
El discurso del presidente Alberto Fernández en el inicio del período ordinario de sesiones del Congreso no nos defraudó. Es lo que esperábamos: una colección de mentiras y de fantasías, que, de ser ciertas, harían de nuestro país la primera potencia mundial. Habría que pensar que los cientos de miles de jóvenes que emigran están totalmente confundidos, no ven la realidad o son masoquistas.
Vuelve a mostrarse como víctima de la pandemia y la guerra de Ucrania. Dice que hubo un cerco informativo que oculta las políticas del gobierno debido a la concentración de medios. Nuevamente atribuye al odio las críticas a su administración.
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Miente sobre las vacunas, diciendo que fue por el mundo a buscarlas, cuando sabemos que fue por razones nunca aclaradas, que demoró irresponsablemente el ingreso de las vacunas Pfizer y que privilegió a sus amigos en la vacunación, mientras muchos argentinos morían por no estar inmunizados.
Miente sobre un supuesto golpe de Estado en Bolivia a Evo Morales. Y calla sobre el verdadero golpe de Pedro Castillo en Perú, al que su gobierno apañó, a la par que se alineaba con todas las autocracias de América Latina.
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Confunde investigación penal con persecución a políticos “populares”. Hace chicanas baratas sobre la Justicia. Vive en un mundo de ficción: dice que dejó sentados los fundamentos de un gran país. Insiste sobre una campaña de desánimo.
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Dedica varios minutos a las Islas Malvinas, sin tener nada que informar. Solo intenta pulsar una cuerda emotiva, típico recurso de los populismos.
Habla como un observador, que no tuviera nada que ver con el desastre económico y social del país. Fabula un crecimiento que no es más que el rebote luego de haber sido uno de los países de mayor descenso en su actividad económica por la absurda y prolongada cuarentena. Menciona ejemplos aislados de empresas a las que les fue bien, ignorando que la Argentina está estancada hace varios años.
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Arroja cifras que no son más que juegos estadísticos que nada tienen que ver con la realidad. De la inflación lo único que tiene que decir es que es un problema estructural, es decir, algo ajeno a su gestión. Y que no se puede bajar abruptamente para no poner en peligro el crecimiento, idea anacrónica mil veces desmentida por la realidad, ya que la inflación es un freno al desarrollo productivo. Fantasea con que está cuidando las reservas, que cada vez son más bajas.
Alega que hay una campaña contra las empresas públicas. No, hay un rechazo al despilfarro estatal para que los recursos se usen en las funciones esenciales del Estado. Defender, por ejemplo, el desastre de Aerolíneas Argentinas es un disparate.
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Vuelve sobre un discurso estatista, adjudicando a quienes promueven una mayor economía de mercado intenciones espurias y búsquedas ilegítimas de negocios particulares. Lo dice el mismo funcionario de Carlos Menem que alababa las privatizaciones.
Repite esa frase que se atribuye a Evita sobre que de cada necesidad nace un derecho, suponiendo que esa mera enunciación demagógica puede superar el problema de la restricción de recursos y la necesidad de priorizarlos. Es lo opuesto a lo que hace su gobierno, que al malgastar recursos les asigna menos a los más necesitados.
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La exposición del presidente fue una monocorde reiteración de cifras falsas, que no despertó ni siquiera el entusiasmo de los legisladores oficialistas, que se limitaban a aplaudir tibiamente en forma periódica, cuando Fernández elevaba un poco el tono de la voz, sin prestar la menor atención al contenido de sus palabras. El show de la exhibición de personas que por diversas razones habían tenido algún logro pretendía simular que esas historias particulares eran la regla y no las excepciones de una nación en una profunda decadencia.
Sobre el final, quiso calentar el ambiente con falsos postulados de federalismo para justificar su manoteo inconstitucional de recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Invocó, entonces, la vetusta doctrina de las cuestiones políticas no justiciables para pretender que sus actos ilegales no puedan ser controlados.
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También, al cargar sobre la independencia del Poder Judicial, reclamando una “independencia” que en verdad quiere ser una subordinación. Y llama “intromisión” de la Corte Suprema al control de constitucionalidad. Y es de una bajeza enorme hacer señas en dirección al presidente y al vicepresidente del alto tribunal, que no pueden contestarle. Al embestir contra la Justicia, Fernández se inscribe en una larga tradición del peronismo. Y concluye con un impropio alegato contra la condena a Cristina Kirchner, interfiriendo una vez más con la libertad de actuación de los jueces.
En el país imaginario de Alberto Fernández, que debería ser la admiración del mundo, es extraño que su propia fuerza política le dé la espalda y que la vicepresidente, a su lado, ostensiblemente se niegue a recibir de él ni un vaso de agua. Todo el discurso de apertura de sesiones fue una ofensa a los argentinos. Nos queda un consuelo y una esperanza: es el último.
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