertad. Ese es el papel que corresponde a la prensa, protegido por la Constitución Nacional de 1853, la cual tuvo varias modificaciones, la última en 1994 y ninguna de las Asambleas Constituyentes puso tal cosa en debate.
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Estos caudillos antidemocráticos suelen creer, cuando ganan un par de elecciones locales, que su poder es infinito y que en realidad reinan sobre determinado territorio. Confunden constantemente lo público y lo privado y se autoperciben con legitimidad como para poner en debate los cimientos mismos de la república democrática.
Quintela podría informarse un poco mejor, si le interesase. Para discutir el rol de los medios, no basta con repartir dinero y ganar una elección local, es necesario convocar a una Asamblea Constituyente, para lo cual necesitaría el voto de los dos tercios de los miembros de ambas Cámaras del Congreso, algo bastante lejos de su alcance.
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El afán de los dictadorzuelos de ocasión de controlar el libre ejercicio del periodismo es sintomático. Cuanto menos democrático es el sistema, cuantas más reelecciones tienen los caudillos, más baja es la calidad institucional y más desesperada la necesidad de controlar a los medios, dado que ellos aparecen, a la sazón, como el único contralor de las actividades de un gobierno absolutista.
Quintela ya había mencionado su idea de que, al recibir fondos de publicidad oficial, los medios deberían ser condescendientes con los gobernantes que solventan dicha publicidad. Su postura, no solamente es antidemocrática, sino también ridícula: con tal criterio los medios tendrían que ser siempre oficialistas, del oficialismo que sea que este en el poder.
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Desde la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) que preside Silvana Giúdici, hemos registrado decenas de hechos relacionados con presiones a los medios de comunicación y a periodistas, originados en esas provincias donde la calidad democrática se encuentra afectada por las reelecciones indefinidas o en las que, determinadas familias controlan el poder durante más de una década.
Puntualmente, en el informe anual 2022 sobre “Limitaciones al Ejercicio de la Libertad de Expresión”, LED registro al menos tres eventos en que Quintela propuso cercenar la libertad de prensa. En ese lapso, el gobernador de La Rioja indicó que los medios asentados en la Ciudad de Buenos Aires difunden “información podrida”, que no se puede “verificar”, y llamó a buscar la capacidad para “bloquearlos” en las provincias del norte.
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Tiempo después agregó que “hay periodistas que inventan, que mienten y son los que generan esta situación de desaliento en una sociedad. Tenemos que, a veces, poner determinados límites”, para agregar además que “hay una amplificación de los problemas, la tergiversación del contenido de los problemas, que plantean algunos intereses muy concretos”. Tales dichos se resaltan solo a modo de ejemplo, la Fundación menciona varios hechos adicionales de similares características.
Es simple: la provincia es del gobernador y sus aldáteres; él es dueño de las personas y los bienes y no le resulta concebible solventar publicidad oficial y que los receptores de la misma no funcionen como esclavos susceptibles de ser adquiridos. La lógica perversa de los señores feudales consiste en que, así como los votos, los medios son “comprables”.
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Garantizar el máximo grado de libertad de prensa es un deber ineludible de toda la sociedad, y no puede permitirse la sola insinuación de que se trata de una temática, que pueda ponerse en debate. Sin prensa libre no hay democracia.
* El autor es miembro de la Fundación LED
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