Lucio se merece una ley pero cuál

La medida de humanidad de cualquier sociedad no viene de cómo trata a sus miembros más prominentes, sino a los más frágiles, a los que no tienen voz, a los que no votan, a los que están en el ocaso o el amanecer de la vida, o en sus sombras.

El pequeño Lucio es la cara visible de un drama mucho más silencioso de lo que creemos. De Lucio supimos, porque murió violentamente. Hay niños y niñas que viven el suplicio del maltrato y del abuso físico y emocional a diario, pero que no hacen la página de los diarios o los tribunales. Sin acceso a justicia, con la vergüenza de esconder marcas psicológicas y físicas, con la sensación, a veces, de sentirse culpables y merecedores del castigo que reciben, que es la condición psicológica para no perder a un progenitor o cuidador que necesitan para su supervivencia.

Argentina, a diferencia de tantas legislaciones en el derecho comparado, no tiene una ley de protección integral contra el maltrato, el abuso y la violencia infantil. Necesitamos caer en la cuenta de nuestro sesgo adultocéntrico en el abordaje de la violencia. Hay leyes de protección de violencia familiar o de violencia contra mujeres, pero para nuestros niños, nada. Como decía el italiano Alessandro Baratta, las leyes para los niños, las hacen los adultos.

Los datos comparados que provee UNICEF muestran que 2 de cada 3 niños, según el país de que se trate, reciben formas de corrección que expresan maltrato y no respetan la dignidad del niño. Los niños (varones) tienen 7 veces más posibilidades de morir luego de un acto de violencia. Las niñas tienen más posibilidades que los varones de sufrir abuso sexual. La trata y compra y venta de niños afecta a ambos por igual y en Argentina, todavía no existe el delito de compra y venta de niños, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina en el caso “Fornerón” en 2012 a que lo creara. Los niños no son sólo abusados por sus padres. La falta de una familia o una familia bien integrada es un factor de riesgo exponencial para el maltrato y el abuso infantil, como sabemos bien de los niños de la calle.

De la Cámara de Diputados emergió un proyecto de Ley Lucio. Celebramos la iniciativa porque demuestra sensibilidad social. Pero ¿En qué hubiera cambiado el destino de Lucio si se hubiera sancionado la ley que hoy se va a discutir apuradamente en sesiones extraordinarias? ¿Qué propone la ley?

La ley propone una capacitación y una campaña en los medios. Ambas propuestas son bienvenidas. La capacitación se sumará a las de otras leyes con nombres de víctimas: Ley Brisa, Ley Yolanda y Ley Micaela. Se proponen contenidos mínimos de la capacitación y un plan y protocolos de implementación, presupuesto, así como la adhesión de las provincias.

El riesgo de ritualizar y hacer depender leyes de tragedias y no de discusiones profundas sobre males endémicos de la vida social es que esas leyes no presten el servicio que las víctimas se merecen. Lo vimos con la capacitación de la Ley Micaela: los feminicidios sólo aumentan. Hacen falta reformas estructurales para que los cambios sean operativos; las respuestas coyunturales son loables, pero no siempre generan los cambios que necesitamos.

¿Qué hace falta para un abordaje integral? Algunas ideas que nos enseñan estudios de UNICEF sobre intervenciones exitosas y el derecho comparado indican ampliar y hacer concreto el número de obligados a denunciar, haciéndolo pesar no sólo sobre la institución o la pertenencia institucional, sino sobre las personas que tengan relación de confianza con el niño. Garantizar el anonimato es algo a discutir, pero puede ser valioso en algunos casos. Otras alternativas son los protocolos de intervención interdisciplinarios elaborados por un grupo de expertos investigadores de universidades públicas y privadas, escuchando y haciendo participar a quienes intervienen en infancia día tras día en el sector público y en las instituciones del sector privado. Plantearse la incidencia del consumo de sustancias en la crianza de los niños es otra cuestión con la que hace falta enfrentarse sin privilegios adultos. Muchos países tienen legislación específica al respecto. Hay bebés de meses que llegan al hospital con trazas de estupefacientes en la muestra de laboratorio.

Hacen falta definiciones en las leyes, para que las autoridades tengan mejores vías de intervención. Los niños testigos de violencia son víctimas directas de violencia: si son expuestos a violencia deben ser protegidos, no cabe privilegiar nunca a un adulto por sobre un niño en esto.

Finalmente, la intervención y cuidado contra la violencia infantil debe abarcar la violencia institucional. Muchas veces (lo sabemos demasiado bien) es la intervención nociva del Estado la que daña a un niño. El Estado es garante de los derechos de los niños para su pleno y armonioso desarrollo y tiene frente a ellos un deber de diligencia reforzado. Por lo tanto, cuando el Estado maltrata o abusa emocionalmente de un niño (como cuando lo somete a procesos interminables para su adopción o a revinculaciones tortuosas o lo priva de su familia sin razón suficiente), entonces, el Estado es responsable de violencia institucional. Para ser comprometidos, es necesario reconocerlo. Lo reconocemos para las mujeres, ¿por qué no para los niños?

El derecho a la ciudadanía de los niños va a empezar, cuando les reconozcamos los mismos derechos que los demás actores sociales. ¿Y si empezamos ahora? ¿Si le ofrecemos a Lucio una ley que trate de estar a la altura de todo el sufrimiento que no pudimos evitarle?

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